El diputado del PVEM, Edgardo Hernández Contreras, presentó una iniciativa ante el Congreso local, con la cual propone duplicar las penas contempladas en el Código Penal para sancionar a aquellos delitos que generen deforestación de selvas y bosques.
El actual Código Penal del estado, en su artículo 298 establece que se “impondrá de tres meses a cinco años de prisión” además de una sanción “de treinta a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización” a aquella persona que ilícitamente derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles. De igual manera se sancionará a la persona que provoque una explosión u ocasione daño o muerte a especies vegetales endémicas, en riesgo o en peligro de extinción.
Asimismo, el Código Penal señala que dichas penas de duplicarán “cuando uno o más de las conductas descritas (…) se desarrollen en un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado”.
En relación a lo anterior, la iniciativa propone una reforma a este artículo con el fin de duplicar las sanciones a aquellos delitos que sean generadores de deforestación en selvas y bosques.
En su exposición de motivos, el diputado Edgardo Hernández argumentó que la deforestación es definida “como la eliminación de la cubierta forestal” y que los “factores que la ocasionan son los cambios de uso de suelo, incendios, plagas, y tala ilegal”.
Asimismo, aseguró que los procesos de deforestación pueden generar la extinción local o regional de las especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento en la abundancia de plagas, la falta de polinización de cultivos comerciales y la reducción de la recarga de acuíferos, entre otras consecuencias.
Por lo anterior, el legislador indicó que la iniciativa pretende generar una medida que evite deforestar o talar clandestinamente con el fin de crear áreas destinadas a actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas que afecten a la población potosina y provoquen un impacto ambiental negativo.
Finalmente, el diputado del PVEM aseguró que la política ambiental debe estar orientada a garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y adecuado para su desarrollo.
