En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha estado enfrentando protestas y demandas legales por la decisión de impedir que los inmigrantes indocumentados se beneficien de los 2,200 billones de dólares que contempla el paquete de estímulos propuesto para hacer frente a la crisis del SARS-CoV-2.
Bajo las condiciones de dicho proyecto de ley, los ciudadanos estadounidenses habrán de recibir hasta 1,200 dólares, así como 500 dólares adicionales por cada hijo menor de 17 años. No obstante, el estímulo omite a todos los contribuyentes indocumentados, incluidos los que tienen hijos nacidos en el país y a los progenitores con condiciones migratorias mixtas.
Mientras la Casa Blanca es blanco de críticas por sus políticas para obstaculizar el apoyo a los migrantes durante la pandemia, otras naciones están poniendo el ejemplo con medidas diametralmente opuestas.
Un caso es el de Portugal, donde los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados con casos pendientes de aprobación están recibiendo derechos de ciudadanía temporales durante la pandemia.
La decisión fue tomada en marzo, cuando el mundo entero comenzó a sufrir el impacto generalizado del brote de coronavirus y el gobierno portugués decidió brindar, hasta el 1 de julio, los derechos de ciudadanía a todos los extranjeros cuya situación migratoria siguiera en entredicho, a fin de que esas personas puedan acceder a la atención médica y los demás servicios públicos durante la crisis sanitaria global.
En entrevista con Newsweek, Natalia Banulescu-Bogdan, directora asociada del programa internacional del Instituto de Políticas de Migraciones Internacionales y Asilos, comentó que, en su opinión, las posturas migratorias de los dos países son reflejo de “sus objetivos y sus valores” desde antes de la pandemia.
“En términos de la respuesta actual ante la inmigración, me parece que todas las naciones están enfrentando cuestionamientos tanto prácticos como de valor”, señaló Banulescu-Bogdan.
“Todos los países están sacrificando la observancia legal en aras de sus objetivos de gestión y salud pública. Tienen que equilibrar esas concesiones y, al mismo tiempo, hacer esfuerzos para alcanzar algunos de los objetivos y valores nacionales definidos con anterioridad”.
“Lo que observamos en los Estados con muchas restricciones a la inmigración no es más que un reflejo de las metas que sus partidos políticos pretendían alcanzar antes de la crisis. La emergencia de salud pública les ha dado la excusa que necesitaban para adoptar restricciones muy drásticas y, en algunos casos, para prohibir por completo ciertos flujos de inmigración o para implementar cierres fronterizos”, acusó Banulescu-Bogdan.
En el caso de Portugal, “el análisis de costo-beneficio es idéntico, pero el resultado es todo lo contrario” agregó la funcionaria.
En buena medida, esto podría deberse a que, en los años previos a la pandemia, Portugal incrementó esfuerzos para “abrirse a la inmigración”, precisó Banulescu-Bogdan.
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En cuanto a se refiere a sus valores nacionales, “Portugal ha explorado la manera de abrirse a la inmigración en los últimos años y, a partir de la crisis migratoria y de refugiados que se vivió en Europa entre 2015 y 2016, ha seguido una dirección opuesta al resto de las naciones”, prosiguió.
Debido a que el impacto de dicha crisis migratoria ha sido menor para Portugal que para el resto de los Estados europeos (en buena parte, debido a su ubicación geográfica), el país ha permanecido “aislado de algunos de los flujos migratorios más importantes, de suerte que no tuvo que lidiar con las cifras abrumadoras que colapsaron los sistemas de asilo de otros miembros [de la Unión Europea]”.
Esto ha permitido que, en los años siguientes, Portugal se haya esforzado en “replantear y mejorar su estrategia, y en atraer nuevos inmigrantes”.
Por todo lo anterior, su respuesta ante la pandemia actual “no salió de la nada, sino que es resultado de una apertura a la inmigración que no hemos visto en otras naciones”, sentenció Banulescu-Bogdan.
Aun cuando este bien podría ser el caso, Rahul Batra, asociado administrativo de Hudson McKenzie, empresa legal londinense especializada en inmigración, advierte que es necesario tomar en cuenta que, si bien los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados con solicitudes pendientes ante la oficina de inmigración de Portugal han recibido plenos derechos de ciudadanía, el país ha impuesto medidas fronterizas parecidas a las de otras naciones, incluida Estados Unidos.
“Los ministros portugueses dieron este paso [de otorgar derechos de ciudadanía] para que esas personas puedan acceder al sistema de salud nacional durante la pandemia de la COVID-19, lo cual contribuye a reducir el riesgo para la salud pública del país”, explicó Batra en una declaración para Newsweek.
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“A raíz de la crisis [del coronavirus], el pasado 18 de marzo Portugal declaró un estado de emergencia que entró en vigor de inmediato. Además, impuso controles temporales en sus límites territoriales con España y selló todas sus fronteras EEE [Espacio Económico Europeo] para impedir que los viajeros ingresen en el país con fines no esenciales”, agregó Batra.
“Así pues, más que abrirse a nuevos inmigrantes, lo que Portugal ha hecho es proceder con cautela como el resto de los países; y a tal fin, ha adoptado una medida temporal para proporcionar atención de la salud a los extranjeros que ya se encuentran en su territorio”.
“La lógica en que se sustenta la decisión es que, aun cuando la oficina de inmigración no haya terminado de procesar solicitudes, los residentes extranjeros también puedan acceder acceso a los servicios públicos y de salud del país”, precisó Batra.
En resumen, la concesión de ciudadanía a inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados es “meramente una medida temporal” que prioriza la salud pública general, así como la salud de las personas que están pasando por el proceso inmigratorio, concluyó Batra.
Por su parte, Banulescu-Bogdan señaló que garantizar que toda la población pueda acceder sin temor al sistema de salud y demás beneficios públicos es “definitivamente, lo mejor para alcanzar los objetivos de salud pública”.
En contraste, hace semanas que se ha informado que las familias indocumentadas de Estados Unidos evitan recurrir a la atención médica o al apoyo gubernamental por temor a la deportación.
A pesar de que la pandemia ha orillado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a detener sus esfuerzos de observancia legal en el interior del país, la persistente represión inmigratoria de la presidencia Trump ha tenido un efecto fulminante en la disposición de las familias indocumentadas a buscar el apoyo del gobierno.
“Es evidente que la decisión de Portugal es solamente temporal”, agregó Banulescu-Bogdan. Sin embargo, en este momento, “existe el imperativo de salud pública de que toda la sociedad -cada uno de los individuos radicados en el territorio- acuda a la ayuda del gobierno. Y, por supuesto, la observancia rigurosa de las leyes inmigratorias socava por completo ese objetivo”.
A principios de mayo, el gobierno de Portugal redujo el estado de emergencia a la condición de “calamidad”, la cual ha permitido reanudar ciertos servicios no esenciales y algunas actividades comerciales.
Hasta el lunes 11 de mayo, Portugal había confirmado 27,679 casos de individuos infectados por el coronavirus, así como 1,144 muertes asociadas con SARS-CoV-2.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
