A finales de marzo pasado, la periodista Camila Acosta acudió al quinto interrogatorio con agentes de seguridad del Estado cubano en solo cuatro meses: todo un récord para una joven reportera de apenas 27 años y graduada hace cuatro de la universidad.
El encargado de esta indagatoria fue un agente que se identifica como el “mayor Alejandro”: un hombre de tez blanca, unos 40 años y que es reconocido por hostigar a las mujeres periodistas o activistas de La Habana.
“Con los hombres se comporta distinto, no los confronta ni los intimida”, dijo Acosta quien escribe para Cubanet, medio digital independiente.
Unas semanas atrás, “Alejandro” le había quitado el celular sin orden de decomiso y le advirtió que se volverían a ver. Por eso, la reportera no se sorprendió al verlo entrar al cuarto de interrogación junto con otros tres funcionarios del Ministerio de Comunicaciones.
Uno de ellos, que se presentó como un inspector de ese Ministerio de nombre “Rolando”, le puso sobre el escritorio una carpeta con varias impresiones de publicaciones recientes de la periodista en Facebook.
Entre las hojas estaban las citaciones policiales a los interrogatorios que ella había denunciado en su perfil como violación a sus derechos, una captura de pantalla de una historia en Cubanet sobre la represión policial en Centro Habana, uno de los municipios de la capital, y un meme que definía a Fidel Castro como “el virus que arrasó con Cuba: el Castrovirus”.
La periodista dice que ‘Alejandro’ le argumentó que no tenía derecho a compartir esas publicaciones porque no era periodista estatal y que la podían procesar por “usurpación de funciones”.
El periodismo independiente en Cuba es ilegal y la Constitución solo reconoce la propiedad estatal sobre los medios de prensa supeditada al Partido Comunista.
Los medios independientes, como en el que trabaja Camila, son ilegales y la mayoría de sus páginas web están bloqueadas en Cuba.
“Yo intentaba debatir con él, le daba argumentos y él se quedaba sin respuestas”, dijo Acosta en referencia al interrogatorio. “Él cambiaba el eje de la conversación hacia las amenazas”.
El interrogatorio culminó con una multa de 3,000 pesos cubanos (120 dólares) y el decomiso, ahora oficial, de su teléfono celular.
“Estoy consciente de que me pueden quitar mi teléfono y multar de nuevo porque el propio agente me amenazó con eso cada vez que saliera a la calle a trabajar”, dijo la periodista, que se quedó un tanto preocupada por una amenaza seria que ‘Alejandro’ le anunció pero, aún así, se negó a pagar la multa.
“Ellos pueden dejarme incomunicada infinidad de veces y sin poder reportar hasta que encuentre una manera de reponer mis equipos”, agregó. “Es un riesgo con el que tienes que aprender a vivir si eres periodista independiente”.
Las medidas fueron justificadas en la aplicación del Decreto-Ley 370 de 2019, que permite a las autoridades sancionar a los usuarios de redes sociales por las opiniones que expresen.
Una exhaustiva revisión de denuncias en la prensa independiente y redes sociales realizada para este reportaje concluyó que a la fecha al menos 28 cubanos, en su mayoría periodistas y activistas, denunciaron haber sido sancionados por el contenido de sus publicaciones en Facebook (ver visualización de datos). Las multas ascendieron a 30 porque dos ciudadanos fueron sancionados con par de penalizaciones.
Fuera de la escasez de alimentos y productos de aseo personal agravada por recientes medidas estatales que buscaban evitar el acaparamiento, el gobierno cubano ha usado este decreto para disuadir a periodistas independientes y activistas de utilizar las redes sociales para denunciar la situación que atraviesa el país.
En las citaciones, las autoridades provinciales dicen que producto de la pandemia se vive “un estado excepcional” en el país y que por tanto se tomarán medidas más drásticas en contra de quienes no obedezcan la nueva norma.
“GUERRA AL CORONAVIRUS”
Al igual que Acosta, el periodista ciudadano Niober García Fournier salió del interrogatorio con una advertencia de los agentes de la Seguridad del Estado el pasado 20 de mayo.
