Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos podrán cortar el servicio de agua potable a los establecimientos comerciales, industriales y turísticos que adeuden un mes de su consumo de agua. Además se les podrá cobrar de forma retroactiva hasta 10 años de consumo estimado a quienes se les detecten tomas clandestinas o no registradas.
Lo anterior fue aprobado con 19 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, por el Congreso del Estado en Sesión Ordinaria este miércoles.
“Es el peor momento para exigir a los comercios que paguen sus adeudos cuando están a punto de desaparecer”, dijo David Ruvalcaba Flores, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el debate.
Detalló que a raíz de la pandemia por el COVID-19, los negocios de la región necesitan estímulos y facilidades de pago. Por ello expresó rechazo a esta iniciativa que reduce el tiempo de tolerancia, de tres meses a uno, para proceder con el corte del servicio.
“No hablamos de condonar el adeudo, sino en un sentido de justicia posponer los pagos hasta que retomen sus actividades, salarios, impuestos y demás cargas que se les han generado sin ningún respaldo por parte de las autoridades”, comentó Ruvalcaba.
Al respecto, el diputado Juan Manuel Molina indicó que pasarán al menos tres meses antes de que esto entre en vigor, considerando que primero debe publicarse el dictamen y que las comisiones estatales deberán adaptar sus estructuras y reglamentos.
Además, la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz dio a conocer que trabajará en un exhorto para considerar la situación de las las pequeñas y medianas empresas (PyMES).
En la exposición de motivos de este dictamen, se explica que “se hizo un diagnóstico de la situación financiera de los organismos operadores, advirtiéndose serios déficits derivados, por un lado de la cartera vencida en el cobro de los derechos generados por los servicios públicos que prestan y de la gran cantidad de establecimientos que han gozado por años de forma gratuita del servicio”.
En ese sentido, el dictamen tendría como fin reducir la morosidad y combatir las irregularidades.
Adicionalmente, se aprobó una reserva de la diputada Monserrat Caballero para solicitar a las comisiones estatales, una revisión de sus estructuras administrativas y evitar la duplicidad de funciones.
El dictamen en cuestión fue propuesto el pasado 30 de abril y con éste se reformará la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable; el Código Fiscal estatal y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020.
