El ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y al menos otros cuatro funcionarios de su administración fueron denunciados penalmente por el supuesto desvío de más de mil 200 millones de pesos en la última parte de su mandato.

“Todo parte a raíz de una información que nos llega, de que se llevó a cabo una ‘Estafa Maestra’, zona 4”, dijo el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano en entrevista al salir de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Mexicali.

De acuerdo con el segundo al mando en la administración del morenista Jaime Bonilla, la denuncia incluye al exsecretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz; la ex Oficial Mayor y ahora diputada local, Loreto Quintero Quintero, y dos funcionarios menores de los departamentos de Normatividad y Adquisiciones de la administración estatal.

Sobre la probable participación de Antonio Valladolid, Secretario de finanzas al inicio del gobierno pasado, no lo descartó.

El supuesto desvío, explicó Rodríguez Lozano, lo habrían hecho pagando asesorías entre 2017 y 2018 a casi 40 empresas, entre ellas una identificada como vendedora de facturas o “fachada” por la autoridad hacendaria, que recibió 8 millones de pesos.

“Estas empresas, muchas de las cuales, se constituyeron el mismo día que se hizo el pago. Hemos investigado en la Ciudad de México, y hemos visto que hay varias que tienen el mismo domicilio, en apartamentos inexistentes, en casas abandonadas”, afirmó.

“En esos momentos no había dinero. Sin embargo se pidió un préstamo a corto plazo, y con ese préstamo se pagó de inmediato a esas empresas”, añadió.

El rosario de presuntos delitos que les achacan incluye, entre otros, abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y/o coalición de servidores públicos.

“No existen ningún documento, no existe contrato, no existe licitación”, aseguró el Secretario General de Gobierno.

Dijo que parte de la información presentada a la fiscalía estaba en poder de la Auditoría Superior del estado, aunque descartó que haya relación con la renuncia de Carlos Montejo a la titularidad de ese organismo de vigilancia a poco más de cuatro meses de su nombramiento.

“Nosotros en tres días hicimos una investigación que ellos tenían meses (…) la renuncia del auditor tiene que ver con que él confiesa que recibe llamadas de Kiko Vega y Tony Valladolid, donde le dicen: ‘¿qué podemos hacer para que esto no proceda?”, respondió.

Entre las empresas presuntamente involucradas nombró a Supercomercializadora S.A., Constructora S. de R.L. de C.V., Edificaciones S.A de C.V., Bufete de Consultoría y Asesoramiento.

Por último, añadió que están solicitando la intervención de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR).