El pasado 29 de marzo el Juzgado Octavo de Distrito en Chihuahua determinó que el Gobierno del Estado cumplió con una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2012, la cual obliga a las autoridades estatales a constituir, con la debida participación de las comunidades indígenas, el Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barranca del Cobre.
La SCJN atrajo el caso del litigio interpuesto en 2010, donde se interpuso una demanda de amparo al considerarse que no se tomaba en cuenta a dichas comunidades asentadas en la zona del proyecto turístico Barrancas del Cobre, por lo que el 14 de marzo del 2012 se resolvió a favor.
Lo anterior se logró desde el 9 de septiembre del 2017 con la instalación de dicho Consejo Consultivo en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna, durante el cual se aprobaron las reglas de operación, con apoyo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
Hasta el momento se han llevado a cabo cinco sesiones, en las cuales se han tomado resoluciones en torno a las necesidades de las diversas comunidades que pueden recibir el impacto y beneficio de la actividad turística que genera el proyecto.
Años después de que el anterior gobierno no asumiera las obligaciones fincadas, “la actual administración asumió el compromiso de atender las demandas de los pueblos originarios de la entidad para resolver el caso”, indicó Francisco Javier Corrales Millán, titular de la Dirección General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno.
