“El perdón y olvido” que ofrece Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los actores políticos que incurrieron en actos de corrupción es riesgoso, puesto que puede perpetuar el ciclo de la impunidad, advirtió Eliseo Rosales Ávalos autor del libro “Sistema Nacional Anticorrupción. Problema de todos, responsabilidad de nadie”.
Entrevistado en el marco del conversatorio “Los pilares del sistema nacional anticorrupción” celebrado en Oaxaca, señaló que la propuesta del próximo mandatario pareciera privilegiar el acuerdo político.
Reconoció que en este momento el país se encuentra en la disyuntiva de la sanción a los corruptores y a los corruptos, contra el perdón y olvido.
“La propuesta (del mandatario que tomará posesión este sábado) privilegia el acuerdo político y la estabilidad. Sin embargo, el borrón y cuenta nueva presupone que todos los que entrarán a los puestos públicos se van a portar bien o no serán corruptos porque les bastará con el ejemplo del líder, ese presupuesto tiene sus puntos débiles y lo que queda como amenaza es perpetuar el ciclo de la impunidad”, afirmó.
Añadió que al no existir sanciones el esquema preventivo deja de funcionar.
“México es el único país en Latinoamérica que no ha tocado a un presidente o líder de la nación, pese a los escándalos de corrupción en los que han estado envueltos. De acuerdo a lo planteado por el presidente electo, el 10 por ciento del presupuesto se destinaba a la corrupción”, precisó.
Y añadió que por su parte, el Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi) estima que el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se va al “hoyo negro” de la corrupción.
Los datos, advirtió, son contundentes y provoca otros conflictos alrededor: el binomio corrupción e inseguridad generan un “impuesto” a los ciudadanos que además merma su calidad de vida.
Ante ello, en su libro plantea la posibilidad de fortalecer la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en este último caso lamentó que solo el cuatro por ciento de las auditorías tienen sustento, el resto “se cae” y eso impide que haya aplicación de sanciones.
Enfatizó que no se trata de “hacer kilos de auditorías”, sino detallar observaciones que permitan la sanción del o los servidores públicos que incurren en irregularidad y cerrando terminar con el círculo de la impunidad.
Para poner en marcha el Sistema Anticorrupción se requiere la prevención, mediante la profesionalización de los servidores públicos, la creación de códigos de ética y manuales; así como la investigación a profundidad de los casos, a través de la detección y la realización de auditorías, fiscalización de los recursos.
Es necesario después de ello dar paso a las sanciones y la ejecución de las sentencias que no solo representen un castigo, sino la posibilidad de recuperar los recursos desviados.
Consideró fundamental “poner en ruta” el Sistema y sobre todo, construir un pacto social que esté basado en el respeto a la legalidad “tenemos que respetar la ley es mejor que no hacerlo”, recurrir a la tecnología para evitar las ventanillas, establecer leyes y gobiernos amigables, recuperar la confianza en los ciudadanos y los gobiernos, así como actualizar la “Ley de adquisiciones y obras públicas” porque la que funciona actualmente fue creada en 1992.
Con los cambios adecuados, el país podrá reducir los índices de percepción de la corrupción en un periodo de tres años “los mexicanos ya no aguantamos más tiempo y se podría generar un problema de gobernabilidad”, concluyó.
