WASHINGTON D. C.— Donald Trump prometió convertirse en la voz de los trabajadores estadounidenses. “I am your voice”, les dijo el 21 de julio de 2016 en Cleveland, Ohio, durante su primer discurso oficial como candidato a la presidencia. El entonces empresario se dirigía a los obreros desempleados en “comunidades destrozadas por horribles e injustos tratados comerciales” y a los “hombres y mujeres olvidados que trabajan duro, pero nadie escucha”. Trump les aseguró que crearía millones de empleos a través de reformas económicas y un sistema migratorio favorable para los ciudadanos norteamericanos.

Un año después de aquel discurso, y a casi ocho meses del inicio de la administración del republicano, la industria con el mayor porcentaje de migrantes (23 por ciento) es también la que genera el mayor número de empleos: la industria restaurantera.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) reporta que, de los 210,000 empleos creados en julio de este año, 53,000 correspondieron a los servicios de comida y establecimientos de bebidas alcohólicas. Los bares y restaurantes generaron más empleos que cualquier otro sector de la economía, más que los servicios de salud, más que la manufactura y la construcción juntas.

Las encuestas mensuales de empleo de la BLS no reportan la nacionalidad ni el estatus migratorio de los consultados. Sin embargo, con base en cifras de la American Community Survey 2015, se calcula que una de cada cuatro personas empleadas en bares y restaurantes es migrante. Por otra parte, estos locales comerciales son la segunda fuente de empleo para los cerca de ocho millones de trabajadores indocumentados en el país, indica el Pew Research Center.

Latinos trabajan en un restaurante en Philadelphia, Pensilvania. “Si hablaras perfectamente inglés y tuvieras una carrera universitaria no estarías acá, es problema tuyo”, dijo un patrón. FOTO: JESSICA KOURKOUNIS/AFP

“Ninguno de nosotros tenía permiso de trabajo, mis compañeros eran indocumentados y todos usaban números de seguridad social falsos […] Éramos cinco latinos entre la cocina y el servicio, y el bartender, que era de Uzbekistán”, cuenta la colombiana Daniela R., quien trabajó hasta hace algunas semanas como mesera en un restaurante del barrio Adams Morgan, en la zona noroeste de Washington, D. C.

De enero a julio, la industria restaurantera creó alrededor de 190,000 nuevos puestos de trabajo —superada únicamente por la de servicios profesionales y empresariales—. A diferencia de esta última, la restaurantera está entre las que ofrecen los sueldos más bajos del país. En marzo pasado, seis de los diez empleos peor pagados en Estados Unidos estaban ligados a los servicios de comida —incluidos cocineros, personal de servicio, lavaplatos y cajeros.

El personal en bares y restaurantes, además de numeroso y mal pagado, está poco organizado. Su tasa de sindicalización es de 1.6 por ciento, la tercera más baja del sector privado MichM. “No vemos sindicatos tradicionales creando modelos que funcionen con este tipo de trabajadores. En muchos casos los mismos empleadores los contratan por tiempos breves o part-time para mantenerlos fracturados”, dice en entrevista Natalie Patrick-Knox, coordinadora de inmigración y derechos laborales de la asociación sin fines de lucro Job with Justice.

Por su parte, Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización de asistencia a migrantes hispanos CASA de Maryland, apunta: “Nosotros recibimos quejas permanentes de hispanos porque no les pagan de acuerdo con la ley, los discriminan o maltratan […] Hay empleadores sin escrúpulos que conocen su estatus migratorio y los amenazan con llamar a la migra, sobre todo cuando se están sindicalizando”.

Los restaurantes y otros establecimientos de comida representan la primera fuente de empleo de las mujeres hispanas y la segunda para los hombres del mismo origen, señala un reporte del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Si antes de la victoria de Donald Trump, los más vulnerables tendían a callar abusos laborales por miedo a perder sus fuentes de ingreso, por falta de recursos económicos en caso de una contienda legal o por carencias propias del sistema de justicia, ahora con la nueva administración temen por algo más que sus empleos.

“Un indocumentado en este país no es un esclavo, pero la gente se muere de pánico al acudir a denunciar y los empleadores se aprovechan. Bajo esta administración todos los trabajadores migrantes son prioridad para deportarlos. Ellos ya no se sienten seguros ni en casa ni en sus lugares de trabajo”, afirma Gustavo Torres, de CASA.

Contrario a las promesas de más y mejores empleos hechas por Donald Trump a los ciudadanos estadounidenses, la segunda industria que más trabajos ha creado en lo que va del inicio de su administración ofrece salarios precarios, a trabajadores vulnerables, escasamente sindicalizados, muchos de los cuales son hispanos indocumentados.

