Kiko Vega también es víctima de la inseguridad que no resuelve | Newsweek México


Kiko Vega también es víctima de la inseguridad que no resuelve



La inseguridad ya alcanzó un negocio del gobernador y se acercó a su esposa, pero él parece más concentrado en aumentar su patrimonio que en reducir la delincuencia.

 

Aunque aprovecha su posición para blindar a su familia y sus negocios, el gobernador de Baja California no se escapó de la inseguridad.

Un local suyo cerró luego de ser asaltado en más de una ocasión, y años antes, un narcotraficante vecino de su esposa fue detenido en un operativo federal donde hubo disparos.

Los atracos fueron a casas de empeño, un giro en el que participaba, aunque esta vez Francisco Vega no era el comerciante sino el arrendador del inmueble en la colonia Sánchez Taboada.

La balacera cercana a la casa de los Vega sucedió en 2008, cuando el narcotraficante Eduardo Arellano Félix fue acorralado en la privada Misiones del Pedregal, colonia donde Francisco Vega y Brenda Ruacho de Vega tienen una propiedad desde 2005.

Apenas seis viviendas separan la vivienda baleada del narcotraficante y la casa de la pareja.

Y aunque la inseguridad ronda los negocios del gobernador y a su familia, no ha bastado para que de cara al final de su mandato plantee una solución eficiente.

El proyecto de seguridad más promovido desde que inició su administración es un contrato de 789 millones de pesos para instalar cámaras y otras tecnologías en el estado.

Pero expertos en seguridad consideran que esta iniciativa conocida como C5i, está mal enfocada y acusan corrupción.

“La inversión mencionada no parece ser conmensurable al equipo incluido en el proyecto”, dijo en un artículo publicado en octubre Juan Manuel Hernández Niebla, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.

“Ese es un tema más de interés económico que de seguridad (…) Si traigo un derrame cerebral para qué me quieres poner un curita en el pie”, dice Javier Algorri, exsecretario de seguridad pública de Tijuana.

Esta investigación periodística encontró que Francisco Vega de Lamadrid prefiere zonas inseguras para comprar terrenos en los que después construye comercios.

Por el contrario, el gobernador y su familia poseen casas y departamentos en zonas con seguridad privilegiada, mientras las únicas tres propiedades comerciales que aparecen a nombre del ejecutivo siguen envueltas en violencia.

La primera dama del estado, Brenda Ruacho, compró dos lotes en poco más de $300,000 pesos en Misiones del Pedregal.

Desde que Vega ocupa el cargo y hasta agosto de este año, en la colonia Sánchez Taboada hubo 70 asesinatos.

La otra propiedad comercial que posee es la Plaza Aranjuez, en la colonia Villa Fontana, que en el mismo lapso sumó 30 homicidios.

Y el tercer activo comercial del gobernador es un local en Plaza Misión, en la colonia Soler, donde registró 17 asesinatos.

Así en cinco años de su mandato el gobernador de Baja California acumula 5,235 homicidios en Tijuana, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y es la ciudad donde más propiedades tiene.

La información obtenida en esta investigación también revela que conforme aumentaron los asesinatos en su sexenio, aumentó su negocio inmobiliario.

Entre los primeros cinco años del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y los de Vega de Lamadrid, los homicidios en Tijuana aumentaron 50%.

Y antes de ser gobernador, en 33 años la familia Vega realizó transacciones inmobiliarias por 77 millones de pesos que incluyen compras, ventas y donaciones, de acuerdo con datos públicos.

Pero en menos de seis años de su mandato, él y su familia han amasado más de 184 millones de pesos en movimientos inmobiliarios. Esto es un incremento del 139%.

Con todo y su bonanza inmobiliaria, la inseguridad lo limitó en una de la 63 propiedades que posee, de acuerdo con los hallazgos para este reportaje.

En aquel terreno de Sánchez Taboada que en 2003 compró por 120 mil pesos había viviendas que derrumbó para construir un local donde siempre han operado casas de empeño.

De acuerdo al Registro Público de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal del Consumidor, al menos de enero de 2016 a enero de 2017, en la propiedad de “Kiko” Vega operó Presta Fácil Casa de Empeño.

Francisco Vega eligió uno de los barrios más peligrosos de la ciudad para ampliar su lista de propiedades en Tijuana.

Aunque no es la única zona con graves problemas de delincuencia donde tiene negocios.

Apenas dejaba la alcaldía de Tijuana a finales de 2001, y en los siguientes dos años adquirió tres propiedades que hoy están rodeadas de asesinatos y otros delitos.

La primera fue el 14 de agosto del 2002 en la colonia Soler, delegación Playas de Tijuana, y la segunda 16 días después en el fraccionamiento Villa Fontana, delegación La Presa.

