Participación ciudadana: El terror del gobierno | Newsweek México


Participación ciudadana: El terror del gobierno



Enero fue histórico para Baja California.

Tras años de pasividad política los habitantes del estado protestaron en sus cinco municipios hasta abrogar una ley, meter en aprietos políticos al gobernador y sobretodo, romper con el viejo paradigma de que las manifestaciones ciudadanas no sirven.

El historiador y analista político Lorenzo Meyer, cree que en el norte de México es menos común manifestar el descontento por la vía de la movilización, que en el resto de la república.

Hoy parece que esta idea se desdibuja.

La gente redescubrió que su voz tiene peso, opinan analistas y manifestantes.

La chispa inició con el aumento de casi 20% al precio de las gasolinas que anunció Presidencia y siguió con la Ley del agua que presentó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Esta ley que permitía la privatización del servicio de agua en la entidad, fue aprobada por el congreso de mayoría panista.

Desde inicios de año la ciudadanía se manifestó de forma pacífica, aunque en tres momentos se ha tornado agresiva y las fuerzas de seguridad han reaccionado deteniendo violentamente a manifestantes.

Desde entonces prácticamente no ha habido un día sin marchas, bloqueos o tomas de oficinas públicas en alguna de las ciudades bajacalifornianas.

Se bloqueó, por ejemplo, la Carretera Transpeninsular al sur de Ensenada, y se tomó la garita de ingreso a Tijuana desde Estados Unidos, así como las oficinas de Recaudación y Rentas en Mexicali.

El detonante de la movilización fue el bloqueo de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en el municipio de Playas de Rosarito.

Un reducido grupo de manifestantes impidió la entrada y salida de pipas de la paraestatal desde la noche del 2 de enero, pero pronto la convocatoria alcanzó a cientos de ciudadanos de Rosarito, Tijuana y Tecate que mantuvieron el bloqueo hasta que la noche del 7 de enero la policía los dispersó violentamente.

La toma de los accesos a la planta de Pemex dejó sin combustible a casi todo el estado y provocó compras de pánico.

En los seis días que duró el bloqueo, cerca del 90% de las estaciones de gasolina en Tijuana dejaron de prestar el servicio. En Mexicali todas las estaciones se quedaron sin combustible.

El “gasolinazo” abrió la puerta a la movilización, pero el hartazgo se extendió por todo Baja California y la protesta se acentuó en contra de la Ley del agua.

La gente ya no gritaba solamente en contra del presidente de México, Enrique Peña Nieto por el aumento a los precios de la gasolina. Exigían la renuncia del gobernador Francisco “Kiko” Vega, por presentar una ley que además incluía un aumento del 20% en sus tarifas.

Ante las inconformidades, ‘Kiko’ anunció la cancelación de un reemplacamiento que obligaba a los conductores a pagar mil 233 pesos. Además, se disminuyó el 10% de su sueldo.

Nada fue suficiente.

El 15 de enero una turba salió a las calles para pedir su cabeza. Ese día el país entero marchó contra el “gasolinazo”, pero Baja California lo adaptó a sus propias demandas.

Rosarito y Tecate, ciudades que rondan los 100 mil habitantes, convocaron a dos mil y mil manifestantes respectivamente, según varios reportes de prensa.

El puerto de Ensenada, famoso por sus vinos, mariscos y por las huelgas de jornaleros de San Quintín, convocó a unos 9 mil protestantes.

En Tijuana se solidarizaron unos 10 mil, aunque los más optimistas llegaron a calcular el doble.

A pesar de que “la frontera más visitada del mundo” es el municipio con mayor población en Baja California, Mexicali logró reunir cuatro veces lo que Tijuana.

Unos cuarenta mil marcharon y tomaron el Centro Cívico de la capital del estado, donde se concentran los tres poderes.

Dos días después, Kiko Vega anunció que daría marcha atrás a la Ley del agua, aunque no la olvidaría del todo. En su lugar trabajaría en una nueva iniciativa de la mano de expertos.

