En la década de 1970 surgió en México un nuevo tipo de disidencia política y social que consideró necesario y justificado iniciar un proceso de transformación radical de un régimen que no cumplió con los postulados de justicia social de la Revolución de 1910 y que, además, mantenía un control autoritario y represivo sobre la sociedad.

Esa disidencia fueron las guerrillas. Y si bien el Estado mexicano respondió con una estructura de contraguerrilla, también replicó con uno de los instrumentos más siniestros que aún se utilizan en nuestros días: la desaparición forzada como práctica institucional.

Tiempo suspendido: una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 es un libro de reciente aparición que aborda uno de los temas que más importancia y actualidad han adquirido en el campo de las ciencias sociales y la vida política del país.

Esta obra, de la autoría del historiador mexicano Camilo Vicente Ovalle y publicada por Bonilla Artigas Editores, aborda la desaparición forzada a partir de tres estudios de caso: Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.

Mediante abundantes fuentes, principalmente documentos de los archivos de la represión y testimonios de sobrevivientes de desaparición, el autor presenta un análisis sobre la política de contrainsurgencia y la desaparición forzada, y procura explicar la lógica de la implementación de la violencia contrainsurgente.

Entrevistado por Newsweek México, Camilo Vicente manifiesta que la obra surgió ante la falta de estudios sistemáticos en torno a los mecanismos represivos del Estado mexicano en las décadas de 1960, 1970 y 1980.

Doctor en historia por la UNAM, su línea de investigación es la violencia política y la represión de Estado en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. En la actualidad ya prepara una historia sobre la desaparición forzada en México entre las décadas de 1950 y 1980.

—¿Qué hace diferente a Tiempo suspendido… de otras obras publicadas sobre desaparición forzada?

—Esta es una historia que trata de explicar por qué y cómo el Estado mexicano, en un momento muy particular, hacia finales de los años 60, construye una estrategia contrainsurgente contra los movimientos populares y guerrilleros, y dentro de esa estrategia incluye la desaparición forzada de personas como una de sus principales técnicas represivas. El lector se va a encontrar con la sorpresa de que la desaparición forzada en México es mucho más vieja de lo que pensamos, y el libro ofrece suficientes evidencias. Y también va a conocer las distintas formas en las que la desaparición forzada fue usada en el país y por qué su uso ha sido diferenciado. Y desde luego, a lo largo del libro se muestran evidencias del grado de responsabilidad que tuvo el Estado mexicano en estos crímenes.

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—¿Cómo se define la desaparición forzada? ¿Por qué existe?

—En términos de la jurisprudencia internacional y de las leyes nacionales, la desaparición forzada de personas es una práctica cometida por agentes vinculados con el Estado para secuestrar y mantener oculta a una o un grupo de personas: sustraerlas del amparo de la ley y mantenerlas en esa condición por un tiempo indefinido. La desaparición forzada fue usada como un instrumento y como una política de Estado para aniquilar y desarticular a un sector de la disidencia política entre los años 1960 y 1980 en México. En ese sentido, cumple la función de técnica para el aniquilamiento político.

—¿En qué radica la importancia de analizarla y estudiarla hoy en día?

—Hay una necesidad presente, sin duda alguna, porque ahora tenemos un fenómeno de desapariciones de manera masiva en México desde 2006. Uno de los elementos que explican este fenómeno se encuentra en el estudio de las desapariciones forzadas implementadas entre los años 1960 y 1980 dentro de la estrategia contrainsurgente. Es una necesidad de hoy explicarnos por qué llegamos a estos niveles de desapariciones y por qué como sociedad y como Estado no hemos asumido esta parte de la historia de México. No hemos visto de frente esta historia, siempre la hemos hecho a un lado, hemos tratado de ocultarla, y en ese intento de ocultamiento también nos hemos deshecho de las víctimas, es decir, hemos hecho a un lado a las víctimas de desaparición y a sus familiares. Y una de las consecuencias graves de eso es que las madres y familiares de los desaparecidos en México han caminado básicamente solos durante los últimos 50 años, entonces, por ello la necesidad de escribir esta historia también radica en una obligación moral como sociedad de hacernos cargo de la parte de la historia que nos toca.

