Loma Dorada es un fraccionamiento residencial con vista al mar ubicado en una céntrica zona de Ensenada. Desde allí, con el Océano Pacífico asomándose irónicamente por la ventana, Magdalena Sotelo platica que seguido padece la falta de agua en casa.
“He juntado botes de agua por cualquier cosa que la cisterna no tenga. Mínimo tener para los servicios necesarios: los baños, lavar platos”, dice Magdalena.
Ensenada es el ejemplo más claro de la sequía en el estado. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), determinó desde el 2008 que toda la península de Baja California tiene el mismo problema, aunque en distintos niveles.
“Yo ando de súper nervios en verano cuando no hay agua”, dice Magdalena. Hasta el 2015, Ensenada se abasteció de pozos que hoy están sobre explotados.
A varios kilómetros de distancia de Loma Dorada, en una de las varias colinas del puerto, los habitantes de Los Encinos padecen el mismo mal. En uno de los departamentos de esta colonia popular, vive Wendy Hernández.
Ha tenido que acostumbrarse a la constante falta de agua, aunque los recibos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), no dejan de llegar. “Yo no sé qué te cobran si nunca hay”, dice.
Desde lo alto de la colina se ven los techos de muchas otras casas que comparten una similitud con los vecinos de Magdalena en Loma Dorada: tinacos para almacenar agua y sortear el problema.
Pero no todos padecen el mismo nivel de escasez, y esto lo saben los comercios de la zona turística. En uno de los tantos puestos de mariscos del Mercado Negro, la vendedora recuerda que hasta hace unos años dejaba de salir agua del grifo al ponerse el sol, pero ahora sólo baja la presión.
Según Conagua, la sexta parte de los acuíferos de Baja California están sobre explotados, y otros tienen altas concentraciones de sal.
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Y entre todos ellos, la Presa Emilio López Zamora es una triste alegoría del problema. El espacio que antes ocupó el agua, hoy está cubierto por altos árboles y basura en la periferia. El agua que hoy tiene es gracias a un poco de lluvia que cayó recientemente.
Académicos y expertos del tema coinciden en que el problema de Baja California no es la escasez, sino la mala distribución del líquido que llega del Río Colorado. Hoy esa distribución amenaza el desarrollo de la región.
El gobierno estatal ha querido enfrentar la insuficiencia de agua explorando a través de pozos y ahora promueve la construcción de desaladoras. Pero estas políticas están siendo cuestionadas por académicos y especialistas en el tema.
Baja California tiene dos fuentes de agua: los mantos acuíferos y el Río Colorado. Los primeros ya casi no tienen agua, y el segundo está en nivel crítico desde hace algunos años.
Según Conagua, la sexta parte de los acuíferos de Baja California están sobre explotados, y otros tienen altas concentraciones de sal.
Los residentes del municipio de Ensenada ya reconocen las consecuencias de tener ese tipo de agua, y quienes llegan de otros lugares para conocer las atracciones de la cenicienta del Pacífico, no tardan en sufrirlas.
“Cuando llega visita, comenta: ‘¡Ay, el pelo me quedó parado!’ Ni modo, estás en Ensenada, están muy bonitos los viñedos, pero el agua no”, bromea Magdalena, que hospeda a familiares cada verano.
Rogelio Vázquez González, profesor del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), dice que la parte sur de la ciudad es la que tiene este problema en mayor grado.
La sequía ya rebasa una década y por esto los acuíferos no se han cargado. Hace más de 12 años que en la región no hay lluvias importantes para que el suelo absorba los escurrimientos.
Ese espacio vacío lo ocupa el agua de mar, impregnando las paredes de las cuevas subterráneas con sal que después llega a los hogares.
“Aunque fuera un buen año de lluvias, con el déficit que ya tenemos, no se va a resolver todo”, advierte el investigador.
A pesar de que Ensenada tiene derecho a recibir agua del Río Colorado, hasta el año pasado no estaba conectada al acueducto principal. Ahora la recibe por otro ducto que va desde Tijuana. Lo llaman de “flujo inverso” porque antes llevó agua de sur a norte.
Pero hay algo equivocado en la política pública del estado. Y es que durante años, Tijuana y Playas de Rosarito consumieron el líquido que le correspondía a Ensenada, por eso no tienen tantos problemas como el puerto.
