Marisol Flores / Pachuca

(Con información de Gerardo Ávila)

El 17 de noviembre de 2017, María de los Ángeles Hernández Pérez inició por el delito lesiones –que derivaron en un aborto– una denuncia contra Diana Karina de la Cruz Méndez, regidora de Encuentro Social (PES) en el ayuntamiento de Metztitlán. Diez meses después se encuentra en espera de que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) confirme la fecha de la audiencia inicial de la carpeta de investigación 09-2017-027, afirmó.

La omisión por parte de las autoridades judiciales derivó en que el 22 de mayo de 2018 iniciara una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), con expediente ZA-0212-18.

En entrevista con Criterio, Hernández Pérez relató que el 17 de noviembre del año pasado, en estado de gestación, fue golpeada por la edil pesista cuando se encontraba en el desfile cívico conmemorativo de la Revolución Mexicana, en el que su hija participó, tras salir por unos minutos para comprar un presente a la infante.

“Alcancé al contingente donde iba mi hija. El desfile se detiene y en eso cruzo miradas con la regidora, de nombre Diana Karina de la Cruz Méndez. Ella, con una mirada burlona y provocativa, me dice entre dientes ‘pendeja’, y le conteste ‘pendeja tú’. La regidora cruza la calle en la dirección en la que estaba para agredirme verbalmente…”, asentó en su declaración de hechos ante la CDHEH, efectuada el 25 de mayo.

Tras la confrontación verbal, afirmó ante el organismo público, la asambleísta pasó a la agresión física.

“Utilizaba sus rodillas para golpearme en distintas partes del cuerpo, entre ellas en la parte del estómago y vientre, a lo que yo le dije que no me pegara porque estaba embarazada, haciendo caso omiso, ya que continuaba pegándome con más fuerza”.

Señaló que el conflicto con la asambleísta surgió por diferencias familiares derivadas de la relación sentimental entre su padre, quien participa en la política en Metztitlán, y a la mamá de la pesista. Antes del incidente, la edil solo había proferido insultos a ella y sus cuatro hermanas, dijo.

“Ese día iba yo sola. Ella ya me insultaba (con anterioridad), pero nunca pensé que fuera a pasar esto. Aparte, yo qué; en primera, yo soy una persona ya con familia: tengo mi esposo y mi hija. Pues realmente no tenía caso lo que hizo, como que siento que ella (Diana Karina) actúa muy impulsivamente. No soy (a) la primera persona que ha agredido, pero sí la única persona que se ha atrevido a alzar la voz…Ella me ataca físicamente, pero yo estaba embarazada”, mencionó en entrevista.

Hernández Pérez fue detenida y llevada a la comandancia por el policía Jesús Rebolledo, no así la regidora. Al llegar con el juez conciliador, este le comentó que, de no llegar a un acuerdo con la edil, la detendrían por 72 horas.

La afectada, de 30 años, pagó una multa y se dirigió al Ministerio Público para iniciar la denuncia 09-2017-027 –a la que tuvo acceso Criterio–, en la cual quedaron asentadas las acusaciones.

Por orden del MP, la víctima se trasladó con el médico legista de Zacualtipán, pero tuvo que esperar 24 horas por que no estaba. Un día después, el especialista certificó que al momento de la agresión se encontraba embarazada, luego de mostrar exámenes de sangre.

La quejosa señaló que desde ese día tuvo un dolor intenso en el vientre, y al siguiente comenzó con sangrado, por lo que el 25 de noviembre acudió al doctor, quien le ordenó reposo por amenaza de aborto. Desde ese momento, su embarazo fue calificado médicamente de alto riesgo.

“A los dos días (de la agresión) empecé con un sangrado, fue un domingo (19 de noviembre); mi médico me dijo que estuviera en cama… Tenía que ir a la ampliación de la declaración, pero ya no fui, hablé por teléfono que no podía ir por la amenaza de aborto. Después ya fui a la ampliación de declaración y allí fue cuando llevé el certificado del doctor (en el que acredita el embarazo)… Pasaron los días, pero no hacían nada, pregunte por qué y me dijeron que no había llevado unos documentos, entonces se los volví a dar… A partir de ese momento siempre solicitaba un sello en una copia que llevaba”, expresó.

