Giovanny Flores
Ciudad de México
El defensor jurídico del ciudadano Leonardo García Vázquez, Jesús Alberto Guerrero Rojas, adelantó que pedirán que se realice un proceso legal contra funcionarios y exfuncionarios públicos que resulten responsables del presunto conflicto de intereses por contratos asignados a las constructoras de la familia Rico Moreno cuando Marco Antonio fungió como subsecretario de Obras Públicas de Hidalgo.
Durante rueda de prensa en la Ciudad de México, el abogado aseguró, en la próxima audiencia intermedia –en la cual la defensa legal de constructora Sylma SA de CV desahogará las pruebas que reunió durante dos meses, lapso otorgado por la jueza penal Sissi Anette Rodríguez Fernández para sostener sus acusaciones contra García Vázquez por supuesta difamación–, insistirá en que se investigue con todos los elementos.
“Queremos saber si (la jueza) llega al extremo de no hacer nada”, mencionó en las instalaciones de la Organización Nacional de Responsabilidades del Estado (ONRE).
El pasado 11 de abril el agente del ministerio público de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo Josuet López Hernández notificó a García Vázquez, por correo electrónico, que la acusación en su contra estaba formulada debido a que, entre noviembre y diciembre de 2016, “tuvo comunicación con el periódico El Independiente, a efecto de que se publicara que constructora Sylma SA de CV realizaba actividades fraudulentas en agravio a los residentes del fraccionamiento Esmeralda (sic)”.
Ello, según el representante público, derivó en “diversas” notas periodísticas –publicadas el 8 de noviembre y 26 de diciembre de 2016– que causan “descrédito a la constructora”.
Para Guerrero Rojas, las acusaciones no son precisas ni especifican los hechos atribuidos a García Vázquez en modo, tiempo y lugar, como lo estipula la fracción III del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La audiencia intermedia se llevará a cabo el próximo 17 de mayo, en la sala 5 de los juzgados penales de Pachuca, a las 9:00 horas.
En caso de que las resoluciones de la jueza no les resulten favorables, el abogado mencionó que recurrirán a la apelación y el amparo.
El pasado 5 de mayo, Criterio publicó que la defensa jurídica de Sylma, empresa de Silvia Rico Moreno, hermana del exsubsecretario de Obras Públicas, solicitó a Leonardo 65 millones 504 mil 852.02 pesos como indemnización por las supuestas pérdidas económicas que la firma atribuye como resultado de las notas periodísticas en las cuales el ciudadano dijo sentirse defraudado.
Durante la rueda de prensa, llevada a cabo en la Cdmx, el demandado consideró que el prestigio de la constructora y su economía no pudieron haber sido afectados por un par de notas periodísticas.
“Esto me lleva a pensar que soy una persona incómoda en ese estado”, mencionó.
Destapan aprovechamiento
En una publicación del portal de noticias Animal Político se dio a conocer que constructoras familiares de Marco Antonio Rico Moreno, entonces subsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, obtuvieron más de 270 licencias de construcción en municipios del estado cuando pertenecía a la dependencia.
Delitos obsoletos
En Hidalgo, al igual que en Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán, los delitos catalogados “contra el honor”, como la difamación, la injuria y la calumnia, continúan vigentes en sus códigos penales. A nivel federal, desde hace más de 10 años fueron derogados. El Codigo Penal para el Estado de Hidalgo, en su artículo 191, define como difamación “al que mediante comunicación dolosa a otro, impute a una persona física o colectiva un hecho que cause a ésta descrédito, deshonre o afecte su reputación”. Establece también que se impondrá prisión de tres meses a dos años o multa de 15 a 150 días.
SUCESOS
El 11 de enero Leonardo fue detenido en Ecatepec, Edomex, por agentes de la PGJH luego de que el juez penal de control Ciro Juárez Ortega giró orden de aprehensión por el delito de calumnias.
El 15 de enero la jueza Sissi Anette Rodríguez Fernández vinculó a proceso en libertad –por el delito de difamación– a Leonardo por haber comunicado de manera “dolosa” a un periódico local que se sentía defraudado.
El 29 de enero la defensa jurídica de García Vázquez interpuso dos amparos: el primero ante el juez octavo de Distrito en Naucalpan de Juárez por la orden de aprehensión; el otro, ante el juez tercero de Distrito en Hidalgo por el auto de vinculación a proceso.
El 11 de abril el agente del MP notificó que decidió formular acusación contra Leonardo por el delito de difamación.