Un año después, el 22 de diciembre, invirtió en el predio de 140 metros cuadrados en Sánchez Taboada.

Ese lote igual que el de Villa Fontana tienen una ubicación privilegiada: están a unos metros de dependencias de gobierno y sobre avenidas principales.

Aún así el local del gobernador en Sánchez Taboada no libró a los asaltantes, según cuentan los vecinos.

“En el lapso de un año, yo creo. (Fue asaltado) como tres veces. Por eso cerraron”, dice Juan que tiene 36 años viviendo allí y también ha sido víctima de robos.

Ahora esa propiedad de Vega de Lamadrid está desocupada, y su entrada sirve como estacionamiento para un taller mecánico.

De aquel negocio de empeños que hizo popular a “Kiko” Vega como empresario en los años noventa, ahora solo quedan inmuebles.

Ya en 2010, el entonces diputado federal daba muestras de tener un desastre financiero en sus casas de empeño.

“La situación económica de la compañía continúa crítica, siendo el gasto de la operación y la falta de intereses los motivos por los que los resultados que muestran los estados financieros a la fecha de cierre de ejercicio, muestran una pérdida de operación”, reconoció en una asamblea de socios de Casa de Empeño de Baja California SA de CV, de acuerdo con documentos del Registro Público y el Comercio.

Esta razón social era mejor conocida como Monte de Baja California, donde el gobernador era presidente del Consejo de Administración hasta que con socios y hermanos disolvió la sociedad.

Y si antes la delincuencia era una amenaza para sus empleados en casas de empeño, hoy lo es para quien decide comprar o rentar cerca de sus propiedades.

Según documentos públicos, desde 1980 “Kiko” ha vendido 190 propiedades, entre terrenos y viviendas.

Pero en lo que va de su periodo de gobierno, los barrios donde están esas propiedades han padecido 2,772 delitos.

Esto significa que cada venta del gobernador se acompaña de 15 delitos.

Villa Fontana, donde con familia y socios tiene un centro comercial, no es la excepción.

En su plaza, ubicada frente a la delegación municipal Abelardo L. Rodríguez, locatarios afirman que en ocho años no han sufrido robos.

Pero comercios que están apenas cruzando la calle tienen una historia diferente.

El terreno donde construyó la Plaza Aranjuez mide 17,362 metros cuadrados, y en esa colonia, 17 personas han sido asesinadas.

Así que por cada 1,021 metros del centro comercial, una persona es asesinada en la colonia.

Samuel, empleado de una pollería, platica que le robaron un vehículo y que en varios negocios incluyendo donde trabaja, han robado por la noche.

“Le están quebrando los vidrios a los carros. Les roban estéreos o cuando dejan algo en el vehículo, y eso se está viendo muy seguido”, agrega.

De hecho por cada 21 metros de la plaza, un auto es robado en la colonia, de acuerdo a esta investigación.

En el local comercial que tiene en Plaza Misión, colonia Soler, comerciantes dicen que no son víctimas del crimen, pero a unos metros, el mes pasado balearon a una persona.

“Por allí por un lado de la caseta fue”, dice Martín Martínez, empleado de una farmacia.

Se refiere a una de las 15 casetas móviles donadas por el gobierno estatal y que el municipal instaló para combatir la inseguridad.

Hay otros esfuerzos para reducir la inseguridad durante el sexenio de ‘Kiko’, aunque también sin resultados visibles.

Uno de ellos fue la “Cruzada por la Seguridad” que promovía el trabajo de las corporaciones policiacas e incluía a todas las dependencias estatales.

La estrategia fue más una intensa campaña mediática que una estrategia de seguridad.

Hoy sólo se mantiene en los boletines de prensa del gobierno de Baja California.

En reuniones del Grupo de Coordinación se justificaba la falta de información bajo el argumento de alertar a los delincuentes.

Hay una tendencia en los gobiernos de “Kiko” y de Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, por combatir la inseguridad contratando servicios privados.

Aunque el contrato más sonado es el C5i, el ayuntamiento de Tijuana rentó 27 patrullas en más de 27 mdp.

También contrató a una empresa para reclutar a policías, con resultados estrepitosos: de 22 mil solicitantes, solamente 250 elementos resultaron aptos para ser policías y apenas 22 entraron a la academia.

“Yo a los dos los veo igual. Yo creo que los dos están viendo por sus negocios y sus temas”, acusa Javier Algorri Franco. “Eso qué te dice: corrupción”.

Algorri fue secretario de seguridad en Tijuana entre 2006 y 2007. Era el segundo año del trienio de Jorge Hank Rhon y los secuestros hacían a familias huir de la ciudad.

