Receta para una cura del COVID-19 a distancia

La peligrosa dependencia de las salas de emergencia está aumentando el riesgo de racionamiento. La atención médica en línea podría ser la respuesta.

En Estados Unidos, la gente con, y especialmente sin, un seguro está acostumbrada a dirigirse a la sala de emergencia si necesita atención rápida. Incluso antes de la crisis por el coronavirus, casi la mitad de la atención médica en Estados Unidos se daba en salas de emergencia. Por lo tanto, una reacción natural al sentirse con fiebre en la época del COVID-19 es correr a la sala de emergencia.

El problema es que para la mayoría de la gente esa es exactamente la peor decisión que tomar. Si la gente no tiene el COVID-19 y se dirige a la sala de emergencia, podría exponerse a alguien que sí lo tiene. Y quienes tienen el virus pero no necesitan cuidado hospitalario están poniendo en peligro innecesariamente a médicos, enfermeras y otros trabajadores. La sala de emergencias se está convirtiendo en el nuevo crucero, una placa de Petri donde los infectados se cruzan con los no expuestos.

En China, más de 3,000 médicos contrajeron el COVID-19. En Italia, por lo menos 50 han muerto. En España, casi 14 por ciento de los casos son profesionales médicos. En los focos estadounidenses, especialmente la Ciudad de Nueva York, los hospitales ya están siendo superados, y la escasez devastadora de tapabocas y otro equipo protector solo aumenta el riesgo de infección.

El resultado será menos médicos y menos enfermeras en un sistema que ya está bajo un estrés sin precedentes, aumentando la amenaza de racionar la atención médica, el cual en Italia resultó en cientos, si no es que miles, de muertes innecesarias. Muchas proyecciones sugieren que la situación en Estados Unidos podría ser igual de mala, o peor.

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Por ello es que necesitamos urgentemente cambiar nuestro enfoque a la salud a distancia. Al posibilitar que los pacientes con el COVID-19 resuelvan sus problemas vía telefónica o video, en vez de en persona, podemos desplegar más eficazmente los recursos médicos para reducir el riesgo de racionar la atención. Los médicos y enfermeras estarán protegidos de la exposición, e incluso aquellos en cuarentena serán capaces de continuar su labor heroica.

Pero nuestro sistema de salud a distancia ya está sobrecargado, con tiempos de espera de horas o más, y no está preparado para manejar un flujo tan masivo. Para hacer rápidamente que el sistema responda como necesita hacerlo, requerimos abordar un problema triple: demanda excesiva, oferta insuficiente e incompatibilidad.

La demanda excesiva surge porque los proveedores en plataformas de salud a distancia pasan tiempo haciendo cosas que en realidad no tienen que hacer, como recopilar síntomas y características del paciente, así como atender a aquellos preocupados, quienes en realidad no necesitan una consulta.

La oferta insuficiente se debe a que los proveedores no están respondiendo con la suficiente rapidez a la necesidad de un considerable cambio nacional hacia las plataformas de salud a distancia, pero a menudo tienen las manos atadas: están limitados a plataformas específicas con las cuales tienen acuerdos financieros.

La incompatibilidad surge porque los pacientes solo pueden usar el sistema de salud a distancia asociado con su seguro, o tienen que pagar una tarifa por visita. Pero diferentes aseguradoras podrían tener cantidades muy diferentes de pacientes que buscan y necesitan atención. Por ejemplo, un plan de Medicare Advantage tendrá mucha más demanda que un plan que cubre principalmente a gente más joven. Esto podría superar a algunos proveedores de salud a distancia y a otros dejarlos con más capacidad.

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Podemos resolver los tres problemas en cinco pasos sencillos.

Primero, creamos una interfaz de usuario a nivel estatal que se convierte en el primer paso para buscar tratamiento. Muchas compañías tienen bots de charla que pueden recopilar todo el historial relevante e información de diagnóstico de los pacientes y proveer un triaje inicial para quienes no están infectados. Una de estas compañías, Buoy Health, halló que 85 por ciento de quienes usan su herramienta no necesitaba una consulta.

Segundo, los estados contratan a compañías de salud a distancia para ser los distribuidores organizados para el estado. Como parte del contrato, las compañías de salud a distancia aceptan una tarifa común y proveer actualizaciones en tiempo real de sus tiempos de espera.

La sociedad profesional médica estatal monta un sitio web donde todo el personal médico estatal puede participar para ayudar con la salud a distancia a manera de guardia. El Estado debería facilitar la participación de cualquier manera posible y ofrecer bonos financieros a los médicos que se suscriban.

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Cuarto, debemos dar a conocer estos recursos al público mediante anuncios, ráfagas publicitarias en redes sociales e incluso trabajar para canalizar a quienes buscan asesoría médica relacionada con el COVID-19 a esta interfaz de usuario. Esto podría involucrar anuncios, ráfagas publicitarias en redes sociales y demás.

Quinto, estas consultas de salud a distancia deberían ser totalmente gratuitas para el paciente, sin importar cuál compañía de salud a distancia utilice. A la compañía de salud a distancia se le compensaría por la visita con un fondo de emergencia. La interfaz de usuario rastrearía cuál aseguradora tienen los pacientes y cuál proveedor de salud a distancia usan. Después de que pase la crisis, habría una conciliación, en la que las aseguradoras reembolsarían al fondo por cualesquiera pagos que el fondo haya hecho por sus asegurados. El gobierno estatal o federal pagaría los costos adicionales de los no asegurados.

La salud a distancia puede ayudarnos a combatir esta pandemia mortal y reducir el riesgo de tener que obligar a los proveedores a racionar la atención. Pero sus efectos serán más grandes si la hacemos accesible para todos, sin costo, con los tiempos de espera más cortos posibles.

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Jonathan Gruber es profesor Ford de economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde ha dado clases desde 1992. También es director del programa de atención médica en la Agencia Nacional de Investigación Económica y expresidente de la Sociedad Americana de Economistas en Salud. Las opiniones expresadas en este artículo son propiedad de su autor.