—Ahondemos en ese punto. ¿En qué situación se halla hoy en día el flagelo de la desaparición forzada? ¿Solamente es el Estado el que la comete?

—La perspectiva del libro deja muy en claro que la desaparición forzada, como técnica represiva, no siempre se presenta como estrategia de Estado. Pero eso no significa que no permanezca como práctica anidada en distintas instituciones e implementadas por distintos actores, en este caso estatales. Lo que muestra el libro es cómo entre las décadas de 1940 y 1960 existió una práctica de desaparición, entre los años 60 y 80 esa práctica se transformó en estrategia de Estado, y entre los 80 y 90 dejó de ser una estrategia de Estado, pero se mantuvo como una práctica con otras características, pues se extendió a un conjunto más amplio de actores estatales.

—Es decir, de federal se convirtió en local…

—Ya no es una práctica implementada solo por dependencias federales, sino que ya es cometida por actores estatales y locales. Eso también nos muestra que la desaparición forzada se ha difundido en una buena parte del territorio nacional. La otra parte es que, hacia finales de los años 70, la desaparición forzada como técnica comenzó a transitar hacia otros ámbitos de aplicación más allá del combate a las disidencias políticas. En estricto sentido comenzó a transitar como una técnica de violencia hacia el narcotráfico en dos niveles: uno, del Estado combatiendo al narcotráfico, y dos, del propio narcotráfico haciendo uso de las desapariciones.

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—¿En qué forma se resume su práctica en la actualidad?

—El estado que guarda hoy la desaparición forzada en México tiene esas características, es una práctica difundida en distintas instituciones de orden local, fundamentalmente las que están vinculadas con la seguridad, como las policías municipales y estatales, y además es una técnica que ya está muy instalada en organismos no estatales como las organizaciones del crimen organizado. Lo que ha provocado eso es la posibilidad de su implementación masiva, justamente lo que hemos padecido en los últimos años.

“Ahora bien —continúa Camilo Vicente—, en términos de su misión, el único que comete desaparición forzada es el Estado, en cualquiera de sus niveles, desde el municipio hasta la federación. Sin embargo, un cambio conceptual importante que ha habido es que ya las desapariciones forzadas no son únicamente de este tipo. Pongamos el caso de los periodistas: muchos han sido desaparecidos por grupos del narcotráfico, no necesariamente por policías o soldados. Sin embargo, esas desapariciones tienen una carga política porque están vinculadas con el ejercicio del periodismo por evidenciar los vínculos del narco con los políticos locales. Claro, no es una desaparición forzada en términos de lo que dice la ley, pero son desapariciones políticas en estricto sentido”.

—¿Entonces es necesario replantear el término de desaparición forzada?

—Los cambios nos obligan a pensar en el concepto de desaparición forzada. Lo que se hizo no fue modificar el concepto de desaparición forzada en el que el único perpetrador es el Estado, sino que se construyó un nuevo concepto que es el de desapariciones cometidas por particulares, así está la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se emitió en 2017. Entonces, más que añadir, tenemos que obligarnos a redefinir el concepto de desaparición forzada con base en la evidencia que estamos teniendo hoy en día.

—¿Y también se ha modificado el perfil de las víctimas de desaparición?

—Sí, el perfil ya no es el mismo. Hoy no es necesario ser guerrillero para ser sujeto de desaparición, basta con que un individuo o grupo esté vulnerando ciertos intereses de poderes locales para ser sujeto de desaparición, llámense periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, estudiantes. Y también habitantes de comunidades que no tienen ningún tipo de participación con la política ni con el narcotráfico, sino que son víctimas porque tuvieron la mala fortuna, como en el caso de intereses del crimen organizado vinculado con mineras, de vivir encima de una mina de oro, como sucede en el caso de Guerrero.

“Entonces —concluye el historiador—, la implementación de las desapariciones forzadas ya no está dirigida a oponentes, periodistas o defensores de derechos humanos, sino a la población con tal de amedrentarla y favorecer su desplazamiento forzado para que grupos del crimen organizado o mineras se apoderen de los recursos naturales. Efectivamente, hay un cambio de perfil y del uso de la desaparición política en México. Eso nos obliga a repensar, y el libro ofrece algunas claves para entender esas modificaciones”.