“Me dijeron que terminaría preso si seguía publicando este tipo de materiales porque, con el coronavirus, estábamos en guerra y arreciarían el control”, dijo García, a quien le entregaron una carta que amenazaba con acusarlo de los delitos de propaganda enemiga y denuncias falsas y una segunda multa bajo el decreto 370.
El interrogatorio tuvo lugar en la estación policial de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, a 900 kilómetros de La Habana. Un agente que se presentó como “Víctor Víctor” le mostró a Niober la pantalla de una tableta donde le reprodujo dos videos del periodista que realizó para el proyecto audiovisual de denuncia Palenque Visión.
El primer video cuenta las inadecuadas condiciones de la prisión de Guantánamo para enfrentar el coronavirus y el otro señala la deficiente ayuda del gobierno a la población y la falta de alimentos durante la emergencia.
El decreto 370 enfatiza que Cuba es una sociedad informatizada y que la regulación es un “medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo y un instrumento para la defensa política de la Revolución”.
También establece un amplio control sobre el internet. Las regulaciones abarcan desde la prohibición de hospedar sitios web en servidores ubicados en el extranjero hasta limitaciones de lo que los usuarios pueden publicar en sus redes personales.
Lo último lo regula el artículo 68 que crea contravenciones (o delitos menores) que pueden convertirse en antecedente penal si los sancionados rehúsan o no pueden pagar la multa.
Específicamente se establece como contravención “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Así, si alguien publica en su página de Facebook que las élites políticas de Cuba no padecen las carencias y falta de comida que sufren la mayor parte de la población cubana, como ocurrió con el activista político Diosbani Zalazar Rodríguez a inicios de abril, es susceptible de multa y sanción.
Si se denuncian abusos policiales en medio de la pandemia, como lo hizo Enrique Díaz, un periodista independiente, también es objeto de multa. De hecho, las autoridades le dijeron que no admitirían en el futuro publicaciones semejantes y menos durante la crisis sanitaria.
Gaspar Pisanu, asociado de políticas públicas de la organización Access Now que ayuda en temas de seguridad digital a periodistas y activistas, dice que el Decreto 370 viola el principio de legalidad que exige definir la conducta o contenido considerado ilícito específicamente.
“Las definiciones legales ambiguas presentes en el decreto sumados a los antecedentes represivos del gobierno cubano están provocando una interferencia innecesaria y desproporcionada con el derecho a la libertad de expresión en línea”, dice Pisanu. “El espíritu de esta norma es controlar todo el entorno virtual”.
El artículo 68 del decreto establece la multa de 3,000 pesos por incumplirlo que es cuatro veces el salario promedio mensual en la isla. El artículo 71 autoriza el decomiso de los equipos y medios utilizados para conectarse a internet que, en la práctica, puede impedir a un periodista continuar haciendo su trabajo, como le sucedió a la reportera Acosta.
UNA AMENAZA QUE SE CUMPLE
En el último interrogatorio, el plan de Camila era hablar lo menos posible, no permitir que la perturbaran, mantenerse inmutable y no dar señales de preocupación.
Según la periodista, ‘Alejandro’ la amenazó diciéndole: “Cuando salgas de aquí voy a llamar a mis colegas de la Isla de la Juventud para que visiten a tu familia. Sabemos que tus abuelos están delicados de salud. Lo que le pase ellos, de ahora en adelante, será tu culpa”.
Desde que se graduó como periodista en 2016 y decidió trabajar como reportera independiente, Acosta ha soportado que la amenacen con llevarla a la cárcel, al calabozo o con trabajo correccional limpiando calles. Sin embargo, cuando le mencionan a su familia se quiebra.
“Puedo aguantar que tomen conmigo las medidas que crean”, dijo. “Sé que no cometo delitos. Solo informo, pero con el riesgo de hacerlo desde una dictadura. Es estremecedor si se meten con tu familia e intentan ponerla en tu contra”.
A finales de abril ‘Alejandro’ cumplió su amenaza. La abuela de Camila, una mujer de 75 años que padece de patologías nerviosas, recibió una llamada de la Seguridad del Estado para hablar sobre “la actividad contrarrevolucionaria” de su nieta.
“La crisis genera pánico y más si a la crisis epidemiológica se suma la crisis económica”, dijo la reportera. “Están acorralados, temen a un estallido social y la respuesta es lo mismo que vienen aplicando hace más de 60 años: el escarmiento, el aumento de la represión, infundir el miedo, incluso llegar a las personas vulnerables de tu familia”.
