Legisladoras que integran la Diputación Permanente exigen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que garanticen sin miramientos las condiciones de seguridad y protección de mujeres y menores de edad, esto, ante los crueles casos de feminicidios que se registraron en los últimos días y en los que perdieron la vida una mujer y una niña  de 7 años de edad.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, la primera legisladora en pronunciarse al respecto, diputada Gladys Ramírez Aguilar, lanzó una enérgica condena a la violencia y a las acciones que atenten contra la vida de mujeres y niñas, al exigir justicia y castigos ejemplares  para los culpables del asesinato de Fátima, una menor que solo contaba 7 años de edad y a quien ultimaron de la forma más cruel e inhumana que se haya visto.

Ramírez Aguilar aprovechó el uso de la voz para hacer un llamado al presidente de México para que su gobierno se ocupe ya y propicie las condiciones necesarias de seguridad de las mujeres en todo el país, al considerar que los temas superficiales como la rifa del avión presidencial, deben quedar totalmente de lado en la agenda nacional.

Sobre este punto, la legisladora Érica Palomino Bernal, señaló que no solo son los casos de feminicidio en el país, pues aquí en Aguascalientes en los últimos días se registraron 7 ejecuciones, por lo que consideró que el tema de la seguridad pública es también responsabilidad de los gobiernos estatal y municipales, por lo que la estrategia debe ser coordinada.

A su vez, la legisladora Natzielly Rodríguez Calzada, hizo uso del micrófono para señalar que no se puede permitir “ni un feminicidio y ni una violación más”, pues es obligación del Estado mexicano en su conjunto actuar de inmediato y preservar la seguridad de todas las y los ciudadanos.

Rodríguez Calzada subrayó que este reclamo debe trascender más allá de intereses políticos o gubernamentales, porque “esto nos debe unir a todas las mujeres de la entidad y del país, principalmente por aquellas que no tienen voz o que ya no pudieron lanzar una exigencia, porque perdieron la vida en manos de sus victimarios”.

En su oportunidad, la diputada Margarita Gallegos Soto leyó un posicionamiento en relación al consumo de drogas que existe en Aguascalientes y que junto con otras entidades como Nuevo León, Jalisco, Colima, entre otros, se sitúa arriba de la media nacional en consumo de alcohol y drogas ilegales, situación que dijo, ha generado que estén en funcionamiento alrededor de 100 establecimientos donde se tratan las adicciones, por lo que anticipó que en breve presentará una iniciativa para regular los denominados “anexos” y se cumplan con estrictos controles que permitan su operación con normalidad en beneficio de quienes deciden atenderse en esos lugares.

Ante ello, Gallegos Soto manifestó que los feminicidios se derivan de múltiples de causas, entre ellas podría ser, la del excesivo consumo de drogas sintéticas que desencadena en problemáticas sociales como la de delinquir o atentar contra la vida de personas a cambio de obtener dinero para comprar estupefacientes y por ello la urgente necesidad de prevenir las adicciones.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco,  en México se registró un alarmante ascenso en el número de casos, pues a partir del año 2016 ya existen 17 millones de personas que consumen alcohol o una droga ilegal.

Sobre este posicionamiento, la diputada Natzielly Rodríguez Calzada se sumó al pronunciamiento que realizó su antecesora, al comentar que hace algunos meses presentó una iniciativa también para regular la operación de los anexos, por lo que urgió a sus homólogos de las respectivas comisiones a impulsar este proyecto, dictaminarlo y someterlo a aprobación del pleno.

En seguida, fue turno para el legislador de Nueva Alianza, Armando Valdez Herrera, quien en el uso de la voz presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, a través de la cual busca estipular a la pederastia como tipo penal autónomo, con el propósito de combatir de manera más dura y prevenir casos lamentables en los que incluso pierden la vida menores de edad, como el trágico caso de la niña Fátima.

El representante popular señaló que su propuesta contempla una pena alta que  va de los 15 a los 25 años de prisión,  con el pago 200 a 250 días multa, cuando se trate de una violación a un menor de edad, con la agravante de mantener una relación consanguínea, tutorial, adopción, perdiendo con esto la patria potestad.

Y si el culpable de este delito lo hace en el desempeño de sus funciones como profesionista o servidor público, sería destituido y estaría inhabilitado en automático para ejercer su profesión.  Mencionó que en 24 entidades del país no está tipificado de esta manera dicho ilícito.

Tras esta participación, la presidenta de la Diputación Permanente, legisladora Natzielly Rodríguez Calzada, dio por concluida la sesión, al tiempo que citó  sus compañeras de mesa directiva para el próximo miércoles 26 de febrero, a las 10:0 horas, en el salón Aquiles Elordiy García.

Además de los ya mencionados, se contó con la presencia del diputado Juan Manuel Velasco Serna, en funciones de primer secretario.