El ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno de Oaxaca, Francisco Montero López, podría alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión por el presunto uso de recursos humanos de la institución en la campaña política de su hermano, el candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza por la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, Hageo Montero López.
Así lo advirtió la fiscal especializada en Delitos Electorales, Esther Pinelo López, quien destacó que de comprobarse que el ex servidor público –quien renunció el pasado domingo 3 de junio– envío a la jefa de departamento de comunicación social de esa instancia, María del Sol Cruz Jarquín con el fin de apoyar a un candidato, se sancionará de acuerdo al artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Y es que el asesinato de la candidata a segunda concejal, Pamela Terán Pineda, así como de la fotoperiodista Cruz Jarquín y el chofer de la aspirante, Adelfo Guerra, ocurrido el 2 de junio, puso al descubierto el uso de personal de la SAI con fines electorales.
“Desde que tuvimos conocimiento de los hechos iniciamos de oficio la carpeta de investigación 63/FEDE/2018, así como el trabajo documental con la SAI y la Secretaría de Administración, instancias con las que ha habido una colaboración estrecha”, apuntó Pinelo López.
Abundó que ningún servidor público puede coaccionar a sus subordinados para que participen en un acto proselitista de algún partido político, ni tampoco brindar apoyo directo y mucho menos a través de subordinados en horario de labores, utilizando recursos públicos.
De tal forma que señaló, se inició la carpeta de investigación en relación al uso de recursos humanos destinados a la campaña política de la coalición “Todos por Oaxaca” en Juchitán.
Y sostuvo, en lo que corresponde a los delitos de homicidio, es la Vicefiscalía del Istmo la encargada de efectuar las investigaciones correspondientes, debido a que los hechos ocurrieron en la jurisdicción que le corresponde a esa institución.
Mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales atiende lo referente a su competencia, de ahí que haya iniciado las investigaciones para recabar testimoniales, documentales y en caso de configurarse el delito, proceder.
Respecto a la misiva del ex secretario de Asuntos Indígenas en la que reconoce haber tenido conocimiento que la jefa del departamento de Comunicación Social participaba en la campaña de su hermano en Juchitán, pero que no fue obligada, sino que se le “concedió autorización”, señaló que los recursos públicos bajo ninguna circunstancia pueden ser utilizados para un fin partidista.
