Marisol Flores I Mineral de la Reforma
El ayuntamiento de Mineral de la Reforma no verifica el domicilio fiscal de sus contratistas, pues es función del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de que sus adjudicaciones son palomeadas por la contraloría estatal, justificó Mariana Jiménez Fernández, titular de la Secretaría de Tesorería mineralense.
Tras la investigación que Criterio publicó ayer –que exhibe que, de 116 obras, solo hubo 12 licitadas– la funcionaria expresó que las adjudicaciones directas fueron autorizadas por la contraloría porque algunas convocatorias se declaran desiertas o llegaron tarde los recursos y tenían 30 días para cumplir con los trámites; sin embargo, este medio constató que se concedió directamente más de 80 por ciento de obras.
“Las adjudicaciones directas se dan de acuerdo a los montos establecidos en las leyes (de Obra Pública y de Adquisiciones) del estado cuando son fondos estatales; es decir, cuando el recurso me lo administra el estado… (Eso) viene en el artículo 59 de la ley que les acabo de mencionar: dice que la adjudicación directa va de un peso hasta 500 mil pesos más IVA. Así fuera de 80 mil más IVA, estamos dentro del rango de la ley”, agregó en entrevista.
Jiménez Fernández mencionó que, en el ámbito federal, el monto puede ser de hasta 350 mil pesos.
Cuestionada sobre si Mineral de la Reforma cuenta con un padrón de proveedores –pues el reportaje Cimientos de Corrupción señala que los domicilios que aparecen en sus adjudicaciones directas son casas habitación–, respondió que quien valida la existencia es el SAT, ya que la alcaldía no es un órgano fiscalizador.
“Para ser contratista y participar en una adjudicación, en una invitación a tres y en una licitación pública, forzosamente deben tener un padrón de contratistas. ¿Quién la da? La contraloría estatal”, agregó.
