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Luego de tres legislaturas, un veto a una ley aprobada en 2013 y la tenacidad de representantes de la sociedad civil, diputados de la XXII Legislatura aprobaron la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California.
Con la aprobación del dictamen 45 de la Comisión de Justicia y la eventual firma del decreto de ley por el gobernador Francisco Vega, el Gobierno del Estado se compromete a reconocer la deuda que tiene con víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos registradas por los institutos de derechos humanos.
“Ahora la violación de los derechos humanos no es nada más un opción para una recomendación. Ya es por derecho constitucional el respeto a los derechos de todas las personas, por todas las instituciones, por todos los funcionarios”, explica María Trinidad Vaca Chacón, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Religiosos y Familia y una de las dos inicialistas.
La legisladora refiere que la nueva ley obliga a la administración estatal a reparar el daño mediante la atención médica, psicológica, jurídica y de cualquier otra necesidad que resulte a partir de la vulneración de los derechos.
También ordena una compensación económica que permita acercar lo más posible a las personas a su situación previa al perjuicio.
De acuerdo al documento aprobado, la ley contará con un Fondo Estatal de Ayuda, Atención y Reparación que será asignado por el gobierno del estado, el cual se anunció de manera preliminar con un monto de 5 millones de pesos.
Melba Olvera, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc), considera que el recurso será insuficiente, pues el 98% de las 213 víctimas registradas por el organismo, requieren la reparación económica.
Uno de los casos es el de 19 alumnos de 4 y 5 años de edad del preescolar “3 de Mayo de 1535”, de Tijuana, que fueron abusados sexualmente por su maestro de inglés en 2016.
Las cantidades para reparaciones de daño a nivel federal, refirió el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California e impulsor de la creación de la Ley, Fernando Ocegueda, oscilan entre los 800 mil y el millón de pesos por persona.
Vaca Chacón admite que el monto es insuficiente para la cantidad de víctimas, pero es una cifra de la que se parte debido al apremio para aprobar la Ley, antes de finalizar el presupuesto del próximo año, en el que la cantidad podrá modificarse.
La ombudsperson y el activista coinciden que el recurso mínimo anual ascendería entre 15 y 18 millones de pesos; y confían en que además del fondo, el presupuesto para la operación de la Comisión pueda incrementarse en los próximos años.
La Ley reconoce como víctima a aquellas personas o grupos de personas que fueron perjudicados por un delito o la violación a sus derechos humanos por acción u omisión de un servidor público en funciones.
Aunque desde hace unos años Baja California padece violencia de la delincuencia organizada que ha dejado este año más de dos mil asesinatos, los grupos más vulnerables a violaciones de derechos humanos son las personas mayores, niños y adolescentes, mujeres indígenas, migrantes e integrantes de la población LGBTI.
El principal derecho vulnerado es la seguridad jurídica: cuando se deja de cumplir con la ley en el servicio público.
Con la aprobación de la Ley en el Congreso, la entidad se coloca como la penúltima del país en adecuar la Ley General aprobada desde 2013, sólo antes del estado de Guanajuato.
Pero la creación de esta ley no ha sido un camino fácil. Tuvieron que pasar cinco años y tres legislaturas locales durante las que se presentaron diversas propuestas que no prosperaron debido a limitaciones financieras y de tiempo.
En cumplimiento del mandato de la Ley General para que las entidades federativas crearan una normatividad local, la XX Legislatura de Baja California aprobó en 2013, la llamada Ley Estatal de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito, con la que se convertía en la primera entidad en tenerla.
Sin embargo, cuando sólo se esperaba la firma del entonces gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, este, por el contrario, vetó el dictamen, arguyendo inviabilidad financiera.
Unos meses después, la XXI Legislatura retomó el pendiente y recibió tres iniciativas de diputados y una ciudadana. La intención era fusionar los cuatro proyectos de ley en uno, pero ésta no avanzó y la Comisión de Justicia no alcanzó a dictaminarlo a tiempo.
Con el arranque de la legislatura vigente, por solicitud de la Cedhbc y organizaciones de la sociedad civil, la diputada María Trinidad Vaca Chacón tomó como prioridad de la Comisión que preside la creación de una ley de víctimas e inició su proyecto.
Posteriormente, su homóloga Victoria Bentley presentó su propia iniciativa para los mismos fines. Ambas propuestas fueron analizadas en conjunto con la Cedhbc, abogados, activistas, académicos e integrantes de la sociedad civil.
Como todas las leyes, la de Víctimas del Estado es un documento perfectible, admite la inicialista María Trinidad Vaca Chacón.
