Como resultado del “Juicio popular contra el Estado y las mineras”, integrantes de organizaciones sociales y comunidades demandaron la cancelación de 322 concesiones otorgadas a empresas que sustraen materiales de diferente índole en la entidad, así como la revocación de las 41 vigentes.
Como parte del “Informe del Juicio Popular” efectuado el 11 y 12 de octubre, autoridades municipales y miembros de la sociedad civil denunciaron que este tipo de empresas se instalaron sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
De tal forma que exigieron al gobierno entrante que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que atienda el reclamo de los pueblos.
El representante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes señaló que alrededor de 60 comunidades de los 90 municipios en cuyo territorio hay concesiones mineras, han demandado la cancelación y se han señalado que estas empresas no representan una vía de desarrollo.
“La minería violenta sistemáticamente los derechos de los pueblos y comunidades de Oaxaca, puesto que el gobierno concedió el cinco por ciento del territorio estatal a estas compañías extranjeras”, sostuvo.
En el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, afirmó que existen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades comunitarias, así como de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan los proyectos mineros.
Con la presencia de las autoridades de San Juan Guelavía, Magdalena Teitipac, El Vergel, Los Ocotes, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San José del Progreso, San Dionisio Ocotepec, Xaaga, perteneciente a los Valles Centrales, así como La Ventosa, Juchitán, Zanatepec en el Istmo y Mihuatlán de la Sierra Sur, aunado a San Juan Chicomezúchil, Lachixila, Juquila Vijanos, San Miguel Tiltepec y Capulalpam de Méndez en la Sierra Norte, demandaron la recuperación de sus territorios.
Respaldados por la Asamblea del Pueblo Chontal que integra 18 comunidades de la zona, se pronunciaron por el mantenimiento de la propiedad colectiva de sus tierras y bienes comunes naturales.
Entre las demandas al nuevo gobierno se encuentra la exigencia de ratificación por parte del Senado de la República del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
También exigieron que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.
