La investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Georgina Orozco Medina, advirtió un aumento de corrupción si se elevan las multas ante la contaminación por ruido en la en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) Jalisco.
Orozco Medina señaló que para disminuir o solucionar el problema es vital una estrategia integral de auto-vigilancia, con capacitación y sensibilización al empresario, el administrativo, los empleados y consumidores, a fin de promover la salud acústica.
Quien no cumpla con el reglamento, deberá cubrir horas de servicio comunitario o financiar un proyecto que atienda un problema en una zona marginada y lamentó el contenido del dictamen de Ley para el Control de Ruido presentado en días pasados en el Congreso del Estado.
“Los establecimientos que no quieran adherirse al proyecto, deberán cubrir las multas”, propuso la académica jalisciense.
Estudios de la UdeG muestran bares, antros y otros sitios que de manera frecuente exceden los niveles máximos permisibles con niveles máximos que superan los 90 decibeles (dB), cuando 70 ya representan cotos críticos.
En avenidas de tránsito de autobuses o calles estrechas con muchos topes, sin espacios verdes y mala semaforización, se detectó que los niveles máximos permisibles superan los 90 decibeles, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es alto y riesgoso rebasar los 70 decibles.