En 2015, esas dos ciudades usaron 60% más del agua que les corresponde del Río Colorado, la principal fuente de abastecimiento del estado.
La federación asigna anualmente volúmenes de agua para cada ciudad: 80 millones de metros cúbicos para Tijuana, nueve millones para Ensenada, y más de 100 para Mexicali. Esto es lo que la federación llama “derechos de agua”.
Pero esta distribución también es cuestionable. Según los censos oficiales de 2015, Tijuana tiene 1.6 millones de habitantes, Ensenada 486 mil, y la capital 988 mil 417.
Junto a la sequía, el crecimiento poblacional de los últimos años ha recrudecido el problema de abasto.
Hace más de 12 años que en la región no hay lluvias importantes para que el suelo absorba los escurrimiento.
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Esa zona se abastece del acuífero de Maneadero y lleva a los hogares agua que tiene tres veces más sal de la que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Aunque no trae daños mayores a la salud de los ensenadenses, sí reseca la piel, daña la ropa, afecta jardines, provoca sarro en los grifos y claro, pone los pelos de punta.
Pero el académico dice que la llamada “agua dura” es el menor de los males. “La condición real es que no se cuenta con agua suficiente para el abasto de la población”, dice.
“La razón es que no se han actualizado los volúmenes de agua que se le asignaron en 1974 a las ciudades”, dice Miguel Lemus Zendejas, titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la operadora de agua más grande del estado.
Lo cierto es que la escasez en Tijuana ya es una realidad, pero la gente no lo nota porque la CESPT ha conseguido usar parte del agua de la capital para cubrir su déficit.
El funcionario dice que Mexicali no usa toda el agua del río a la que tiene derecho, así que mediante un convenio subsidió a Tijuana con 19 millones de metros cúbicos en 2015, y este año suman 13 millones más.
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Lemus Zendejas dice que los tijuanenses no pagan lo que cuesta el agua porque las empresas subsidian el consumo habitacional.
Los hogares pueden usar hasta cinco metros cúbicos y pagar un promedio de 17.49 pesos. Las empresas compran a 63 pesos cada metro.
El agua del Río Colorado que nace en Estados Unidos tiene que pasar un largo trayecto antes de llegar a la zona desértica que es esta región, y entra a México por la calurosa capital de Baja California: Mexicali.
Para traer el agua, en 2015 la CESPT pagó 921 millones de pesos en energía eléctrica para bombearla a miles de metros de altura por La Rumorosa.
Miguel Lemus sostiene que, entre lo que costó traer el agua del Valle de Mexicali a la Zona Costa del estado y su precio de venta, la paraestatal perdió 4.13 pesos por cada metro cúbico de agua.
Esto tiene también un mal pronóstico por los recientes aumentos a los costos de la energía eléctrica.
La capital del estado es la única ciudad que no tiene un problema de agua, porque de acuerdo con Conagua, el 80 por ciento del agua que llega del Río Colorado es para uso agrícola y se queda en Mexicali.
Distribución del agua del Río Colorado en Baja California por la Conagua. Gráfica: Eduardo Rivera Scott / dato.mx
En la capital reciben tanta agua, que con frecuencia la venden a otros municipios. El agua del Río Colorado llega directamente al distrito de riego número 14. Son 22 distritos: tres en Sonora, y 19 en Mexicali.
Esos distritos son administrados por Distrito de Riego Río Colorado S. de R.L. de I.P. de C.V. que desde 1998 tiene la concesión para operar, conservar y administrar la infraestructura hidráulica de la red mayor del distrito de riego 014. Esta empresa es comúnmente llamada “la SRL”.
Así que cuando los agricultores no necesitan el agua para sus parcelas, la venden.
Pero conocedores del tema establecen que esa transacción de agua no es del todo clara.
“Sucede en el hecho, porque el agua en México no es vendible”, dice el también presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable (CCDS), José Carmelo Zavala.
La CESPE asegura que en esta administración, Ensenada no ha recurrido a esa práctica. La razón es sencilla: los agricultores del puerto tampoco tienen agua.
La Comisión Estatal del Agua explica que la fuente de San Quintín son pozos que hoy no dan lo suficiente. No reciben agua del Río Colorado porque no tienen derechos asignados por la federación y consideran que una conexión con el acueducto sería muy cara.
