La juez de la Segunda Sala de Oralidad del Poder Judicial del Estado giró una orden de aprehensión en contra del ex auditor del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS), Arturo Solano López, luego de que no se presentara a la audiencia por segunda ocasión consecutiva.

Incluso, previo a la audiencia de este martes, agentes ministeriales acudieron con una orden de comparecencia a su domicilio y a un negocio de su propiedad para llevarlo a la audiencia pero no se encontraba en dichos lugares.

El ex funcionario estatal durante la administración de Carlos Lozano de la Torre está señalado por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público y cuenta con al menos dos carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

La primera de ellas, que ha dado pie a la audiencia de este martes, es por la presunta contratación irregular de trabajadores en el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes en el año 2016, los cuáles fueron registrados en la nómina del organismo pero otras personas cobraron los cheques a su nombre.

¿Cómo se fraguó la contratación irregular de personal en el OSFAGS?

En la audiencia maratónica, que duró más de 6 horas, la juez desahogó las incidencias que ligaban en el caso a otras dos personas por la contratación irregular de personal para el OSFAGS.

Las personas señaladas por el delito de peculado son Juan José Ríos López, que fungía como director administrativo del órgano, así como Claudia Soraya Rodríguez González, que era asistente personal de Arturo Solano.

La parte acusadora –la Fiscalía General del Estado- señaló que en julio de 2016, Arturo Solano López solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado, encabezada por Alejandro Díaz Lozano, un recurso extraordinario de dos millones de pesos para la contratación de 17 trabajadores para el área de auditoría, “debido a la alta carga de trabajo” del OSFAGS. El recurso le fue aprobado por la tesorería estatal.

Para la contratación del personal, se echó mano del esposo de Claudia Soraya Rodríguez, quien laboraba en un centro de atención de la empresa de telefonía Telcel, en donde solicitó documentación de varios compañeros de trabajo, a quiénes se les prometió el trabajo de auditores en el Órgano Superior de Fiscalización.

Sin embargo, de las 17 plazas sólo se contrataron a cuatro personas, quiénes sí laboraron físicamente en el organismo, mientras que las 13 restantes nunca realizaron labores en el OSFAGS pero sí se emitían sus cheques de nómina.

Debido a ello, en las auditorías se contabilizaron 58 cheques que fueron cobrados por los “empleados fantasma”, algunos de ellos tenían incluso errores ortográficos y en el orden de los apellidos de los supuestos trabajadores.

Fue uno de los 13 afectados, quién al solicitar empleo detectó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que había “recibido” la nómina como auditor del OSFAGS, aunque físicamente nunca laboró en ese lugar, acreditando que otra persona había estado cobrando los cheques a su nombre.

Por ello, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en enero de 2018.

Derivado de la audiencia de este martes, la juez determinó vincular a proceso al ex director administrativo del OSFAGS, Juan José Ríos López, pero no así a Claudia Soraya Rodríguez González, debido a que no se podía configurar el delito de peculado al no ser una funcionaria directa del órgano de fiscalización.

Cabe destacar que este proceso jurídico es externo a la denuncia penal promovida por el entonces diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en la LXIII Legislatura, Jaime González de León, en contra del ex auditor superior del estado por el delito de ejercicio indebido de la función pública, en donde se incluyen irregularidades en adquisiciones, contratos con proveedores y la contratación irregular de plazas, entre otros aspectos.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Aguascalientes, Jorge Humberto Mora Muñoz, aseguró que dicha carpeta de investigación aún sigue pendiente de judicializarse debido a las evidencias que permitan acreditar los delitos por los que se le señala al ex auditor estatal.

“Dentro de las carpetas de investigación que tenemos, que son objeto de investigación, existen otras conductas acontecidas en el Órgano Superior de Fiscalización que todavía son materia de investigación. Este caso es a raíz de la denuncia presentada por un particular y de ahí encontramos los demás cuestionamientos. La otra denuncia se sigue investigando y estamos aportando elementos, son entre 30 o 40 situaciones que estamos trabajando”.