En su visita por Aguascalientes, integrantes de la asociación civil “Nuestro Legado”, constituida por padres de los niños víctimas de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC en Sonora el 5 de junio del 2009; pidieron a las autoridades hidrocálidas constituir un censo de guarderías que permita ejercer un mayor control sobre dichos establecimientos.
Julio César Márquez Ortiz, uno de los padres de familia que visitó esta entidad, explicó que además de que Aguascalientes fue uno de los estados que tardó más en armonizar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; ha incumplido con mecanismos tan importantes como generar un censo de las guarderías establecidas en el estado, lo que dificulta su regulación y vigilancia.
“Después de que ocurre la tragedia, padres y madres trabajamos en conjunto con senadores y diputados federales en la creación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
“Esta ley establece, dentro de los transitorios, que todas las entidades tienen la obligación de en un año armonizar sus leyes en la materia, este es uno de los muchos puntos que se han incumplido, casi un cuarto de los estados del país aún no tiene una ley de guarderías, los niños están expuestos a situaciones de alto riesgo.
“La Ley General se publicó en octubre del 2011 y las entidades tenían un año para legislar, Aguascalientes fue una de las entidades que incumplió con este término y fue hasta el 4 de abril del 2016 cuando publicaron la ley en el Periódico Oficial”, dijo.
Durante el tiempo en que esta entidad no cumplió con la armonización, una menor falleció. Se trata de Luna Isabella Chávez Ramírez, de tres meses de nacida, quien falleció a causa de una bronco aspiración dentro de un Cendi el 11 de febrero del 2016.
“La ley de prestación de servicios de Aguascalientes establece dos puntos muy concretos: la instalación de un Consejo Estatal integrado por instituciones o dependencias que tiene que ver con el tema, entre ellos el DIF, las delegaciones estatales del IMSS, ISSSTE y Sedesol, el Instituto de las Mujeres y otras áreas”, agregó Márquez Ortiz.
En Aguascalientes, dicho Consejo no ha sido instalado.
“Derivado de esto, no se tiene un registro estatal de guarderías, mientras no conozcamos ese dato, seguimos expuestos a que las guarderías patito funcionen y es ahí en donde está el foco de atención y donde hay más peligro”, sentenció.
Por su parte, Fabián Goyzueta, padre de otro menor fallecido en la Guardería ABC, apuntó que
“hay mucho por hacer, necesitamos saber si las guarderías son confiables, si las maestras están capacitadas, mejorar los temas de protección civil, si las guarderías tienen permiso para funcionar, si el inmueble está en calidades óptimas para brindar el servicio. Debe cumplirse la ley que regula a las guarderías”.
De 2009 a la fecha, en México han fallecido 67 menores dentro de guarderías, según lo comentado por los padres de familia sonorenses, y de entre todos los casos, sólo algunos han logrado judicializarse.
“Uno fue el caso de Kimberly, una bebé de 8 o 10 meses que falleció por asfixia mecánica en 2015, es decir, fue estrangulada y ahí se determinó una responsabilidad clara. El otro caso ocurrió también en 2015, cuando una cuidadora sumergió a un bebé en una tina de agua hirviendo y le generó quemaduras de segundo y tercer grado”, detalló Márquez Ortiz.
Entre los acuerdos a los que llegaron en Aguascalientes, se encuentra la presentación de una reforma a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del estado de Aguascalientes, la cual será presentada durante la sesión ordinaria del día de mañana.
“Para la imposición de sanciones administrativas en donde se retire la licencia y cuando sea un caso extremo, que se lleve al ámbito penal, pasó en el caso de la guardería Kingos, en donde todavía no se ha dado un resultado sobre las personas que laboraban ahí. Se pedirá también que las personas estén capacitadas y tengan estudios sobre el cuidado de los niños. Pretendemos que haya una sanción cuando el Consejo no sancione y no haga lo que tiene que hacer”, dijo la legisladora panista Paloma Amézquita.