Tanto Vega de Lamadrid como Gastélum Buenrostro no han podido reducir la cantidad de homicidios que rebasó todo registro en Tijuana. 5,235 en en los últimos 5 años.

Julián Leyzaola dirigió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con mano dura y bajo acusaciones de tortura años después que Algorri y afirma que desde la seguridad se desvían recursos.

“Como el área de seguridad es la única donde no tienes que licitar, tú puedes hacer asignaciones directas a donde sea”, explica el militar en retiro.

“Cuando el gobierno necesita gastar o comprar algo, lo asignas a seguridad, pero no se lo das a seguridad. Ese es el desvío que se hace”.

Este comportamiento irregular no sólo es un problema porque se malgasta el dinero público, sino por las oportunidades de desarrollo que no llegan a colonias populares.

“Lo ves con estos dineros para prevención del delito que se van a otras cosas, en lugar de irse a las colonias donde hay mayor incidencia delictiva”, dice Algorri.

Expertos inmobiliarios reconocen que la inseguridad influye en el valor de una propiedad, pero hay otros elementos que inciden para abrir un negocio en una zona con ese problema.

Gustavo Chacón, presidente del Colegio Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California, dice que los clientes lo contemplan pero no inhibe el negocio.

Las personas que instalan comercios ya no lo hacen al azar, sino con estudios para prever su éxito o fracaso, asegura.

“También el tipo de futura clientela que podrían tener, el desarrollo que está teniendo la zona”.

Igual asiente que las autoridades pueden tener información de primera mano sobre cuáles son las zonas que están en desarrollo y cuánto crecerán.

Eso es lo que parece haber motivado a Francisco Vega en su último año como alcalde para vender un terreno público a su socio y testaferro Enrique Rafael Victoria Espinoza, y comprarlo él mismo un año después para construir su plaza comercial.

Entonces Villa Fontana era una colonia que empezaba a crecer pero la zona ya proyectaba recibir a miles de habitantes y crecer en infraestructura.

Venía la política gubernamental que buscaba descongestionar los centros urbanos y poblar las orillas de las ciudades.

Pero el proyecto no prosperó dejando a miles de personas de clase trabajadora en lejanas colonias, con servicios públicos deficientes, inseguridad y una reducción en el valor de sus propiedades.

“Es un cinturón”, dice el presidente del Colegio de Valuadores Estado de Baja California, Leonardo Topete Sánchez.

Por el contrario, agrega, en otras zonas de la ciudad hay una plusvalía de hasta 100% por la llegada de norteamericanos y nacionales que pueden pagar viviendas con todas las comodidades por menos de lo que pagarían en EUA.

Así que hay buenas expectativas en el futuro del negocio inmobiliario, el sector donde la participación del gobernador Francisco Vega es pública, no como su declaración patrimonial.

Paradójicamente argumenta que no informa a la ciudadanía sobre su riqueza por motivos de seguridad, y preguntarle si expondrá sus bienes antes de terminar el sexenio “es grilla”.

“Lamentablemente no vivimos en un país muy seguro y demás. Hay situaciones importantes que estoy obligado a cuidar, moralmente estoy obligado a cuidar”, responde al fin.

La inseguridad es una justificación recurrente de funcionarios que no transparentan sus propiedades, dice Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Parte del problema es que no hay contrapesos eficientes cuando órganos como el Congreso y la fiscalización están supeditados a los ejecutivos estatales, agrega.

Esto es evidente en la Legislatura de Baja California, donde el partido del gobernador, Acción Nacional, tiene mayoría y preside comisiones como las de Hacienda y Fiscalización.

Ahora, con un déficit de alrededor de dos mil policías municipales, desviar agentes de su responsabilidad con la ciudadanía es todavía más preocupante.

La SSPM dice que hay “candados” para evitar que agentes brinden atención especial a funcionarios, pero no es garantía.

El secretario Marco Antonio Sotomayor dice que las patrullas son distribuidas siguiendo una fórmula que incluye incidencia delictiva y cantidad de población, sin importar estratos sociales.

Explica que en Villa Fontana y en Sánchez Taboada, ambas colonias populares, el problema es narcomenudeo y robos cometidos por consumidores de drogas desempleados.

Encima está la mayoría de asesinatos, porque las autoridades sostienen que el fondo es la venta de metanfetamina en las calles.

En ese escenario los jefes policiacos deben disminuir la delincuencia en sus distritos, porque de eso depende su permanencia.

“No puedo asegurar que haya algún elemento que no siga las órdenes, puede suceder”, afirma Sotomayor.

Julián Leyzaola dice que cuando fue director de la policía de Tijuana en 2007, encontró “un desvío tremendo” de policías.