El 22 de agosto pasado en Phoenix, Arizona, durante su primer evento político luego de los hechos de Charlottesville, Virginia, el presidente Trump repitió que “construiremos nuestro muro”, y recordó lo dicho un año atrás durante su primer discurso como candidato oficial a la presidencia: “Luego de nuestra extraordinaria victoria, los hombres y mujeres olvidados ¿recuerdan que solíamos hablar de ellos antes de la elección? Pues adivinen qué, ya no están olvidados […] Nosotros creemos que todo ciudadano estadounidense tiene derecho a vivir con dignidad”.

Defensores de la inmigración se manifestación frente a la Torre Trump. En Estados Unidos, unos 2.5 millones de hispanos trabajan en la industria restaurantera.

ABUSOS LABORALES:  EL PAN DE CADA DÍA

A escasos kilómetros al norte de la Casa Blanca, numerosos grupos de empleados federales y organismos internacionales, personal de embajadas cercanas, estudiantes y turistas acuden a los restaurantes ubicados en el barrio Adams Morgan. Caminando sobre la 18th Street NW, los comensales pueden elegir entre restaurantes de comida japonesa, mexicana, etíope, coreana, afgana, francesa, de Oriente Medio o venezolana. La oferta de bares y locales nocturnos es igual de variada. En este frecuentado barrio hay movimiento de día y de noche.

“Si hablaras perfectamente inglés y tuvieras una carrera universitaria no estarías acá, es problema tuyo, por lo menos te estamos dando el trabajo […] Con las propinas ganaste bien, no te vamos a pagar las horas, no vamos a perder plata por ti”, le dijo el dueño del local a la mesera colombiana Daniela R. el día que ella renunció a su trabajo en un restaurante ubicado en Adams Morgan. La joven cuenta que con las propinas podía ganar entre 25 y 250 dólares al día, dependiendo de la afluencia de clientes. Sus jornadas laborales promedio eran de 12 horas, sin recesos.

La ley federal laboral de Estados Unidos dicta que los empleadores deben pagar al menos 2.13 dólares la hora a los trabajadores que reciben propinas. La mesera sudamericana de 22 años narra que, si bien fue contratada con la promesa de recibir el sueldo mencionado, al insistir en que se le saldaran las cerca de 200 horas trabajadas recibió la respuesta citada arriba. Cabe mencionar que cuando la contrataron le afirmaron que no necesitaba número de seguridad social.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dicta que quienes contratan a migrantes deben verificar su identidad y completar el Formulario I-9 o Formulario de Verificación de Elegibilidad de Empleo. Contratar trabajadores indocumentados, estando en conocimiento de su estatus migratorio, se sanciona con multas, y si se trata de fraude masivo se castiga con cárcel.

“Tenía un formulario y uno tenía que llenar muchísimas cosas, pero me dijo que lo firmara y pusiera solo mi nombre, edad, nacionalidad y número de teléfono. No me pidió ninguna identificación, absolutamente nada”, afirma la bogotana. Cuando le contó lo sucedido a otro mesero colombiano, este le respondió: “Usted sí es muy tonta, eso es muy fácil, uno consigue un número de seguridad social por 50 dólares y lo pone en el formulario, el dueño ni siquiera lo revisa”.

George Escobar, director de servicios de CASA Maryland, que asiste a migrantes hispanos en el área metropolitana de Washington, D. C., afirma en entrevista que la asociación recibe al año cerca de tres centenares de casos ligados a abusos laborales, 40 por ciento de los cuales de personas que trabajan en bares y restaurantes. “Los más comunes son por robo de salario, no les pagan lo prometido o las horas extras trabajadas”, afirma Escobar.

La gente acude a los abogados cuando les deben salarios; cuando se trata de discriminación, la mayoría simplemente no se queja porque es sumamente difícil de comprobar, afirma Teófilo Reyes, director de investigaciones del Restaurant Opportunities Centers United (ROC United), asociación por la defensa de los trabajadores del sector.

“Es común que las cadenas de restaurantes contraten mucha gente cuando están abriendo un nuevo local. Ya establecidos, despiden a los hispanos y afroamericanos que están en contacto con el público, como los meseros y los bartenders, y los remplazan por blancos”, explica Teófilo Reyes.

