El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) interpuso un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Aguascalientes en contra de la omisión del Congreso Estatal para la creación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, según lo indican la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El abogado del OVSG, Wilfrido Salazar Rule, comentó en entrevista para Newsweek Aguascalientes que de acuerdo al artículo cuarto transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la comisión local debió entrar en funcionamiento desde hace aproximadamente nueve meses, lo que denota una falta de interés y atención de las autoridades estatales hacia la problemática de la desaparición de personas.

“Tenemos más de medio año con un retraso, con esta omisión administrativa que es la conformación de la Comisión Local de Búsqueda; ya nos habíamos reunido con el diputado Alaníz, que preside la Comisión de Justicia, pero tras no ver avances es que se decidió promover este amparo”.

Al día de hoy, el cambio más significativo que se ha realizado en la estructura de gobierno y procuración de justicia ha sido la transformación del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) en la Fiscalía Especializada en Desaparición y no Localización de Personas, aunque incluso en ese cambio sigue sin reformarse la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“El hecho de que se haya nombrado a lo que jurídicamente y normativamente sigue siendo el CAPEA, porque no ha habido una reforma a la ley orgánica de la fiscalía, ahora le llaman la Fiscalía Especializada en Localización de Personas, creen que con eso se está solucionando el tema de la comisión, pero no, son dos cosas totalmente distintas”, aseveró.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas tendrá como finalidad el acompañamiento de las investigaciones, por lo que sería un órgano autónomo, conformado con personas de la sociedad civil, agregó Wilfrido Salazar.

“Con la comisión se busca garantizar el derecho a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición en casos de la desaparición forzada de personas en Aguascalientes”, puntualizó.

La audiencia constitucional del amparo está prevista para realizarse en un plazo de tres semanas, y posteriormente el juez quinto de distrito tendrá un periodo de tres meses para emitir su resolución.

De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, existen alrededor de 120 carpetas de investigación de personas desaparecidas, de las cuáles en 14 casos el Observatorio de Violencia Social y de Género brinda acompañamiento legal a los familiares.

Presentan iniciativa para conformar Comisión Local de Búsqueda de Personas, pero sin autonomía

Tras la interposición del amparo, el pasado 14 de noviembre, en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Alaníz de León, en la que se propone la conformación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, pero restándole autonomía, ya que se busca que sea el titular del Ejecutivo Estatal quien designe o retire al titular de la comisión, según agrega Wilfrido Salazar.

“La iniciativa del diputado es totalmente contraria con el espíritu de la comisión local, o al menos lo que viene establecido en la ley general, además de que se deja al gobernador, o en su caso al secretario general de gobierno, la facultad de remover al titular de la comisión”.

En caso de aprobarse en esos términos, el OVSG analizaría la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad, ya que atentaría contra los lineamientos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que señalan que la elección de los integrantes de la comisión correrá a cargo de la sociedad civil.

“Si se aprueba la iniciativa del diputado Alaníz, estaríamos promoviendo una acción de inconstitucionalidad por no reunir los parámetros que determina la ley general, y que además dice que se deben seguir los mismos parámetros para las comisiones locales”, concluyó el activista.