La Procuraduría General de la República (PGR) incautó el pasado 27 de octubre 1,500 cajas de seguridad en Cancún, Quintana Roo que estaban bajo el resguardo de la empresa First National Security, como parte de una investigación en contra de la delincuencia organizada.
El hecho ha causado gran controversia porque los clientes de la empresa no fueron informados de la incautación del contenido de las cajas por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y alertaron de la ilegalidad de los decomisos por el peligro que supone la pérdida de sus bienes al asegurarlas sin una orden judicial.
La PGR, por su parte informó que el aseguramiento de las 1,500 cajas fue ordenado por un juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Quintana Roo al tener indicios que entre los bienes resguardados existen elementos de prueba en un caso de crimen organizado.
En la Cámara de Diputados, legisladores denunciaron diversas irregularidades en el decomiso de las cajas de seguridad y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establezca las acciones idóneas para la protección de los derechos humanos de los afectados.
El juez séptimo de distrito con sede en Quintana Roo otorgó una suspensión provisional a cinco afectados por el aseguramiento de cajas de seguridad de First National Security en Cancún, encabezados por la italiana Antonietta Diletti, para evitar que la Procuraduría General de la República (PGR) abra o traslade las cajas a la Ciudad de México.
La suspensión judicial señala que de abrirse las cajas se corre el riesgo de que los objetos se pierdan y no se pueda saber qué contenían.
Las personas que rentaron de las cajas crearon una “comisión de afectados” para iniciar un diálogo con la PGR, dependencia que ha insistido en en hacer un inventario de las 1,500 cajas de seguridad.
Alfredo Cuéllar, abogado de First National Security, explicó a Noticieros Televisa que Santiago Ancona, propietario de la empresa y presidente de la comisión Anticorrupción de la Coparmex en Cancún no ha declarado ante el Ministerio Público.
“El ingeniero Ancona no conoce a la mayor parte de los usuarios. Era el director del negocio, pero no tenía contacto con los usuarios”, señaló Alfredo Cuéllar, abogado de la empresa First National Security.