ROC United acompañó sin éxito una demanda colectiva por discriminación racial contra la cadena de restaurantes Capital Grill, una de las seis del grupo Darden Restaurants Inc., que suma 1,500 locales en el país. Trabajadores de restaurantes en Chicago, Nueva York y Washington, D. C. presentaron la demanda ante la corte federal de Chicago en 2012. Acusaban a la cadena de relegar a los trabajadores no blancos a las cocinas como lavaplatos o cocineros, los puestos peor pagados y lejos del contacto con los clientes.

La corte de Chicago rechazó la demanda colectiva argumentando que los trabajadores debían ser tratados como individuos porque firmaron un acuerdo de arbitraje con Capital Grill en caso de contienda laboral. El representante de ROC United afirma que son numerosas las corporaciones que obligan a firmar estos acuerdos, con los que, en la práctica, el trabajador renuncia a acudir a la corte en caso de una contienda laboral o a la posibilidad de presentar demandas colectivas.

Por otra parte, la discriminación por raza o nacionalidad es un ingrediente común en los casos de acoso sexual en bares y restaurantes. “La situación de las mujeres trabajadoras en Estados Unidos es complicada en todas las industrias, pero adquiere todo otro nivel sobre sujetos vulnerables por su estatus migratorio o condición económica”, afirma la representante de Job with Justice, Natalie Patrick-Knox.

“El cocinero, que llevaba siete años trabajando en el restaurante me advirtió que tuviera cuidado con el dueño porque acosaba a las meseras. En el piso de arriba había un departamento, me dijo que las llevaba allí”, cuenta la mesera colombiana Daniela R. “A mí no se me insinuó, pero uno siente el potencial. Él sabía que yo no era tan vulnerable como otra gente que sí tenía familia o que llevaba años con él”, afirma.

El 40 por ciento de las mujeres que trabajan en restaurantes fast food en Estados Unidos dice haber sido víctima de comportamientos sexuales no deseados en su lugar de trabajo, desde comentarios obscenos hasta violaciones, reveló una encuesta realizada en 2016 por Hart Research Associates.

La industria restaurantera en su conjunto acumuló cerca de 40 por ciento del total de las denuncias por acoso sexual presentadas ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) en un periodo de 11 meses. En el 66 por ciento de los casos el acoso provino de empleadores o gerentes y en la gran mayoría de estos escalaron a agresión sexual, reveló un análisis de ROC United publicado en 2014.

El caso más reciente de acoso o agresión sexual, resuelto por la EEOC a favor de algún empleado hispano del sector, es de hace una década, según el listado de 2016 de casos pendientes y resueltos de la agencia federal. Las víctimas, quienes trabajaban como lavaplatos en un restaurante en Baltimore, Maryland, fueron objeto de “avances sexuales indeseados y altamente ofensivos, incluidos manoseos, tocamientos y constantes burlas acerca de su sexo, raza y nacionalidad por parte de los gerentes del lugar”. La EEOC impuso una sanción monetaria por 80,000 dólares.

Se calcula que en Estados Unidos al menos 12 millones de personas trabajan en la industria restaurantera, cerca de 2.5 millones de las cuales son de origen hispano. Robo de salarios, amenazas, discriminación y acoso sexual son el pan de cada día de estos trabajadores, desde aquellos en las grandes corporaciones de comida fast food,hasta los que se emplean en cafeterías de barrio, pasando por los restaurantes más costosos del país.

El restaurante Bar Ama cerró en solidaridad con las protestas del “día sin inmigrantes”.  FOTO: MARK RALSTON/AFP

Desde el comienzo de la segunda administración del expresidente Barack Obama hasta hoy, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha resuelto tan solo cinco casos relacionados con hispanos empleados en la industria restaurantera, confirmó para Newsweek en Español su vocera, Lauren Ehrsam.

Los acuerdos y demandas de dichos casos estuvieron a cargo de la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER, por sus siglas en inglés), encargada de las denuncias por discriminación debido a estatus migratorio o nación de origen contra trabajadores del sector privado. En el caso de las denuncias relacionadas con la nacionalidad, la sección se ocupa únicamente de los casos donde las empresas tienen entre cuatro y 14 trabajadores.

De los cinco casos que involucran a hispanos en restaurantes, de 2014 a la fecha, la IER ha impuesto solo dos sanciones administrativas que ascendieron a poco más de 540,000 dólares. De estos, más de 70 por ciento fueron pagados por Panda Restaurant Group, Inc. La IER recuperó salarios que se debían a los trabajadores por un monto de 228,000 dólares, casi 90 por ciento de ellos pagados también por dicho grupo.

En vista de los resultados en acceso a la justicia para este grupo poblacional empleado en el sector, discriminados por su país de proveniencia o por ser migrantes, la vocera del Departamento de Justicia Lauren Ehrsam, precisa: “De todas las agencias federales, es almost certain que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) maneja la mayoría de los casos que involucran a trabajadores hispanos en restaurantes”.