“Yo creo que esa fue una acción rápida para desarticular el movimiento”, dice el analista político, Benedicto Ruiz Vargas.

Pero si esta fue la intención del gobernador, pronto descubrió que no sería suficiente. Los manifestantes ya tenían bloqueadas las oficinas de Recaudación de Rentas del estado, tomada la Plaza Cívica en la capital y también el palacio municipal de Mexicali.

Los anuncios de la cancelación del reemplacamiento, la abrogación de la ley y la reducción de su sueldo, no amainaron las muestras de inconformidad.

Aún después de anunciar estas medidas, el gobernador tuvo que huir de su oficina con escoltas de por medio, para evitar a los manifestantes que impidieron durante días la entrada al Congreso estatal como al Palacio municipal y exigían la solución de once puntos de un pliego petitorio y una reunión de trabajo con él.

No fue sino hasta el 30 de enero, que manifestantes y el gobernador sostuvieron una reunión para dar seguimiento a sus exigencias.

Entre estas están cancelar la instalación de una planta cervecera de “Constellation Brands” que consumiría hasta 20 millones de metros cúbicos de agua; el pago de 476 millones de pesos que debe este gobierno a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); resolver la escasez de agua que en el Valle de Mexicali; que el gobernador renuncie y se inicie un juicio político en su contra por enriquecimiento ilícito.

En la primera sesión, el único punto que el gobernador accedió cumplir fue la reducción de su salario en un 50%.

Para este reportaje se habló con manifestantes de cada municipio. Los cinco coincidieron en que su lucha está lejos de terminar.

Entre ellos hay empresarios, ambientalistas, estudiantes, artistas y hasta adolescentes.

Dicen que la abrogación de la ley del agua no es el mayor logro de las movilizaciones y que no deben conformarse.

El logro, opinan, es el despertar de Baja California: haber visto que marcharon personas de todos los estratos sociales y que ahora conocen el poder que tienen frente al gobierno.

El analista Benedicto Ruiz Vargas considera que las movilizaciones han demostrado la utilidad de organizarse y participar.

—¿El gobierno le tema a la sociedad organizada?, se le pregunta a Ruiz Vargas.

—Le tiene terror. Nunca lo habíamos visto tan claro como ahora. Se sabe históricamente que a los gobiernos no les gusta la presión política social. Ahora vemos que el gobierno estatal no sabe reaccionar.

Aunque Baja California no ha sido tan activa como el centro de México en movilizaciones, existen antecedentes en donde la participación norteña ha rendido frutos.

En 1911, un grupo rebelde impidió que filibusteros extranjeros se apropiaran de esta península.

En 1989, una ciudadanía cansada de la hegemonía del PRI en la gubernatura, se organizó y logró quitarlo del poder, concediendo al PAN su primer gobierno, con Ernesto Ruffo Appel.

A este fenómeno se le conoció como “Ruffomanía”.

Y en fechas más recientes, los jornaleros de San Quintín se levantaron para exigir un pago justo y mejores condiciones de trabajo.

Para Lorenzo Meyer, las movilizaciones a lo largo de su historia, han demostrado que la sociedad civil es capaz de organizarse y enfrentar al gobierno.

Pero también demuestran algo negativo. “Que los partidos políticos no sirven”. Y quienes se han manifestado, están de acuerdo con Meyer.

El 15 de enero en Tecate, Ashly Lizárraga, una joven de 16 años de edad que protestó contra el aumento al precio de la gasolina y la ley del agua, tomó el micrófono y lloró de rabia.

Declamó el poema “Corrido de la Revolución Mexicana” ante centenas de tecatenses. Y en Facebook, con cerca de 10 mil reproducciones al momento de este reportaje, circula un video de su participación.

El poema es un reclamo a los gobernantes que endulzan el oído de su pueblo en temporadas electorales, pero que pronto se olvidan de la gente que los apoyó y de las promesas que hicieron, una vez que ascienden al poder.

Se lo sabe desde quinto de primaria. Y dice que muchas cosas se le olvidan, pero este poema no, porque tiene mucha razón en sus letras.

