La nueva Ley de Educación presentada por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha sido rechazada por el Consorcio Universitarios y diversas instituciones y asociaciones del ramo, pues consideran que no respeta la autonomía de los colegios.
De acuerdo con la información del Heraldo de México, dicha ley fue aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de asociaciones ni escuelas privadas.
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La Ley de Educación establece nuevas políticas duras a las instituciones del Sistema Educativo Estatal; sanciones por 440 mil pesos por actos arbitrarios como la retención de documentos y la negativa de brindar el derecho a la educación.
Ante esto, las universidades agremiadas al Consorcio Universitario han manifestado su inconformidad como el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, quien aseguró que la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior están analizando las acciones a seguir, pues nunca se les tomó en cuenta para aprobar la iniciativa.
Asimismo, el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, consideró que la nueva ley es un ataque al sistema privado de educación, pues tiene un “espíritu intervencionista”.
Además de las universidades, los partidos políticos estatales PRI y PAN, advirtieron que llevarán a la Corte de Justicia la impugnación a la ley.
Esta nueva ley prohíbe a las instituciones educativas privadas condicionar la compra de uniformes y materiales; así como aplicar sanciones desde los 440 mil pesos y hasta los 870 mil si se retiene la documentación.
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Por su parte, después de la publicación del Heraldo, el gobernador se defendió argumentando que es una publicación “mal intencionada” y al servicio de intereses privados.
“Mal intencionada la nota del @heraldodemexico, y al servicio de los intereses privados del autodenominado y pomposo #ConsorcioUniversitario de #Puebla”, dice el mensaje.
A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forma parte del Sistema Educativo Nacional y ya está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, para su aplicación en todo el país.
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Destacó que esta misma previsión quedó establecida en la nueva Ley de Educación Estatal en su artículo 105, por lo que no tiene que ver con apropiarse de bienes muebles e inmuebles, sino de que estos sirvan para los fines educativos a los que son destinados.
Finalmente, hizo el llamado al Consorcio Universitario a que “mire por la educación y no por sus intereses económicos”, pues la entidad ya tomó otro rumbo y no volverán a ser como antes “cuando recibían canonjías de los gobiernos”.
Con información de Diario Puntual
