El paso de la denominada Caravana Migrante por nuestro país ha puesto sobre la mesa grandes retos en materia de derechos humanos y relaciones exteriores que hacen necesario revisar también la dinámica de este fenómeno a nivel nacional y local.
La ubicación geográfica de México coloca a nuestro país como una ruta de tránsito migratorio. Se estima que en 2017 ingresaron por la frontera sur más de 354 mil migrantes con el objetivo de llegar a Estados Unidos[1].
Por lo menos 8 mil migrantes centroamericanos organizados en dos caravanas ingresaron por la frontera con Guatemala; la primera, el pasado 19 de octubre, conformada por aproximadamente 6 mil migrantes y la segunda el 28 del mismo mes, con cerca de 2 mil personas que buscan llegar a Estados Unidos.
Frente a esta coyuntura, la política antiinmigrante del presidente Donald Trump y sus decisiones unilaterales al respecto han hecho que la situación se vuelva mucho más compleja. El pasado lunes 29 de octubre anunció el despliegue de 5,200 militares en la frontera con México para impedir el ingreso de estos migrantes.
Dejar el país de origen es una decisión difícil y tiene su origen en múltiples circunstancias: desde un desplazamiento forzado derivado de la discriminación hacia una persona o un grupo social, la inseguridad, la violencia y la falta de empleo, hasta motivos ambientales, conflictos bélicos y políticos, entre otros.
En particular, se ha documentado que los integrantes centroamericanos que conforman la caravana migrante tomaron la decisión de abandonar sus países de origen fundamentalmente por la violencia extrema y por las precarias condiciones de los mercados de trabajo.
Si bien las razones por las que un individuo decide migrar son numerosas, la búsqueda del desarrollo personal y de una mejor calidad de vida, justifica, en su mayoría, el tránsito migratorio.
De esta manera, el papel de México en cuanto a la movilidad de las personas en el norte del continente americano es fundamental. Cabe señalar que nuestro país es el segundo en todo el mundo que más migrantes expulsa y que en su mayoría se dirigen hacia el país vecino del norte.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2017 había cerca de 13 millones de connacionales residiendo en el extranjero y, de ese total, el 98% se encontraba en Estados Unidos, de los cuales siete de cada 10 no tiene ciudadanía estadounidense y el 20% se encuentra en situación de pobreza.
La condición migrante de nuestros connacionales no rompe con sus vínculos familiares y comunitarios, al contrario, el envío constante de remesas forma una parte de importante de los ingresos totales de millones de familias mexicanas.
De ahí la relevancia que en términos económicos tienen los migrantes para la economía nacional. De acuerdo con el Banco de México, durante 2017 el mencionado número de trabajadores enviaron a nuestro país un total de 30 mil 291 millones de dólares por concepto de remesas familiares.
Esa cifra representa la principal fuente de entrada de divisas extrajeras: durante 2017 los ingresos por remesas superaron por más del doble a los ingresos por turismo y, desde 2015, han sido superiores a los ingresos derivados de las exportaciones petroleras.
Por otro lado, históricamente México ha sido receptor de inmigrantes y refugiados políticos de distintos países. Algunos de los casos más emblemáticos son el de León Trotsky, en 1936; el de Leonora Carrington y Max Aub, en 1942, y el de los más de 20 mil españoles refugiados durante la Guerra Civil Española.
Destaca que, al cierre del año pasado, México refugió al 5% de un total 56 mil 539 personas que así lo solicitaron provenientes del triángulo norte de Centroamérica; a 1,183 venezolanos, así como a aproximadamente 1,700 haitianos[2].
Incluso, el artículo primero de nuestra carta magna reconoce el derecho de todas las personas, sin importar su condición jurídica en nuestro país (lo cual incluye a las personas migrantes), a gozar de todos los derechos reconocidos por el Estado mexicano y por los instrumentos internacionales que haya suscrito nuestro país.
No obstante estos elementos normativos, un común denominador entre la comunidad migrante es la vulnerabilidad, especialmente de su integridad física y de sus derechos, derivado de los grandes riesgos que implica migrar hacia otro país.
Desde esta perspectiva, es evidente que las vidas de un número cada vez más grande de personas ya no puede entenderse desde el interior de las fronteras tanto locales como internacionales.
Las diversas condiciones que obligan a que cada año cientos de centroamericanos tomen la decisión de arriesgar su vida y migrar no distan mucho de los numerosos factores que llevan a que muchos connacionales tomen la misma decisión.
De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, mediante la expedición de matrículas consulares de alta seguridad, se registró en 2016 la estadía de 814 mil nuevos connacionales en Estados Unidos.
De ese total, el 4.1% son potosinos, es decir, durante el año pasado se registró que en Estados Unidos había 33 mil 124 nuevos migrantes provenientes de nuestra entidad, lo cual posiciona a San Luis potosí como el décimo estado de todo México que más migrantes expulsa.
