Las autoridades estatales incurrirían en una ilegalidad en caso de aplicar el incremento a la tarifa de los camiones urbanos a partir del próximo domingo, toda vez que la fecha límite para publicar los ajustes tarifarios de las modalidades del transporte público fue el 31 de marzo de 2019, y la próxima modificación tendría que ser en el primer trimestre de 2020, así lo denunció el ex diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Sánchez Nájera.
“Durante el 2019 ya no es legal hacer ninguna modificación a la tarifa, ya que el artículo 144 de la ley señala que hasta el último día de marzo se pueden publicar las tarifas del año en curso, pero no es obligatorio actualizarla cada año, la posibilidad que da la ley es de esta revisión y durante estos meses, entonces no hay justificación”.
Indicó que a pesar de que este viernes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo del Consejo Consultivo sobre la nueva tarifa, no es un documento válido, ya que va en contra del artículo 144 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, que señala que:
“La determinación de la CMOV, por medio de la cual se fija la cuantía de las tarifas, se publicará a más tardar el último día de marzo de cada año en el Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de mayor circulación en la entidad y en cualquier otro medio que se estime oportuno”.
Por ello, los usuarios no estarían obligados a pagar la nueva tarifa de 9.50 pesos, e incluso podrían recurrir a amparos por la ilegalidad del proceso de definición tarifaria.
“Mientras no se cumpla con este parámetro, incluso publicado, como claramente se establece que el plazo es hasta el último día del mes de marzo, no sería obligación para los usuarios el acatar el presunto incremento de la tarifa y se pueden interponer amparos”.
De igual modo, se podría sancionar a los funcionarios públicos que aprueben el acuerdo, a pesar de su ilegalidad.
“Los que son servidores públicos tendrían que ser sancionados por el órgano de control interno, son sujetos a responsabilidad y están actuando en contra de la ley, incluso el propio Secretario General de Gobierno y el titular de la Coordinación General de Movilidad como presidente del Consejo Consultivo, y que tengan tal desconocimiento de la ley”, destacó.
El ex legislador del Sol Azteca recordó que en noviembre de 2016, en el cierre de la administración del gobernador priísta, Carlos Lozano de la Torre, ocurrió algo similar, luego de que no se publicó en tiempo y forma el acuerdo modificatorio de la tarifa en el Periódico Oficial del Estado, lo que llegó a provocar algunos conatos de violencia entre usuarios que se opusieron a pagar la nueva tarifa y conductores de camiones urbanos.
Aunado a esto, Sánchez Nájera criticó que a casi dos años de la publicación de la Ley de Movilidad sólo se ha avanzado en la renovación de las unidades, pero quedando pendientes otros aspectos del transporte público, por ejemplo las tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
“No se están cumpliendo casi todas las medidas de la Ley de Movilidad, limitaron el número de beneficiarios a credenciales de estudiantes, cuando la ley no limita la cantidad de tarjetas de descuento que se pueden entregar, ni tampoco se están aplicando las tarifas preferenciales para adultos mayores y personas con discapacidad”, acotó.