El caso contrario a San Quintín, en la adquisición adicional de agua, es Tijuana. Además de consumir líquido de la capital y hasta el 2015 el de Ensenada, recurrió a los agricultores mexicalenses para comprar agua de riego y cubrir la demanda de esta Zona Costa, revela el titular de la CESPT.
“Rentamos derechos de agua al Valle de Mexicali. Ellos nos rentan parcelas. Por cada hectárea tenemos mil litros por segundo. Rentamos muchas y nada más pagamos lo que vayamos usando”, explica Miguel Lemus.
Pero el precio no es nada estable. En 2014 eran cientos de dólares por hectárea, y en 2015 aumentó a miles.
“El año pasado la negociación se dio cuando se ocupaba el agua, y la oferta andaba alrededor de los 4,000 dólares por hectárea. (…) Hubo gente que nos decía 4,800 dólares la hectárea. El antepasado se negoció a tiempo y no pasó de los 300 dólares por hectárea”, dice Lemus Zendejas.
El dato es abrumador: entre 2014 y 2015, el precio del agua se multiplicó 15 veces.
En Baja California, cuando los agricultores no necesitan agua para sus parcelas, la venden
FOTO: Newsweek en Español
—¿De qué depende el precio?, se le pregunta a Lemus Zendejas.
—La verdad, depende de en qué estado de ánimo agarres a la SRL, porque ellos son los que comercializan el agua.
“Cuando quedan muy poquitos se aprovechan y te suben el precio”, agrega Lemus.
Entre 2014 y 2015, la CESPT tuvo que comprar 20 millones de metros cúbicos para resolver la brecha de agua que demanda Tijuana que no abastece el Río Colorado directamente.
Alfonso Correa Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), no está tan convencido del cumplimento de la ley en la compra de agua.
“Creo que el ente gubernamental no tiene la capacidad de supervisión para vigilar todo eso que se hace”, opina.
Cuando se buscaron los montos que la CESPT pagó por agua, dijeron que fueron arriba de seis millones de pesos en 2014 y más de ocho millones este 2016. Este egreso es clasificado por CESPT como “pago por excedentes de agua”.
Al preguntar directamente por los montos gastados en renta de derechos, la paraestatal se retractó afirmando que nunca hizo esos acuerdos.
La cifra del pago por derechos de agua para cubrir los 20 millones de metros cúbicos que compró la CESPT, no fue proporcionado por este organismo operador.
Para cubrir los 20 millones de metros cúbicos anuales, la CESPT tuvo que rentar derechos de agua a 325 hectáreas de Mexicali, de acuerdo a esta investigación.
Y es que cada hectárea de Mexicali tiene asignados por la Conagua, 61 mil 495 metros cúbicos al año.
La brecha de agua de octubre 2014 a octubre 2015 costó a la CESPT, unos 97 mil 568 dólares, pues en ese lapso, cada hectárea costó 300 dólares.
De octubre 2015 a octubre 2016, la brecha de agua de Tijuana costará cerca de 1 millón 300 mil 915 dólares, pues cada hectárea promedia los 4,000 dólares.
Esto significa que el déficit de agua en 2015-2016, costó unos 26 millones de pesos adicionales a lo que pagamos en 2014-2015.
Tijuana requiere unos 130 millones de metros cúbicos de agua cada año, pero sólo tiene derechos de la federación por 80, de acuerdo a la CESPT.
Imagen : Áxel Márquez/Newsweek en Español
La relación comercial entre la CESPT y la empresa Distrito de Riego Río Colorado, que comercializa el agua, es cuando menos, poco clara.
Jorge Soto, gerente de la empresa y Francisco Delgado, jefe de Distrito de Riego de la Conagua, se contraponen cuando explican la venta de agua a la CESPT.
Soto niega que la empresa venda agua a la CESPT y dice que Conagua fija los precios, mientras que el funcionario de la Conagua dice que es la empresa quien negocia y cobra a la CESPT.
“Tijuana le paga a la SRL. Y ésta le paga a los usuarios del distrito”, dice Francisco Delgado, refiriéndose a los propietarios de las hectáreas.
Con una fotografía del gobernador Francisco Vega a su espalda, el titular de la CESPT dice que el ejecutivo estatal busca una redistribución del agua del Río Colorado, y la paraestatal quiere un aumento del 50% en sus derechos.
“Y ya no vamos a tener necesidad de otra cosa”, dice el funcionario estatal.
