Por primera vez en la historia, en este 2019 las administraciones municipales salientes y entrantes están obligadas a llevar a cabo el proceso de entrega- recepción de acuerdo a lo establecido por la ley, debido a que hasta hace un año el proceso no se encontraba regulado.
Al respecto, el integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Adán Córdova refirió que ante las reformas efectuadas por la LXIII Legislatura, las autoridades que incumplan con el procedimiento serán sancionadas.
Y es que refirió, de acuerdo con el informe sobre el cumplimiento del acto de entrega-recepción en los municipios emitido en septiembre del 2017 por la entonces Auditoría Superior del Estado, sólo 200 autoridades cumplieron en tiempo y forma con esta responsabilidad.
Detalló que el documento indica que 28 municipios cumplieron previo requerimiento y el mismo número lo hizo de forma extemporánea, mientras que en 145 casos se registraron inconsistencias y en 54 no presentaron expediente o lo presentaron incompleto.
“En 65 municipios la autoridad saliente no realizó la entrega, en cuatro el cabildo entrante no quiso recibir, 10 no informaron y en 23 ambas autoridades -entrantes y salientes- manifestaron negativa de ambos para realizar el acto de entrega-recepción y dos municipios sólo presentaron una parte de su expediente”, destacó.
Apuntó que en un intento de corregir las anomalías derivadas de la ausencia de estos procesos se establecieron sanciones en el Código Penal para quienes sustraigan, destruyan, oculten, utilicen o inutilicen información o documentación, así como para quienes afecten el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal.
Explicó que a través de este proceso se hace un recuento de los recursos humanos, financieros y materiales, así como dar a conocer los temas que requieren atención para el adecuado funcionamiento de la administración municipal por parte del gobierno saliente, hacia el que fue electo.
Sostuvo que esto además de dar certeza, permite garantizar el resguardo de los bienes de los ayuntamientos que se han adquirido con recursos públicos, lo que también genera confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