Ashly cuenta que antes de eso pasó poco más de una semana acampando frente a las oficinas de Recaudación de rentas con su familia.

Lo que más la motivó, dice, es haberse encontrado con personas de todas las edades. Cuenta que en Tecate la voz de los niños también fue escuchada.

“Yo como joven que soy, todavía no tengo decisión de voto, pero es importante manifestarse por nuestro futuro”, dice Ashly.

Actualmente forman parte de un grupo ciudadano que se llama “Tecate en pie de lucha”, donde a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, se coordinan para manifestarse y exigir no solo a Kiko Vega, sino a la alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes, que trabajen con transparencia y que reduzcan los sueldos de los funcionarios.

Baja California tuvo la particularidad de personalizar las protestas. Así como Tecate, otros municipios abrazaron sus propias causas.

En Rosarito también fue el caso.

La pintora y docente Rocío Hoffman, se sumó a las movilizaciones para impulsar su propia lucha contra la coordinación del Centro Estatal de las Artes Playas de Rosarito que considera una imposición.

Para Rosarito, el arte es una de las actividades económicas más importantes. Es el municipio que cuenta con más artistas per cápita en la región. Y viven, como Hoffman, de su obra.

Protestó porque también le preocupa el llamado “gasolinazo”.

Hoffman es una ciudadana interesada en la política. En 2016 votó por la alcaldesa de su ciudad, Mirna Rincón, aunque se dice decepcionada pues esta intentó comprar un auto con cargo al erario.

Para Hoffman, no es correcto que los representantes quieran darse una vida de lujos mientras la población vive en pobreza.

Cada vez alcanza para menos. Todo aumenta menos los salarios, dice.

Piensa que por eso aumentó el número de personas que tomaron Rosarito. “La gente se está iniciando en las manifestaciones. Estaban como en un letargo”, dice Hoffman.

Aunque los rosaritenses aparentaban desinterés, tomaron las instalaciones de Pemex la noche del lunes 2 de enero, uno de los actos más significativos entre todas las protestas.

La planta de almacenamiento de Rosarito abastece a Tijuana, Tecate y a sí misma. Al impedir la salida de pipas para el suministro de gasolina, se generó una crisis en gasolineras, aeropuertos y servicios médicos.

El bloqueo cobró tal magnitud que atrajo la presencia de fuerzas municipales, estatales y federales para desalojar a los manifestantes.

El 7 de enero, un hombre a bordo de una camioneta embistió a los policías federales del operativo para liberar los accesos a la planta Pemex.

Nueve uniformados resultaron heridos, aunque ninguno se reportó en peligro de perder la vida.

Según el grupo de manifestantes que estuvo presente, el responsable actuó de forma aislada.

Aun así, ese día las protestas subieron de tono, por parte de la autoridad. Hoffman recuerda haber intentado dialogar con ellos para pedirles que mejor apoyaran la causa.

“Les dije ‘ustedes son pueblo, tienen hijos en la escuela, tienen que pagar su gasolina. Eres igual que nosotros’”.

Pero ellos no contestaron. Dice que sus rostros comenzaron a ablandarse, pero nada los detuvo.

La pintora cuestiona por qué la presencia de ciudadanos desarmados concentró a tantos policías; 300 según reportes de prensa, aunque Pedro Hernández Hernández, coordinador de la policía federal, prefirió no revelar el número “por estrategia”.

Hoffman reclama que la raíz del problema es la corrupción. Para ella, manifestarse es una forma de oponerse al sistema corrupto.

En Mexicali, Fernanda Angélica Flores de 22 años, comparte esta idea.

Fernanda es egresada de Cetys Universidad, una institución privada donde estudió Negocios Internacionales, y actualmente cursa una maestría en Alta Dirección.

Como Hoffman y Ashly, ella también fue parte de las manifestaciones.

Fernanda recuerda un episodio de su vida como un golpe de realidad que cambió su forma de ver al gobierno.