LA MURALLA CUBANA
Según el recuento de casos realizado para este reportaje, más del 85 por ciento de las multas amparadas por la nueva disposición se han impuesto durante la pandemia y la totalidad de ellas se emitieron este año.
El decreto entró en vigor el 4 de julio de 2019. Sin embargo, ya había sido firmado por el presidente cubano en diciembre de 2018, justo 11 días después que se permitiera el acceso a internet a través de datos móviles.
Antes de los datos móviles, la mayoría de la población solo se podía conectar desde sus teléfonos en zonas con wifi localizadas en parques. Los datos móviles solo estaban disponibles para periodistas estatales, dirigentes políticos y altos funcionarios.
Según el gobierno cubano, en la isla hay 7.1 millones de ciudadanos con acceso a internet, lo que representa un 63 por ciento de la población. Unos 3.4 millones tienen datos móviles y más de seis millones poseen líneas de telefonía celular activas.
A juicio de la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, el Decreto 370 parece confeccionado a la medida para controlar este nuevo escenario. Su entrada en vigor incluso, siete meses después de haber sido firmada, no fue fortuita.
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“Las autoridades ya tenían la experiencia del Decreto 349 que penalizaba el arte independiente”, dijo Diversent. “Con la movilización (de los cubanos) en espacios públicos y sobre todo en las redes en su contra (del gobierno) se paralizó la aplicación” de ese decreto, dijo Diversent.
En el caso del decreto 370 el gobierno hizo lo contrario: no fue publicado hasta que no entró en vigor con las disposiciones complementarias. “Este decreto vino a garantizar lo que llaman ciberseguridad, o lo que realmente significa: controlar el ciberespacio nacional”, agregó la abogada.
Las reacciones desde el activismo cubano a la aplicación del Decreto han sido varias. El 15 de junio, por ejemplo, más de 60 medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales de derechos humanos apoyaron la petición para declarar inconstitucional la norma porque viola los artículos “8, 40, 41, 47, 54 y 228 de la Constitución de la República de Cuba y son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional y que protegen expresamente la libertad de expresión”.
Una semana antes, la petición fue presentada ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y a Miguel Díaz-Canel por varios activistas.
Hasta ahora las 30 multas y la treintena de amenazas de sanción registradas en contra de periodistas y activistas son consecuencia de la aplicación de un solo inciso del decreto. El gobierno cubano aún no ha utilizado a plenitud todas las opciones de control que le otorga el decreto 370.
La norma abarca, además, la supervisión de los contenidos en línea, el control de la infraestructura y la localización de datos e investigaciones de seguridad informática.
Hasta el momento, Cuba ha abordado el control de internet con sus propios recursos, y que son menores al de otros gobiernos totalitarios. China, por ejemplo, ha construido el llamado Gran Cortafuegos, una muralla capaz de filtrar los resultados que arrojan buscadores como Google. También ha bloqueado las redes sociales más conocidas internacionalmente como Facebook, Instagram y Twitter y solo permite, en su lugar, el uso de aplicaciones similares creadas y controladas por ellos mismos.
En Cuba, aunque muchos medios independientes y algunas páginas se encuentran bloqueadas, Facebook y WhatsApp se han convertido en inmensamente populares. Con la aplicación del Decreto 370, el gobierno cubano ha mostrado su preocupación y que desea introducir leyes que le permitan castigar a los usuarios de las redes, según Pisnau, el abogado que colabora con Access Now.
De aplicarse en su totalidad la nueva norma se pondría en peligro la existencia de muchos sitios web alojados en servidores foráneos, entre otros, dijo Pisnau.
El inciso f del artículo 68 especifica que no se puede hospedar un sitio web en servidores ubicados en un país extranjero a menos de que sea como espejo o réplica del sitio principal que le permite estar alojado en servidores locales.
“Todas las páginas web de medios de prensa u organizaciones de la sociedad civil no están en servidores cubanos”, dijo el experto. “Y en el caso de que el gobierno quisiera otorgarles el permiso, tendrían acceso a la concentración de los datos, lo cual implica un riesgo para la seguridad y privacidad de estos”.
