Las empresas que serán contratadas por el ayuntamiento de Aguascalientes bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) para el manejo de los residuos sólidos urbanos y la modernización del alumbrado público, podrían convertirse en sujetos obligados en materia de transparencia, así lo mencionó el comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba.
Aunque dependerá de la figura jurídica que se establezca para formalizar la relación de proveeduría entre el municipio capital y la empresa, se deberán transparentar los recursos públicos que se apliquen en ambos proyectos.
“Aquí tenemos que ver la naturaleza jurídica de esas asociaciones, porque si hay un recurso público hay que transparentarlo, ya la operatividad como organismo privado es un tema diferente, pero lo que tenemos que hacer es que de alguna manera quede reportado, ya sea por la propia institución que da el recurso público, de cuánto entra, y si es así, se estaría cumpliendo con el requisito, o que en su caso se conforme un fideicomiso, que ya involucre una actividad gubernamental dentro de la empresa privada, entonces ya podría quedar como un sujeto obligado”.
En diciembre de 2018, el Congreso del Estado aprobó el Centro de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos para el ayuntamiento de Aguascalientes, por medio del cual una empresa particular podría realizar acciones de separación de basura, reciclaje y producción de energía por biogás, con un contrato a 30 años y una inversión cercana a los 300 millones de pesos.
Posteriormente, en diciembre de 2019, el Congreso Estatal avaló el proyecto de modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Aguascalientes, con el que una empresa particular realizará el cambio de las luminarias del alumbrado público, de vapor de sodio a tecnología LED, en un periodo de 10 años y una inversión estimada de 900 millones de pesos.
Tachiquín Ruvalcaba mencionó que en caso de que no se formalicen como sujetos obligados, sería el ayuntamiento de Aguascalientes el encargado de transparentar los recursos que se apliquen en los dos proyectos.
“Estaremos viendo el proceso de cerca, todas las instituciones tienen la obligación de avisarnos cuando se dé esta situación, para nosotros en dado momento determinar si tiene la calidad de sujeto obligado, o bien, si no la tiene porque es una empresa privada o social, sí que se transparente la información de cuánto recurso se le está asignando”.
Añadió que durante febrero se girarán oficios a los sujetos obligados para notificar cambios en sus estructuras burocráticas para definir si se conformarán nuevos entes obligados a acatar las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
“Nosotros vamos a enviar en febrero algunos oficios para que informen de esta situación los sujetos obligados, y si hay alguno que entrara después, nosotros ya tendremos que ver jurídicamente si lo podemos meter en este ejercicio o hasta el año siguiente”, indicó.
Finalmente, mencionó que se sigue trabajando para que la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Veolia Aguascalientes, se convierta en sujeto obligado en materia de transparencia, aunque aún faltan aspectos jurídicos por definirse.
“Estamos en una cuestión técnica ahí para poder afianzar bien el tema de sujeto obligado, no lo veo yo como un obstáculo fuerte, pero sí un aspecto que debemos de trabajar muy bien para que se convierta en sujeto obligado, estamos en ese proceso, no es fácil, ha sido un poco más complejo por las cuestiones jurídicas, pero el tema no está olvidado y se sigue trabajando”, concluyó el funcionario estatal.
