Estados Unidos anunció nuevas medidas que facilitan la deportación expedita de migrantes sin documentos.
El gobierno de Donald Trump dispuso que a partir de ahora los agentes migratorios pueden enviar de regreso a los inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos en un período inferior a dos años, sin tener que remitirlos antes a un juez.
Anteriormente, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sólo podían arrestar y deportar sumariamente a un migrante si éste era detenido a menos de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y había permanecido en el país menos de dos semanas.
Los casos que no cumplieran con esos parámetros debían ser procesados en un tribunal de inmigración.
La nueva medida, que entró en vigor después de su publicación en el Registro Federal, busca “mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública, así como reducir los costos del gobierno, facilitando las decisiones de inmigración rápida”, dijo el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado.
Esto “permitirá al DHS abordar de manera más efectiva y eficiente el gran volumen de extranjeros que están presentes ilegalmente en Estados Unidos”, añadió.
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La administración de Trump se ha dicho frustrada por el retraso en los tribunales de inmigración que a menudo permite que los detenidos se integren en las comunidades antes de que se examine su caso.
Actualmente, hay cerca de un millón de casos pendientes, según el sitio web TracImmigration, y el tiempo de espera promedio para una audiencia es de casi dos años.
La nueva regla podría acelerar las deportaciones de los aproximadamente 10,5 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, la mayoría latinoamericanos y casi dos tercios con permanencias en el país de más de 10 años, según el Centro de Investigación Pew.
Trump, quien hizo de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus prioridades, lanzó el 14 de julio una gran operación con el objetivo de arrestar a unos 2.000 inmigrantes ilegales en una docena de ciudades.