Aunque hay funcionarios que requieren escolta, a veces exceden cantidad y otros frivolizan la protección de sus familias.

“Regularmente un secretario de seguridad nunca se va a negar, porque es un subordinado del presidente”, dice Leyzaola Pérez que desde la pasada elección busca la alcaldía de Tijuana.

Cuando Algorri llegó al segundo año de la administración de Hank, calcula que encontró unos 200 policías en comisiones ajenas a la protección de ciudadanos.

“Si muere un policía, hasta el propio seguro dirá: oye, ¿qué estaba haciendo ese elemento aquí? ¿Andaba uniformado, andaba en labores oficiales? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Sí puede pasar, pero es malversación de fondos”, asienta.

Y aunque reconoce que ya hay estrategias para evitarlo, la atención privilegiada para servidores públicos sigue existiendo.

Una muestra sucedió el pasado octubre en Lomas de Aguacaliente, un cotizado fraccionamiento de Tijuana.

Un reporte de robo con violencia movilizó a un importante número de patrullas de distintas corporaciones que acordonaron la calle mientras servicios periciales trabajaba en la vivienda.

El nivel de reacción, que difícilmente recibe un ciudadano común, fue porque era el domicilio de un familiar del diputado Víctor Morán.

El mismo legislador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), confirmó que su familia llamó al número de emergencias.

“Lo que dijo ella para que la atendieran rápido fue que era mi hermana. Y las autoridades, aprovecho para darles las gracias, acudieron de inmediato”, dijo el legislador.

De algo parecido fue señalada la regidora panista Ivette Casillas.

La presencia regular de una patrulla municipal frente a su negocio en la zona centro de Tijuana levantó sospechas de favoritismo.

La SSPM dice que esa colonia tiene distintos operativos por su complejidad, y la presencia de la unidad obedece a uno de ellos.

La edil cuenta que el negocio familiar tiene 60 años en ese sitio, y la policía estaciona la patrulla en esa y otras avenidas para que policías vigilen pie tierra.

“A veces la estacionan en frente de la (zapatería) 3 Hermanos, que es el negocio aledaño a mí. Porque está a mitad de la cuadra y porque tenemos en la esquina un ascenso y descenso para personas con discapacidad o descarga de mercancía”, añade.

Lo cierto es que los ejecutivos usan a modo mandos policiacos municipales y estatales, pero el problema no ha sido estudiado, dice Javier Oliva Posada, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

“Los funcionarios terminan usando a los policías como guardias de seguridad y choferes”, comenta.

Y el ejecutivo de Baja California no está exento.

Su familia goza de protección pero no como para mantenerlos aislados del narcotráfico.

La casa de Brenda Ruacho de Vega en Misiones del Pedregal contaba con caseta de vigilancia pero era vecina de Eduardo Arellano.

Brenda compró el terreno en 2005 y en 2016, “Kiko” reconoció en documentos públicos que ahí vivía.

Su hija Zarema compró otro lote en una colonia a la que sólo se entra con invitación.

La privada se llama Hacienda Don Juan, y el terreno que compró en 2014, costó poco más de 1.8 millones de pesos.

En ese terreno sobre calle Herradero hay una casa con acabados blanco y gris protegida por una caseta de control, y una puerta automatizada vigilada por al menos un guardia.

“Esta privada es lo más seguro y exclusivo dentro de lo más seguro y exclusivo de Hacienda de Agua Caliente”, dice un agente inmobiliario.

Con vista al club Campestre, vive Zarema Labastida, primera esposa del gobernador.

La casa sobre avenida José de Jesús Clark del fraccionamiento Chapultepec, era propiedad de “Kiko”, pero se la donó tras divorciarse.

Esta propiedad vale 6.3 millones de pesos y es vigilada por un escolta.

También su hermano menor, el arquitecto Enrique Vega, está protegido.

“La seguridad de su hermano y de su familia nuclear aumentó mucho desde que llegó Kiko a la gubernatura”, dice un residente de Cumbres de Juárez.

De hecho, la mansión de “Kiko” Vega está frente a la casa de su hermano sobre la calle Cumbres de Maltrata.

Con la llegada del gobernador a Cumbres de Juárez, llegó también la policía.

“Había patrullaje de un guardia de seguridad del fraccionamiento por las calles y por la Casa Club, y nada de patrullaje de policías”, dice el vecino.

Sentado en su balcón y con la mansión del gobernador de fondo, admite que goza indirectamente del beneficio. “De cierta forma nos sentimos más seguros y tranquilos por la presencia de la policía municipal”.

Ahora el problema que tienen es la falta de estacionamiento por las escoltas.

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