Un día que realizaba servicio comunitario en colonias marginadas de Mexicali, ingresó a una casa y descubrió a una adolescente llorando en un colchón.

La joven tenía esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso que afecta la movilidad. Estaba sola porque su madre había salido a buscar recursos para atenderla.

“Desgraciadamente no bajan los recursos necesarios para poder atender de manera digna a la ciudadanía”, dice.

Hoy Fernanda avala el bloqueo de edificios públicos si se tiene un propósito de participación ciudadana.

Cree que la ciudadanía debe luchar por Baja California y por el futuro que desea.

“El gobierno debe darse cuenta que si hay bloqueos no es por ir a bloquear”, dice.

En su opinión las cosas serían distintas si los ciudadanos se interesaran más en salir a votar.

En 2012, Fernanda tenía 17 años y no pudo participar en las elecciones presidenciales, pero sufragó en 2015 y 2016. Dice que volverá a hacerlo en 2018, y quiere ver más votantes.

Piensa que los números bajos de participación electoral envían el mensaje a los políticos de que somos una sociedad indiferente.

“Eso les indica que no va a haber participación ciudadana después. Que no va a haber un seguimiento de la ciudadanía, y eso da pie a que haya actos de corrupción”.

La gente sale a las calles justamente cuando las urnas no dan resultados, opina el analista político Benedicto Ruiz Vargas.

Y al sur del estado, en Ensenada, coincide Herminio Estrada Flores, un arquitecto y ambientalista afiliado a Morena quien perdió la fe en los partidos.

Dice que sigue afiliado a Morena solo porque no ha podido salirse debido a que en Ensenada, Morena no tiene instalado un comité.

Ahora prefiere trabajar en el cuidado al medio ambiente de forma independiente y ciudadana, aunque no por ello ha dejado de votar.

Cuenta que Ensenada se sintió particularmente afectada por la ley del agua. El tema no es nuevo para ellos. En Ensenada la calidad del agua ha sido deplorable por años, y en ocasiones, ni siquiera cuentan con el líquido.

“El agua es pésima. Es salada. Los pozos están en rojo y en amarillo”, dice.

Herminio y un grupo de ambientalistas se reunieron por primera vez el 2 de enero para platicar sobre la Ley del agua y acordaron informar en parques públicos e invitar a que se sumaran a la gran manifestación del 15 de enero.

“Fue muy natural que fuera el agua. [Dijimos] ‘no tenemos agua y va a entrar una ley que nos la va a cobrar’, es la situación que estamos viviendo”, dice Herminio.

Por eso la población reaccionó al llamado.

Herminio cree que el movimiento logró asistencia y se mantuvo pacífico gracias a la experiencia de quienes movilizaron a la gente.

Cuenta que esta se dio en una organización de organizaciones: ambientalistas, estudiantiles, y de empresarios.

Hoy dice que lo siguiente será desmantelar la próxima iniciativa de ley del agua, para impedir la participación del sector privado en el servicio.

—¿La decisión de abrogar la ley del agua estuvo a la altura de la demanda ciudadana? Se le pregunta al analista Benedicto.

—Faltó cortar cabezas. Los funcionarios han cometido errores. Y ahí reflejan los panistas que no entienden la privatización, ni la magnitud del movimiento. Lo que debieron de haber hecho es quitar varios funcionarios.

Las movilizaciones no siempre arrojan los resultados que el manifestante espera. Sin embargo, no son inútiles. Lorenzo Meyer recuerda el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Nunca los encontraron, pero las manifestaciones dejaron ver la fuerza de este tipo de movimientos. Además forzaron cambios en el gabinete, obligaron a traer organizaciones externas y restaron legitimidad al gobierno, según Meyer.

En el caso de Baja California, Ruiz Vargas dice que la carrera de “Kiko” Vega está en crisis, y con él, la del PAN.

La única situación que pudiera ayudarles a recuperar credibilidad, es que Vega se separe del cargo, según el analista.

“Eso solucionaría totalmente la crisis. La sociedad necesita un nuevo interlocutor oficial”, dice Benedicto Ruiz.