Con las observaciones de todas las partes, se consensuó un proyecto de ley que obtuvo la aprobación en comisión a mediados de septiembre pasado.
Dos semanas después y tras casi tres años de intenso trabajo, el 27 de septiembre, el pleno del Congreso aprobó el dictamen con el que se crea la Ley de Víctimas del Estado.
Con esos antecedentes, la diputada María Trinidad Vaca Chacón considera que se trata de un logro que se alcanzó gracias al impulso de las asociaciones civiles, activistas y de los propios sujetos protegidos por la ley.
“Es un logro, puesto que ya estábamos un poco rezagados”, reconoce la diputada en entrevista.
Ahora, nuevamente, solo se espera a que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid estampe su firma y ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado antes de que se cumpla el plazo de 90 días.
Según el mandatario, la demora se debe a que se encuentran planeando el presupuesto del próximo año y no se ha acordado el recurso que le corresponderá a la ley.
“Yo creo que ese asunto, ese capítulo, va a estar concluido pronto”, adelantó y aseguró que no vetará la ley, como sucedió hace cinco años.
“A lo menos de mi parte, no. De mi parte no va haber veto, tengan ustedes por seguro. De que va haber ley, va a haber recurso y va a haber fondo, asegurado”, enfatizó.
En sus 175 artículos, la nueva ley sienta las bases de una nueva estructura institucional que atenderá al sector de la población que ha visto vulnerados sus derechos.
Establece la creación y operación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, del que se derivará la Comisión Ejecutiva Estatal, integrada por un comisionado ejecutivo estatal y una Junta de Gobierno, formado por el gobernador y titulares de secretarías.
El comisionado será nombrado por el Congreso del Estado con base en una terna que presentará el Poder Ejecutivo, previa consulta con asociaciones y especialistas.
Entre las tareas del comisionado estarán administrar el Fondo de Apoyo y proponer a los candidatos para integrar el Consejo Consultivo Ciudadano, el órgano de apoyo, consulta y opinión de carácter honorífico, formado por cinco ciudadanos elegidos por el Congreso a propuesta de organizaciones de la sociedad civil o académicas.
También se contempla la creación de un Registro de Atención a Víctimas, con base en la información proporcionada por la Cedhbc sobre las quejas de las que se emitió una recomendación.
Para determinar el tipo de apoyo que requiere cada víctima y el monto económico para la reparación del daño, se contempla un Comité Interdisciplinario Evaluador.
Actualmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Salud son los entes gubernamentales que realizan las tareas de atención a víctimas. Mientras que la Secretaría General de Gobierno es la responsable de la reparación de daño económico, en tanto no exista una Comisión Ejecutiva Estatal.
Una de las personas para las que se ha solicitado la reparación económica en esa modalidad es Adrián Vázquez Lagunes, quien, en 2012, fue torturado por policías estatales en Tijuana, para que confesara ser “El Macho Prieto”, un líder narcomenudista del cártel de Sinaloa, razón por la que fue encarcelado durante más de tres años.
Vázquez Lagunes recibió un adelanto del monto correspondiente y una vez creado el Registro de Atención a Víctimas, tendrá derecho a ingresar y gozar del Fondo.
Su queja fue interpuesta ante la Procuraduría de Derechos Humanos y fue el sujeto de la última recomendación realizada por el extinto órgano.
Para el funcionamiento de la Ley de Víctimas del Estado, los recursos humanos, financieros y materiales utilizados por las entidades públicas que atienden este sector, deberán pasar a la Comisión Ejecutiva Estatal.
La ombudsperson señaló como uno de los retos, la asignación de un edificio propio para la Comisión y la apertura de nuevas plazas para personal.
Por su parte, Fernando Ocegueda señala como otro de los puntos discutible la designación del comisionado con base en la terna determinada por del Poder Ejecutivo y el requisito de nivel de estudios de licenciatura, que limitaría el acceso a personas sin esa formación, pero con experiencia en atención a víctimas y conocimiento en derechos humanos.
En ese sentido, la diputada Vaca Chacón explica que se trata de una disposición señalada desde la Ley General.
Finalmente, la titular de la Cedhbc consideran que en el futuro, la Ley de Víctimas puede ser modificable.
Como todas las leyes, la de Víctimas del Estado es un documento perfectible, admite la inicialista María Trinidad Vaca Chacón.
Es el inicio en el camino de la reparación de la deuda del Gobierno del Estado con las víctimas y con la posibilidad de que se adecue a las necesidades de éstas.
“Aquí en el Congreso, la mayoría de los diputados la consideramos la ley de leyes en materia social, en materia de derechos humanos… Era una deuda con Baja California”.
