La desaparición del Consejo de la Judicatura, avalada por la LXIII Legislatura representa un retroceso de por lo menos dos décadas en el andamiaje jurídico sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial, advierte el magistrado Alfredo Lagunas Rivera.
El hasta hace unos días consejero presidente de dicho órgano, considera el hecho como una “desavenencia jurídica que tendrá que resolverse en esos términos y no políticos”, la cual además no es acorde con los criterios de rendición de cuentas y transparencia que se promueven en el país.
En entrevista con Newsweek en Español, resalta que se encuentra, juntos con los otros consejeros, en proceso de valoración legal, respecto a esta reforma que fue publicada en el Diario Oficial del Estado el pasado primero de agosto, es decir, al día siguiente de su aprobación por el Poder Legislativo.
Refiere que en febrero de este año solicitó renuncia a la licencia de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que tendrán que ser resuelta por el pleno, luego de no haber recibido –hasta el momento—respuesta alguna.
*Nombramientos fast track
A tres días de que 31 legisladores avalaran el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales, por el que reformaron los artículos 79, fracción vigésima cuarta; 99, párrafo segundo; 100, 101, fracción segunda y párrafo once, 102, párrafos dos y tres, 103, 111, fracciones tercera, cuarta y quinta, y 120, fracción uno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los nombramientos de integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Oaxaca –órgano que sustituyó al Consejo de la Judicatura– ya fueron aprobados.
De acuerdo a un tuit del Tribunal, las designaciones recayeron en Crescencio Martínez Geminiano y el juez César Cervantes Hernández.
En este sentido, Lagunas Rivera, refiere que los propios diputados se dieron un plazo de 90 días para la aprobación de la ley orgánica que regirá el funcionamiento y ordenamiento legal para la designación de miembros de la Junta de Administración.
“Para su conformación en primer momento se debe aprobar la ley orgánica y al día de hoy no contamos con ella. En términos estrictamente jurídicos, no tenemos a quién realizarle la entrega- recepción”, apunta el magistrado.
Y señala que no solo los nombramientos o la publicación de la ley en el Diario Oficial del Estado fueron efectuados de manera muy rápida, sino también la aprobación de la iniciativa propuesta por una legisladora del Partido Verde.
Inclusive, sostiene, pese a haber solicitado ser escuchados ante el pleno, así como haber requerido la iniciativa para presentar una contrapropuesta, no se abrió una discusión y un análisis, pues si bien se reunieron con integrantes de las comisiones, el diálogo no se hizo extensivo.
Indica que existe una gran cantidad de literatura e investigaciones académicas, en las que se sustenta la pertinencia del Consejo de la Judicatura, y más aún, recomendaciones a México para que quien preside la Corte, no sea la misma persona que encabece dicho Consejo.
“Todos los derechos deben ser progresivos, es decir, avanzar”, sostiene. Y lamenta que la desaparición del Consejo en Oaxaca sea una regresión hacia la concentración del poder.
Apunta que la reforma de 2011, a través de la cual se crea el Consejo de la Judicatura, obedeció recomendaciones internacionales que consideraron contraproducente que una solo persona, en este caso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, tuviese tantas facultades concentradas, ya que ello no transparenta ni equilibra el ejercicio del Poder.
*Los dineros
El magistrado Alfredo Lagunas explica que los 600 millones de pesos que el Consejo administra al año, se utilizan en un 85 por ciento en pago de salarios de directores, jueces, secretarios, actuarios, oficiales administrativos, peritos y la mayoría del personal del Poder Judicial, mientras que el 15 por ciento restante, es para gastos de operación.
Uno de los argumentos para desaparecer el órgano, refiere, es la falta de optimización de los recursos, además de que tampoco se lograron sueldos dignos para los jueces, pero asegura, esto no es responsabilidad del Consejo, sino de la Legislatura que no atiende los requerimientos del anteproyecto de presupuesto.
“En tres años consecutivos demandamos en controversia Constitucional al Poder Legislativo y al Ejecutivo, porque no respetaban nuestro presupuesto y el principio de irreductibilidad del mismo. En 2018 también ejercitamos esta acción por la insuficiencia de los recursos”, refiere.
Y advierte que con la desaparición del Consejo, el Poder Judicial no podrá ahorrar los 600 millones de pesos, ni disponer de ellos, puesto que es recurso comprometido para cubrir sueldos y prestaciones de los trabajadores.
Lagunas Rivera sostiene que en la administración de los recursos no ha habido ningún tipo de irregularidad. Garantiza que el Fondo de Administración de Justicia, integrado por recurso de particulares, que tiene o tenía bajo su custodia el Consejo, se utilizó de manera responsable.
“Para nadie es un secreto que la ministración de los recursos no es acorde con los requerimientos de pagos, de ahí que en sesión se tomó la decisión de tomar prestado recursos de ese Fondo para resolver necesidades inmediatas de un servicio público que es totalmente necesario para que impere la civilidad, tranquilidad y la gobernabilidad de cualquier estado”, indica.
Afirma que durante su periodo el fondo fue recapitalizado y los préstamos fueron devueltos, puesto que estaban respaldados con el presupuesto para satisfacer las necesidades inclusive de pagos y todo se hacía de manera transparente y en sesiones.
El presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado confía en que la civilidad y que esta “desavenencia jurídica” se resuelva bajo esos criterios.
