Por unanimidad de todos los diputados locales y alejada de los reflectores mediáticos, fue aprobada una nueva Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en la que se destaca la aprobación del “pin parental”, con lo que los padres de familia pueden tener la opción de autorizar el tipo de contenidos educativos que se imparten en las escuelas a sus hijos, principalmente los que tengan que ver con una carga ideológica o moral contraria a sus convicciones.
Por lo anterior, más de 460 ciudadanos e integrantes de organizaciones no gubernamentales y colectivos a favor de los derechos humanos a nivel local se han pronunciado en contra de la reforma y a través de una carta han solicitado a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) que interponga una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de echar abajo los cambios en la Ley de Educación.
En entrevista con Newsweek Aguascalientes la integrante de la Comunidad Feminista de Aguascalientes, Angélica Contreras, señaló que la carta fue entregada con la intención de que el organismo garante de los derechos humanos en el estado recurra a la acción de inconstitucionalidad, a la que está facultada, tras considerar que el artículo 4° de la nueva ley se contrapone al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que la educación debe estar apegada a la perspectiva de género.
“Siempre se tiene que pensar en garantizar el derecho superior del menor y en este caso implica su derecho a poder acceder a información, obviamente no quiere decir que a un niño de primero de primaria les van a enseñar sexualidad como se la pueden enseñar a un niño de tercero de secundaria, los planes de estudio y una correcta pedagogía se les puede enseñar de formas diferentes”.
Dicho artículo señala lo siguiente:
“Asimismo la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
La activista agregó que además de contraponerse a la Carta Magna, la modificación legislativa atenta contra algunos tratados internacionales que ha firmado México, como el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Ya la Suprema Corte de Justicia ya ha hablado sobre este tema, en donde dice que el derecho al acceso a la información de los menores de edad respecto a los temas de sexualidad, métodos anticonceptivos, etc…, es considerado parte del interés superior del menor y no genera un ambiente nocivo para su desarrollo, porque estos conocimientos son básicos para su salud y no se genera ningún tipo de violencia”, comentó.
Con la reforma, los legisladores colocaron un candado que podría restringir el derecho de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes para tener acceso a una educación plural, incluyente y acorde a sus derechos sexuales y reproductivos conforme a su edad, afirmó.
“La reforma estuvo muy mal hecha porque la hicieron sin conocimiento de la sociedad civil, nadie nos enteramos hasta que un medio lo publicó y tuvimos que ver lo que había pasado y a partir de ahí nos sumamos como sociedad interesada a hacer observaciones que hicimos de esta ley y abonar a esta acción de inconstitucionalidad”, aseveró.
La novel Ley de Educación del Estado de Aguascalientes fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de mayo, por lo que a partir de ese día se tiene un plazo de 30 días para la interposición de una acción de inconstitucionalidad por parte de la tercera parte del Congreso del Estado, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEA) o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia a donde las organizaciones podrían recurrir en caso de que a nivel local no proceda la solicitud, añadió Angélica Contreras.
“Aquí lo que queremos es exigirle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que meta esta acción de inconstitucionalidad, porque no queremos brincarlos y que además hagan su chamba, pero si vemos que no fructifica iríamos a la Comisión Nacional”.
Algunas de las organizaciones firmantes de la carta son: la Comunidad Feminista de Aguascalientes, el Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC), el Instituto Superior de Educación Sexual (ISES), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Colectivo SerGay Aguascalientes, entre otras.