Aunque el gobierno puede ignorar las demandas del pueblo, dice Meyer, su indiferencia va a tener un costo en las elecciones de 2018.

El Senador Ernesto Ruffo Appel, quien suena como presidenciable para 2018 por el PAN, reconoce que los gobiernos han actuado equivocadamente.

Ruffo cree que las manifestaciones son “la culminación de la poca transparencia y muchos asuntos de corrupción dentro del gobierno en los tres niveles”, pero no señala a “Kiko” Vega.

Reconoce que al panismo en Baja California le falta comunicación y una mejor relación con los ciudadanos.

Critica que el partido se haya cerrado a nuevos militantes, que optara por depurar a quienes “demostraban tener capacidad ciudadana” y que incorporara a incondicionales a cambio de un beneficio.

Benedicto Ruiz también cree que el error del PAN en Baja California, es que no ha formado puentes de comunicación y transparencia con la sociedad.

“El gobierno de Kiko que es un gobierno muy autista. Muy concentrado en sí mismo. No le ha dado valor a informar”, dice.

Por eso la gente ya no cree en su gobierno, pero sí confía en su propio poder.

Este fue el caso de Ángel Cosío, un microempresario de Tijuana dedicado al diseño, fabricación e instalación de muebles, quien participó en su primera marcha el 15 de enero.

“No participabamos en política porque creíamos que no éramos escuchados”, dice Cosío. Hoy opina distinto. “Tengo una voz y ahora sé que vale”.

Ángel se animó a manifestarse porque ya no confía en los servidores públicos, aunque sigue votando en cada elección y dice que no dejará de hacerlo.

Piensa que para revertir aquello que le disgusta del gobierno, es necesario involucrarse en la política, algo que hace desde su posición como ciudadano, exigiendo que sus gobernantes lo representen de verdad.

Dice que el aumento en el precio de gasolinas le perjudica pues implica un incremento del 15% en gastos de transporte de su negocio y en la materia prima que requiere.

Sobre la Ley del agua dice que repudia la participación del sector privado y dice que el agua debe ser para la ciudadanía. Reprueba que el estado se endeude para la construcción de desaladoras.

Pero los únicos que pueden salvar a Baja California, dice Cosío, son los ciudadanos.

“Ya tenemos el poder de convocatoria y hubo cambios cuando salimos a manifestarnos”.

Dice que está entusiasmado por participar en futuras movilizaciones.

Y en opinión de Lorenzo Meyer, este es el cambio importante. “El ciudadano se quiere manifestar. Se está haciendo más común y va a ser más común”, dice el historiador.

Esta capacidad de movilización va a perdurar aunque el tema de las gasolinas y el agua caduquen.

Los mexicanos se vieron durante siglos como súbditos más que como ciudadanos, dice Meyer. “Como objetos de la política pero no como sujetos políticos”.

En cambio hoy que el mundo está más conectado y con acceso a la información, se ha dado un efecto que Meyer define “de conciencia casi universal”.

Dice que cada vez son menos los mexicanos que se sienten impotentes e incapaces de actuar frente al gobierno.

En 1968 protestar era jugarse la vida. Según el historiador ya no suele ser así. Hoy las personas salen más, y la gente se entera del otro lado del mundo.

Por eso cree que los tiempos están cambiando y con ello, la forma de pensar, especialmente en el norte de México.

El politólogo Benedicto Ruiz coincide con la visión de Lorenzo Meyer y no descarta que en las próximas elecciones se viva un cambio como la transición democrática de 1989.

“La gente va a buscar otras fuerzas emergentes”, dice Ruiz.

En la elección de 2016 el panista Juan Manuel Gastélum llegó a la alcaldía de Tijuana con una diferencia de 1.05% sobre el militar Julián Leyzaola Pérez, sin protestas cívicas de por medio.

Por eso las movilizaciones han comenzado a ser vistas como el inicio de una nueva transición en Baja California, gobernada por el PAN desde hace 28 años.

 

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