Casi cuatro meses después, el 11 de marzo de este año, la mujer tuvo un “aborto inevitable de 20 semanas secundario a ruptura de membranas”, en la clínica Biomédica de Pachuca. Según la relatoría realizada por el médico Nicolás Salazar Pérez en el documento que da fe del procedimiento quirúrgico, el antecedente de la interrupción del embarazo fue la agresión del 17 de noviembre de 2017, “sin lograr remisión a pesar del tratamiento médico”.

Ello, señala el escrito expedido el 17 de mayo, puso en peligro la vida de la madre, quien mencionó que la ruptura le provocó una infección en el útero.

Lo anterior quedó acreditado por el perito Rey David Sánchez García, forense oficial de la PGJH, ocho días después. El médico concluyó que, además de tardar más de 15 días en sanar y poner en peligro la vida de María de los Ángeles, las consecuencias de las lesiones le limitan “la función uterina para la gestación por más de un año”.

El embarazo de su primera hija, cinco años atrás, afirmó, fue considerado normal, pese a ser escaramuza y caerse del caballo.

“Me considero una persona bien, no padezco de presión ni estoy diabética ni cosas así. Me mantengo saludable, y pues sí, a raíz de allí, porque en las dos primeras semanas (de embarazo) si viene mal algo, luego, luego se manifiesta; pues nada… Cuando me empecé a sentir mal (después de la agresión), me dijeron que tenía un hematoma; me mandaron a reposo 10 días; ya de allí dejé de sangrar”, recordó.

Antes de la interrupción “inevitable” del embarazo, mencionó, no acudió a las autoridades judiciales para conocer el avance de la denuncia porque dio prioridad a su embarazo.

“Desde esa fecha (17 de noviembre) hasta el 11 de marzo mi embarazo fue considerado de alto riesgo”, dijo.

En ese periodo, señaló que tuvo otro sangrado, a finales de febrero, por el cual estuvo otros 10 días en reposo, lo que también generó gastos por el tratamiento.

Posteriormente, el 9 de mayo, solicitó al Ministerio Público la reclasificación del delito.

Manifestó que la regidora no le ha ofrecido reparación de daño, aunque afirmó que no lo busca.

Por la intervención quirúrgica para retirar el producto (pues su vida estaba en riesgo) pagó 30 mil pesos, más 11 mil de la clínica, sostuvo.

“De los medicamentos que me recetaron desde noviembre a marzo no guardamos nada (de facturas). Yo lo que pido (sic) es que ella no puede ir por la vida golpeando a personas”, agregó.

Aunque el 29 de junio el agente del MP Cutberto Castillo Chávez solicitó al juez de distrito judicial del Metztitlán fecha para la audiencia inicial sin detenido por el delito de lesiones contra María de los Ángeles, la víctima afirmó que no se ha llevado a cabo.

Criterio solicitó a la edil pesista su versión de los hechos, pero se limitó a contestar que es inocente del delito que se le acusa.

“Mire, yo respeto su trabajo, pero no le veo el caso a la entrevista, ya que de cualquier forma usted publicará la nota. Yo confío y respeto las instancias y autoridades; demostraré que soy inocente con apego a derecho y que lo que dice la quejosa son sólo calumnias (sic)”, respondió De la Cruz Méndez a través de WhatsApp.

Datos

• Previo al aborto forzoso, el 9 de marzo María de los Ángeles se practicó un ultrasonido, a través del cual el médico detectó que tenía una ruptura de membrana y había infección en el útero
• Tras la inevitable pérdida del producto, el especialista realizó la reconstrucción de una quinta parte del útero
• Lo anterior quedó documentado en la carpeta de investigación 09-2017-027
• La mujer de 30 años, quien aún no obtiene justicia, también ingresó un documento para solicitar la intervención del ayuntamiento de Metztitlán
• María de los Ángeles envió un escrito a la dirigencia municipal de Encuentro Social para acusar la agresión de la servidora pública