Sin embargo, las denuncias resueltas por el EEOC son aún más raras que las de la Sección del Departamento de Justicia. De 2014 a la fecha los casos que involucran esta categoría de trabajadores son dos, confirmó para este medio el vocero de la agencia federal, James Ryan.

En el primer caso, de hace tres años, el EEOC impuso el pago de 15,000 dólares a una franquicia de fast food en Oklahoma por horas extras trabajadas y no liquidadas a 12 cocineros hispanos. En el segundo caso, del pasado 22 de julio, un “pequeño grupo de pizzerías” en el estado de Nueva York indemnizó con 50,000 dólares a empleados hispanos por discriminarlos “sometiéndolos a insultos y calumnias, y creando y manteniendo un ambiente de trabajo hostil a causa de su nación de origen”.

La EEOC es responsable de hacer cumplir las leyes federales contra la discriminación laboral por color, raza, nacionalidad de origen, religión o sexo, de acuerdo con el Título VII del Civil Rights Act de 1964.

Desprovistos de sindicatos que se enfoquen en ellos, los trabajadores hispanos que sufren abusos laborales o discriminación en bares y restaurantes deben actuar en solitario. Cuando no acceden a mecanismos de justicia federal como la IER del Departamento de Justicia o la EEOC pueden buscar asistencia legal de organizaciones nacionales y locales de apoyo a migrantes o firmas privadas de abogados. Sin embargo, las posibilidades de éxito son escasas, a menos de que presenten demandas colectivas. “Los abogados difícilmente se involucran en casos pequeños porque la eventual ganancia económica es baja y un empleado de restaurante difícilmente podrá cubrir los costos si se encuentra solo”, explica Teófilo Reyes de la Restaurant Opportunities Centers United.

En los tiempos de Obama, la NRA se dijo a favor de una reforma migratoria, pero desde la llegada de Trump a la presidencia aboga por mayor seguridad en las fronteras. FOTO: JOE RAEDLE/AFP

LA GULA DE LOS RESTAURANTEROS

Si no fuera por la oposición en el interior del Partido Republicano, el secretario de Trabajo de Estados Unidos sería el empresario de comida rápida Andrew Puzder, la primera opción del presidente Donald Trump para ocupar el cargo. Puzder es director ejecutivo de CKE Restaurants Holdings Inc. —la empresa matriz de restaurantes como Carl’s Jr. y Hardee’s— y abierto opositor al Obamacare y al aumento del salario mínimo federal.

Distintos restaurantes dirigidos por Puzder han sido criticados por sus campañas publicitarias sexistas. El 66 por ciento de las mujeres que trabaja en CKE Restaurants afirma haber sido objeto de comportamientos sexuales no deseados y uno de cada tres trabajadores dice no haber recibido pagos por horas extras, así como los tiempos de descanso dispuestos por la ley, reveló una encuesta de la asociación ROC United en enero pasado.

La Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos (NRA, por sus siglas en inglés), uno de los grupos de presión más poderosos del país, celebró la nominación de Puzder, quien es cercano a dicha asociación. En 2008, la NRA sumaba ocho revolving-door lobbyists —altos cargos públicos o asesores que pasan al sector privado y viceversa—, cifra que 12 años después se triplicó. La asociación y sus miembros principales han gastado más de 262 millones de dólares en cabildeo desde 1989, reporta el Center for Responsive Politics.

“La mayor asociación de servicios de alimentos en el mundo”, como se autodenomina la NRA, asegura representar a más de 500,000 negocios del sector restaurantero. Sin embargo, según señalan organizaciones civiles, sus intereses están enfocados en sus principales miembros: las mayores corporaciones de comida y bebidas a escala internacional.

En los tiempos de Obama, la NRA se dijo a favor de una reforma migratoria, pero desde la llegada de Trump a la presidencia aboga por mayor seguridad en las fronteras y políticas que afectan directamente a sus trabajadores migrantes, como el programa de trabajadores huéspedes y la expansión del polémico E-Verify, el sistema basado en internet que verifica la identidad de las personas con el fin de determinar su elegibilidad para un empleo.

“Los grandes restauranteros históricamente han apoyado un tipo de reforma migratoria, saben que muchísimos de sus trabajadores son indocumentados y dependen de esa fuerza laboral”, afirma en entrevista el director ejecutivo de CASA, Maryland Gustavo Torres.