Los cinco municipios de origen de la mayoría de migrantes son:
- San Luis Potosí, municipio de donde proviene el 16.3%
- Rioverde, con el 10.8%
- Matehuala, con el 6.4%
- Ciudad Valles, con el 4.2%
- Mexquitic de Carmona, con el 3.4%
Si bien los registros administrativos de expedición de estas matrículas permiten conocer la entidad de procedencia de los migrantes, es solo una aproximación del total, ya que ningún nacional está obligado a tramitar dicho documento.
En cuanto a la recepción de remesas, nuestro estado ocupa la misma posición ya que en 2017, San Luis Potosí recibió 1,126 millones de dólares por este concepto, lo que representa el 4% del total nacional.
De acuerdo con datos de CONAPO, se registró que para 2015, un total de 58 mil 682 viviendas recibían ingresos por remesas, lo cual representa el 8% del total de las viviendas de nuestro estado.
A nivel municipal, en villa Juárez el 39.9% de los hogares reciben ingresos por remesas, por lo que es el municipio con mayor porcentaje de recepción de remesas en el estado. A nivel nacional ocupa el lugar número 12 de un total de 2,456 municipios.
Le siguen el municipio de San Nicolás Tolentino, donde esa cifra ascendió al 39.2% de los hogares, y Alaquines, con el 39.1%. Estos dos municipios ocupan los lugares 17 y 18 en el contexto nacional, respectivamente.
Un indicador que pondera de manera general la situación migratoria de cada municipio es el índice de intensidad migratoria (toma en cuenta de manera conjunta el porcentaje de hogares con emigrantes, migrantes circulares, migrantes de retorno, y los hogares que reciben remesas).
Con los datos del anterior censo de población, se tiene que en San Luis Potosí, nueve de sus 58 municipios tienen una intensidad migratoria alta y en 16 esta intensidad es muy alta.
En suma, el 43% de los municipios de nuestro estado tienen una intensidad migratoria alta y muy alta.
Como ya se mencionó, la gran mayoría de los migrantes son indocumentados, lo cual representa una situación de vulnerabilidad, y debido a ello viven en una constante evasión de las autoridades a fin de evitar ser deportados a sus países de origen.
Para los migrantes centroamericanos su paso por México es un reto. Durante 2017, la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó que 82 mil 237 extranjeros fueron devueltos a sus países de origen.
De ese total, el 95% eran migrantes provenientes de América central. Hasta el mes de septiembre de este año, se acumuló una cantidad similar a la que se registró durante todo el año pasado, ya que fueron devueltos a sus países de origen 80 mil 029 extranjeros, de los cuales 79 mil 812 eran centroamericanos.
La situación es similar en México. El año pasado fueron repatriados desde Estados Unidos poco más de 167 mil mexicanos, de los cuales 5,404 eran potosinos.
Entre enero y septiembre de este 2018, el número de mexicanos repatriados ascendió a 156 mil 715 mexicanos: 4,809 son potosinos, cifra que representa el 3% total nacional.
A nivel nacional, de acuerdo con las proyecciones de CONAPO, San Luis Potosí es y será un constante receptor de migrantes que provienen de otros estados del país. Se estima que, entre 2016 y 2018, en total, nuestro estado habrá recibido a cerca de 32 mil personas.
Sin embargo, el número de personas que recibe nuestro estado tenderá a disminuir con el tiempo, aproximadamente a razón de 1%, de tal forma que, para 2040, se espera recibir a poco más de 8, 500 foráneos, mientras que, hacia 2050 poco más de 7,300.
En total, durante entre 2016 y 2050, San Luis Potosí habrá recibido a poco más de medio millón de 326 mil personas, con lo cual, para 2050, representarán aproximadamente el 10% de la población estatal que, para ese año se estima que será de 3.1 millones de habitantes.
En cuanto a la recepción de inmigrantes internacionales, San Luis Potosí se encuentra en el lugar número 17 a nivel nacional. De acuerdo con las proyecciones de población, para fines de este 2018 un total de 3,203 migrantes extranjeros habrán llegado a vivir al estado.
Se espera que los ingresos de migrantes internacionales por año se mantengan incrementado hasta alcanzar su máximo en 2043, cuando se estima el arribo de 3,518 extranjeros a nuestro estado.
En contraste, se espera que cada vez más potosino continúen migrando hacia el extranjero. Para este 2018, se estimó que 10 mil 307 potosinos dejaron el país, y esa cifra mantendrá un incremento promedio de 1% durante los siguientes siete años. Hacia 2050 se espera que dejen el país cerca de 11 mil 300 potosinos.
La dinámica migratoria de la población de San Luis Potosí requiere de la cooperación de todos los órdenes de gobierno (locales y federales), incluyendo la diplomacia internacional.
En este sentido, el espectro de cooperación gubernamental es muy amplio debido a que, en el ámbito local, implica el diseño de obras y políticas públicas pensadas en los movimientos poblacionales, mientras que en el ámbito internacional, incluye un complejo tratamiento que va desde la garantía de los derechos humanos, la movilidad de mano de obra entre países, así como aspectos culturales y políticos que se encuentran inmersos en una sociedad globalizada.
[1] Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México, www.colef.mx/emif
[2] Prontuario sobre poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Disponible en: file:///C:/Users/rgjon/Downloads/Pront_pob_mig_vul.pdf
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