La Secretaría de la Función Pública define a la corrupción como el abuso del poder para el beneficio propio, ya sea económico o de otra índole. En Guanajuato, alrededor del 91% de la población de 18 años y más afirma que la incidencia de esta acción es frecuente o muy frecuente.

Asimismo, los pobladores perciben que los sectores en donde más se presenta la corrupción son la policía, los partidos políticos y el poder legislativo.

Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 (ENCIG), elaborada por Inegi, indican que, del total de la población guanajuatense de 18 años y más que vive en áreas urbanas (poco más de 1.81 millones), el 43%, es decir, alrededor de 775 mil 900 personas, afirman que la corrupción en Guanajuato es muy frecuente.

Superior a lo anterior, el 48% de esa población (872 mil 127 personas) percibe que la corrupción se presenta en la entidad de manera frecuente. Solo el 7.9% cree que es poco frecuente y únicamente el 0.8 % aseguró que en Guanajuato no hay corrupción.

Los tres más corruptos

Para la población guanajuatense la policía es el sector en donde se presentan más actos de corrupción. Los datos de la ENCIG indican que para el 51.2% de la población guanajuatense de 18 años y más los policías incurren en actos de corrupción de manera muy frecuente y el 39% piensa que sucede de manera frecuente.

Los partidos políticos son la segunda cuna de la corrupción en el estado, debido a que el 51.9% de los guanajuatenses de 18 años y más afirmó que en este sector los actos de corrupción se presentan de manera muy frecuente, mientras que el 35% indicó que sucede de manera frecuente.

El poder legislativo es el tercer sector en donde abunda la corrupción, según la percepción de la población de Guanajuato (de 18 años y más), debido a que el 47% cree que la incidencia de la corrupción suele pasar de manera muy frecuente entre los diputados y senadores, mientras que el 39.6% opina que es frecuentemente.

¿Eficiencia de las leyes anticorrupción?

El Instituto Mexicano para la Competitividad, Coparmex y Transparencia Mexicana elaboraron en junio de 2017 el Semáforo Anticorrupción, el cual tiene la finalidad de documentar y estudiar la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales.

La Reforma Constitucional en torno a este tema es uno de los dos elementos que el Semáforo Anticorrupción evalúa, en la cual Guanajuato registró una implementación del 80% de dicha reforma, lo que la califica como regular.

El otro elemento es la Ley del Sistema Local Anticorrupción, en donde nuestro estado registró el 77% de la implementación de la Ley, lo que la calificó también como regular.

Los resultados que otorga la ENCIG 2017 confirman lo que el semáforo indica. Las leyes anticorrupción que han sido implementadas de manera regular en el estado no están funcionando.

De acuerdo con los datos de la encuesta, para el año pasado existían 8 mil 968 personas (de 18 años y más) por cada 100 mil habitantes en la entidad que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron, lo anterior es equivalente a 110 mil 258 usuarios. Sin embargo, la encuesta indica que el total de trámites en los que existió alguna experiencia de corrupción fue 162 mil 843 casos.

Lo anterior implica que  de los 110 mil 258 usuarios, en promedio cada uno de ellos experimentó algún acto de corrupción en 1.5 trámites.

Aunado a lo anterior, los datos indican que 35 mil 114 guanajuatenses (de 18 años y más) por cada 100 mil habitantes tienen algún conocido que experimentó algún acto de corrupción en la realización de algún trámite.

Corrupción en México

A nivel nacional, México tuvo uno de los peores sexenios en materia anticorrupción durante la gestión pasada. Según cifras de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 19 dependencias gubernamentales habían presentado desvíos de recursos por más de seis mil 650 millones de pesos, por lo cual fueron presentadas más de 60 denuncias en contra de funcionarios de dichas instituciones. La secretaría que presentó más desvíos de recursos, según esta organización, fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se registraron desvíos de más de mil 748 millones de pesos, seguida por Pemex, con desvíos de hasta mil 143 millones de pesos.

La misma organización señaló en el documento “Índices de Competitividad Estatal y Urbana 2018: ¿Ahora con quién me enojo? Herramientas de exigencia ciudadana” que, en México, una de las razones por las que existen altos niveles de corrupción es el exceso de trámites debido a sus altos procesos burocráticos, por lo cual es necesaria una reforma regulatoria, además de la existencia del denominado Ramo 23, donde existen grandes márgenes de discrecionalidad y generan el llamado “fondo de moches”.

Muchas instituciones han realizado iniciativas para detener este nivel de corrupción existente en México. Una de las primeras fue la iniciativa #TresDeTres, con la que se busca transparentar los recursos de los funcionarios públicos, o la iniciativa #Reforma102, la cual busca hacer una reforma eficaz al Artículo 102 Constitucional para crear una Fiscalía General de la República autónoma y con el suficiente poder como para juzgar a funcionarios públicos que realicen actos de corrupción.

El costo de la corrupción

Para la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social. Los datos que proporciona la organización indican que cada año se paga alrededor de un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales por la corrupción, lo equivalente al 5% del Producto Interno Bruto de todo el mundo.

Además, de acuerdo con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo se calcula que en los países en desarrollo se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor a la que se dedica a la asistencia oficial para el desarrollo.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, de Transparency International, pese a los esfuerzos llevados a cabo en decenas de países para frenar la corrupción, los avances, cuando los hay, son demasiado lentos. El caso de México es alarmante: en una escala de 0 a 100, en la que 0 indica mayor corrupción, México empeoró al pasar del lugar 30 en 2016 (de 180 países) al 29 en 2017.

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