Por: Mónica Cerbón
Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado se emitieron mensajes electorales de cara a los próximos comicios y diputadas del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron dos iniciativas.
A manera de posicionamiento, María Estela Cortés Meléndez, legisladora por Nueva Alianza, celebró no haber firmado ningún tipo de coalición con el PRI o el PVEM, como sucedió a nivel nacional para respaldar al precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade.
“Nuestra alianza es con la sociedad. Atendimos la invitación de otros partidos políticos a dialogar sobre una posible coalición, pero siempre fuimos claros y expresamos nuestra decisión de no formar parte en el estado de ninguna coalición, acudimos al intercambio de ideas como una muestra de cortesía política”, aseguró.
Además, invitó a las demás fuerzas políticas a firmar un “pacto de civilidad” durante el próximo periodo de campañas políticas.
“Se vislumbra un escenario de confrontación y escarnio que de no atenderse a tiempo corremos el riesgo de una grave desestabilización en todos los órdenes de gobierno y en problemáticas de la entidad. Me permito hacer un llamado a Gobierno del Estado, a los ayuntamientos, y a todas las fuerzas políticas a la construcción de un pacto de civilidad, respetando las diferencias y fortaleciendo las coincidencias”.
Durante la sesión, la diputada por el PVEM, Silvia Alaníz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para pensionar a quienes hayan sufrido violación o abuso sexual “como una medida que permita fortalecer y colaborar en la reintegración de las mujeres víctimas de este tipo de hechos punibles, la que sin duda ayudará a recibir un apoyo económico que sufrague las necesidades económicas mientras las víctimas reciben atención psicológica y de trabajo social durante el proceso de recuperación”, explicó.
El recurso deberá ser considerado en el Presupuesto de Egresos estatal de cada año y coordinado por el Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM). Según lo explicado por Alaníz, las mujeres acreedoras a dicha pensión deberán ser madres de familia y recibirán el apoyo durante un año.
Sin explicar la fórmula para determinar un monto, añadió que para 2017 la bolsa deberá ser cercana a los 600 mil pesos distribuidos entre 22 mujeres que según la Fiscalía General del Estado fueron víctimas de dichos delitos el año pasado.
Por su parte la diputada priista Citlalli Rodríguez González, presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso Estatal para modificar el proceso en el que los titulares de organismos autónomos rinden su informe anual de laborales al Poder Legislativo, a fin de que este sea más abierto y con la posibilidad de diálogo entre los servidores públicos.
