La Comisión Europea activó el Artículo 7 a Polonia, una medida considerada como el “botón nuclear” que a largo plazo podría llevar la suspensión de su derecho a voto en las instancias decisorias de la Unión Europea (UE), debido a una controvertida reforma judicial que, de acuerdo con Bruselas, amenaza el Estado de derecho.
Las leyes adoptadas por Polonia desde el regreso del partido nacionalista y conservador, Partido Ley y Justicia (PiS), especialmente la reforma global del sistema de justicia dirigida crearon una situación en la que “puede interferir política y sistemáticamente en la composición, los poderes, la administración y el funcionamiento”, según el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans.
“Es con un enorme pesar que activamos el Artículo 7” de los tratados europeos, dijo el vicepresidente.
Después de una primera reforma del Tribunal Constitucional, Bruselas decidió abrir en 2016 un infructuoso diálogo con el gobierno polaco, ya que desde entonces Varsovia ha aprobado otras reformas en el ámbito judicial que han hecho saltar las alarmas en Bruselas.
En julio, Timmermans, encargado del diálogo con Varsovia, expresó la disposición de Bruselas a activar “inmediatamente” este proceso sancionador, conocido como el Artículo 7 o el “botón nuclear”, ante los oídos sordos del gobierno polaco a las recomendaciones del ejecutivo comunitario.
Ante esto, el presidente polaco, Andrzej Duda, acusó a la UE de “mentir”. “Muchos representantes de las instituciones europeas mienten sobre Polonia. Mienten cuando dicen que hay cambios en Polonia que conducen a la violación de los principios del Estado de derecho, cuando estamos mejorando los estándares democráticos”, declaró.
El presidente polaco pronunció estas palabras poco después de haber anunciado que había decidido promulgar dos reformas que provocaban divergencias con Bruselas, una sobre el Tribunal Supremo y la otras sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que garantiza la independencia de los jueces.
Duda afirmó que “no comprende” la decisión y que es una decisión “puramente política”. “Desgraciadamente, creo que hay mucha hipocresía en las acciones de la Unión Europea. Lamento decirlo, pero es lo que creo”, comentó.
Un largo proceso
Tras la activación del Artículo 7 y tres meses de plazo para que Varsovia dé marcha atrás, al menos 22 de los otros 27 países de la UE deben votar en un primer momento la “constatación de un riesgo claro de violación grave”.
A continuación, se iniciaría una fase de diálogo con Polonia, durante la cual el Consejo de la UE, que agrupa a los países del bloque, podría enviar recomendaciones al gobierno polaco y comprobar si las razones de sus temores siguen siendo patentes.
De ser así, los mandatarios europeos, sin su par polaco, están llamados a constatar “por unanimidad”, en este caso, una “violación grave y persistente”, tras la aprobación de la Eurocámara.
Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, aliado de Varsovia y con quien la Comisión mantiene también un clima de tensión tanto por su negativa a acoger refugiados como por sus leyes de oenegés y universidades, ya anunció que la defendería de la “inquisición” de Bruselas.
Un eventual veto de Hungría impediría avanzar hacia la siguiente fase: la suspensión del derecho a voto de Polonia en las instancias decisorias del bloque. Para aplicar esta medida, se necesita el voto de 20 de los 27 socios europeos de Varsovia.
(Con información de AFP).
