La noticia de que Estados Unidos compró el abastecimiento global de remdesivir, el fármaco que puede tratar la COVID-19, ha sido, con razón, criticada y calificada de “nacionalismo de tratamiento”.
Pero Estados Unidos no es el único país que está acatando de forma egoísta.
Reino Unido recientemente prohibió la exportación de dexametasona, el único medicamento que se ha comprobado puede reducir la mortalidad de personas severamente enfermas de COVID-19.
El nacionalismo de tratamientos no es un fenómeno nuevo.
Durante la gripe porcina de 2009, los países ricos dominaron la adquisición de la vacuna contra esa enfermedad.
Los países en desarrollo sólo tuvieron acceso a la vacuna mucho tiempo después en la pandemia (cuando la vacuna ya habría sido menos efectiva) y en dosis mucho más pequeñas.
Esto refleja una mala salud pública y un mal multilateralismo.
Es moralmente incorrecto pensar que alguien tiene un mayor derecho a una vacuna porque vive en un país rico.
¿Puede prevenirse?
Hay una variedad de medidas que los gobiernos pueden tomar para dominar el abastecimiento de un fármaco o una vacuna durante una pandemia.
Esto es lo que ocurrió en el caso del remdesivir y Estados Unidos.
Debido a los derechos de propiedad intelectual, remdesivir sólo puede ser producido por Gilead, una farmacéutica estadounidense.
Y Estados Unidos tiene un contrato con Gilead para comprar casi todo su abastecimiento.
Hasta aquí, todo tiene que ver con el libre mercado. Sin embargo, existen opciones para poder superar estos obstáculos. Las patentes pueden, y deben, ser evadidas durante una pandemia.
Existen herramientas como la licencia obligatoria, la cual puede otorgar un permiso a fabricantes de fármacos genéricos para producir el medicamento patentado.
Si los fabricantes de genéricos tienen acceso a los ingredientes que contiene el remdesivir, pueden fácilmente producir el medicamento y autorizar una versión genérica de éste.
Lo pueden hacer por un precio mucho menor a los 2,340 dólares que Gilead cobra por cada paciente.
Pero hay otras opciones legales en el área del “nacionalismo de tratamiento”.
Reino Unido ha incluido la dexametasona en su lista de productos prohibidos para su exportación.
Esto significa que un mayorista de medicamentos que intente exportar este fármaco a otros países puede perder su licencia.
Otras opciones pueden incluir la indemnización de un gobierno a los productores de fármacos o vacunas por no cumplir sus obligaciones contractuales, de manera que incluso si el fabricante hace un acuerdo para abastecer fármacos o vacunas a otros países, el gobierno puede evitar que éste sea demandado por incumplimiento de contrato si no cumple con el acuerdo.
Una medida más extrema sería la adquisición obligatoria de fármacos o vacunas que están listas para ser exportadas a otro país.
En Reino Unido, el Acta de Contingencias Civiles de 2004 es una ley que estipula que “un alto funcionario de la Corona” puede establecer regulaciones de emergencia, incluida la confiscación de propiedad privada con o sin compensación.
Aunque no hemos visto que esto ocurra en una pandemia, hay una historia establecida de bienes y terrenos privados que han sido incautados en una emergencia, incluyendo a Reino Unido.
Esto no ha ocurrido aún, pero podría suceder.
Vacunas
Regresando al tema de las vacunas, anteriormente expliqué que la licencia obligatoria permite a los fabricantes de fármacos genéricos producir un medicamento patentado para asegurar el acceso a éste.
Esto no ocurre con las vacunas.
El mercado de vacunas está dominado por unos cuantos fabricantes que operan en unos pocos países. Aquí no existe la competencia genérica.
Una vacuna es clave para la respuesta global a la COVID-19. Sin embargo, aún no está claro cómo una vacuna de COVID-19 será o deberá ser distribuida, a pesar de los significativos asuntos de imparcialidad, equidad y justicia.
Los países en desarrollo podrían no tener acceso a una vacuna de COVID-19 sin un marco de gestión que regule la distribución internacional.
Durante la pandemia de gripe porcina de 2009, este fue ciertamente el caso.
La OMS depende de las donaciones de los países ricos con exceso de vacunas para poder abastecer a los países en desarrollo.
Pero estas donaciones llegaron demasiado tarde y sólo después de que los países ricos pudieron comprobar que tenían suficientes vacunas para satisfacer sus propias necesidades.
Dada la severidad de la COVID-19, los países ricos quizás ahora estarán menos dispuestos a donar vacunas a sus vecinos con menos recursos y podrían usar una serie de herramientas legales para evitar que esto ocurra.
En un nuevo proyecto de desarrollo (de la Universidad de Keele, Inglaterra) estamos intentando analizar la viabilidad del acceso internacional y los modelos de participación de beneficios para determinar qué lecciones pueden aplicarse para que la distribución de vacunas de COVID-19 pueda superar estas barreras legales.
*Mark Eccleston-Turner es profesor de Leyes y Salud Global de la Universidad de Keele, Inglaterra
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y es reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer el artículo en su versión original.
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