En febrero pasado, el economista en jefe de la NRA, Bruce Grindy, publicó que mientras la fuerza laboral en el país continúe declinando entre los jóvenes de 16 a 24 años, los trabajadores migrantes serán cada vez más importantes para la industria y su capacidad de crecimiento. Una reciente encuesta de la asociación reveló que, para el 27 por ciento de los operadores de la industria, el principal reto, si manejan un restaurante, es contratar y conservar a sus empleados.

A la NRA le interesa que se regularice el estatus migratorio de la gente, pero no lo que es vital para los migrantes en Estados Unidos y que va más allá de tener un permiso de trabajo: la opción de convertirse en ciudadano gracias a su esfuerzo, con los derechos que eso conlleva, como el de organizarse para exigir mejoras laborales sin temor a que los deporten, dice Gustavo Torres.

El director ejecutivo de CASA añade que, si por una parte el programa de trabajadores huéspedes los coloca en posición de mayor vulnerabilidad porque liga su posibilidad de permanecer en el país a la voluntad de un solo empleador, el programa E-Verify discrimina a todos los trabajadores de origen hispano sin distinción.

“Los empleadores no van a buscar en sus bases de datos E-Verify a personas con apellidos como Smith o Freedman, pero sí a los Torres o Gómez, y eso es una clara discriminación por ser latino. Yo por ejemplo puedo aparecer como indocumentado porque hay decenas de personas con mi mismo nombre y sabemos que hay miles de errores en esa base datos”, explica Gustavo Torres, naturalizado estadounidense de origen colombiano.

Por otro lado, la NRA claramente se opone a quienes piden incrementar el salario mínimo federal a 15 dólares, actualmente fijado en 7.25 dólares la hora. Cabe recordar que, en el caso de los trabajadores que reciben propinas, la ley laboral federal permite pagarles un mínimo por debajo de la mitad: 2.13 dólares. El mínimo federal no se incrementa desde 2009, el de los trabajadores que reciben propinas está estancado desde hace 25 años.

“La mayoría de los empleados en restaurantes y bares reciben propinas y la NRA lleva dos décadas negociando con el Congreso para que el salario de esta categoría de empleados no se incremente cuando aumenta el mínimo federal”, dice Teófilo Reyes de ROC United.

Newsweek en Español solicitó en repetidas ocasiones entrevistar a algún representante de la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, pero no recibió respuesta.

El 15 de febrero pasado, el representante de la industria fast food Andrew Puzder —el favorito de Trump y la NRA para ocupar el cargo de secretario de Trabajo de Estados Unidos— renunció a su nominación porque no contaba con el apoyo suficiente en el Partido Republicano y a los demócratas no les gustaba su férrea oposición al Affordable Care Act (ACA) u Obamacare. Un día después, el 2 de abril, el presidente nominó al exfiscal de Miami Alex Acosta, abogado nacido en esa ciudad de padres cubanos, quien una vez aprobado por el Senado se convirtió en el primer y único hispano en el gabinete del presidente estadounidense.

Antes de su llegada a la Casa Blanca, Donad Trump contrataba a trabajadores migrantes en sus hoteles, casinos, campos de golf y restaurantes habiendo recibido denuncias por violaciones a leyes laborales del país. En julio pasado, con el neoyorkino en la presidencia, la industria restaurantera lideró el crecimiento de empleos. Empleos que cada vez menos ciudadanos estadounidenses quieren porque no es plato de buen gusto para nadie pertenecer al grupo que está entre los peores pagados y más vulnerables frente a abusos de los empleadores. Sin embargo, para millones de hispanos, ciudadanos estadounidenses y migrantes, los restaurantes siguen siendo la única fuente de ingresos y, por ahora, el ingrediente secreto del republicano contra el desempleo.

Reunión del entonces candidato presidencial con miembros de la comunidad hispana en pos de votos. FOTO: SPENCER PLATT/AFP

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Una declaración

“La misión de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos es asegurar que a todos los trabajadores se les pague lo que legalmente se han ganado y proteger a empleadores que cumplen con las normas, manteniendo así un campo de actuación nivelado donde los que no siguen la ley no logren una ventaja injusta. Esto incluye acciones para el cumplimiento de la ley, así como educativas sobre los requerimientos de salario mínimo y horas extra, que son particularmente importantes para los trabajadores de restaurantes. La división continúa enfocándose en asegurar que los empleados de restaurantes, así como trabajadores de otras industrias de bajos salarios sean pagados de acuerdo a la ley. Los trabajadores pueden llamar a la división al 866-4US-WAGE. Personal que habla español está disponible siempre que se necesite”. N

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Reportaje de archivo, publicado originalmente el 8 de septiembre de 2017.