El presidente Donald Trump ordenó este jueves sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a tropas estadounidenses, en un momento que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra en Afganistán, con el objetivo de proteger a los militares.
“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos contra cualquier funcionario y sus familiares.
El gobierno de Trump recordó que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, considera cualquier acción por parte de la corte internacional como un “ataque”, como ya han dejado claro en estos últimos meses sus principales líderes.
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El Estatuto de Roma es el tratado mediante el cual se estableció la Corte Penal Internacional en julio 1988 para juzgar a los responsables de delitos como el genocidio, crímenes de guerra, de agresión y crímenes de lesa humanidad.
Hasta ahora, además de Estados Unidos, China, Rusia, Israel, India y Pakistán, entre otros, no han accedido a firmar el estatuto.
La Casa Blanca ha insistido además, en que la Corte adopta “investigaciones por motivos políticos”, sin aludir directamente a la decisión del CPI de autorizar una investigación formal por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos.
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“La CPI se creó para que rindiesen cuentas criminales de guerra, pero en la práctica ha supuesto una burocracia internacional ineficaz que ataca y amenaza al personal de Estados Unidos, así como al de nuestros socios y aliados”, ha esgrimido la oficina de Trump.
Estados Unidos también reprocha a La Haya que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, abriera el año pasado una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino, lo cual pone en el punto de mira a Israel, estrecho aliado de Washington.
El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, la magistrada Fatou Bensouda, para presionar para que terminara con el proceso.
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Además, “tenemos fuertes razones para creer que hay corrupción y malas prácticas al máximo nivel de la Fiscalía”, por lo que estaría en tela de juicio la “integridad” de cualquier investigación por parte del órgano que encabeza Bensouda.
La orden ejecutiva firmada por Trump deja ahora en manos del Departamento del Tesoro, en colaboración con el Departamento de Estado, la adopción de cualquier futura medida.
Con información de AFP, Europa Press y CPI.