El vicepresidente de temas de agua de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Becerra, subraya que ni la venta, ni la renta de tierras que tienen derechos de agua está regulada. Pero quienes tienen esos derechos negocian igual con empresas que con particulares o con gobiernos.
“Realmente hay un mercado negro allí, y la necesidad te lleva a que la ocupas, lo tienes que hacer, pero está muy irregular. Es una mafia allá, en el Valle”, acusa.
Y dentro de poco, Mexicali incluirá entre sus nuevas inversiones, una empresa cervecera que demandará más agua que Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada juntas.
El director de la CESPT dice que Grupo Modelo pidió 200 millones de metros cúbicos de agua al año. En un primer acercamiento, la empresa buscaba instalarse en Tijuana.
Pero Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, consumen al año unos 149 millones de metros cúbicos, por tal, el proyecto empresarial se trasladó a Mexicali.
Carlo Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico de Baja California, confirma que Constellations Brand compró hectáreas en la capital y podría comenzar operaciones en 2018.
Pero el director de la Comisión Estatal del Agua asegura que no hay nada oficial. “Lo sé porque ha salido en medios y se ha comentado, pero yo oficialmente no tengo todavía nada”, dice Germán Lizola Márquez.
Carlo Bonfante Olache, sostiene que el suministro del agua no será problema.
“Estados Unidos tiene un problema de sequía, pero no es el mismo problema que tenemos en Baja California”, asegura.
Dice que las desaladoras darán el abasto suficiente y que el gobierno estatal puede garantizar el agua a cualquier empresa interesada en invertir.
Pero al problema de la distribución, se le suma el problema de sequía.
El riesgo de que la situación empeore es cada vez mayor porque la sequía en ambos lados de la frontera ha ido reduciendo el nivel del Río Colorado.
“Hay una condición relativamente crítica que tiende a acentuarse, a estar en líneas críticas de los volúmenes mínimos necesarios para el desarrollo de las regiones”, dice el investigador de El Colef.
El nivel actual del Río Colorado únicamente garantiza agua para un año más. A mediados del 2017 habrá una nueva medición. Si el nivel baja, habrá un recorte de agua para los dos países.
“El primer nivel habla de reducir alrededor de 63 millones de metros cúbicos en un año. Este volumen es más o menos como el 60 por ciento o 70 por ciento de lo que consume toda la ciudad de Mexicali”, dice Correa Lara.
Actualmente, aún con los 1,850 millones de metros cúbicos que llegan del Río Colorado cada año, no alcanza a satisfacer la demanda de la población.
FOTO: Newsweek en Español
El acuerdo entre México y Estados Unidos respeta los volúmenes de entrega mientras el nivel del agua en la Presa Hoover no baje de los 1,075 pies sobre el nivel medio del mar.
A pesar de lo crítico de la situación para la mayor parte del estado, varios conocedores del tema coinciden en que los agricultores de Mexicali desperdician mucha agua con viejos métodos de riego como la inundación de surcos.
Manuel Becerra, vicepresidente del sector de agua de la CMIC, asegura que con un poco de cuidado solucionarían mucho.
“Las zonas urbanas tienen un derecho de prelación sobre el campo en caso de una controversia. No pueden decir los agricultores: ‘es que el agua es mía’, y más cuando hay todo ese derroche. Con un 10% de agua que ahorraran los agricultores del Valle, con eso se resolvía el problema de toda la gente, de todo el estado”, sostiene.
Pero las fallas no sólo se ven entre los agricultores, sino también en las políticas de gobierno.
Un ejemplo es la insistencia de perforar pozos en busca de agua, cuando los expertos preveían que los mantos freáticos ya no daban más, como pasó en Ensenada durante el 2014, con los pozos del cañón de Doña Petra.
El gobierno estatal hizo una intensa campaña para dar la impresión de que los pozos solucionarían la falta de agua en Ensenada.
“Ese es otro gran fiasco en cuanto a la utilización de la información técnica para programar posibles soluciones”, dice el investigador del CICESE Rogelio Vázquez, sobre el ahora famoso pozo del Cañón de Doña Petra.
Burlonamente recuerda que luego de las perforaciones y la fotografía oficial de los funcionarios quedó “el gran chorro de agua que no duró nada”.
Aunque esta práctica no ha dado los resultados prometidos por la autoridad, paraestatales como la de Tijuana destinarán más dinero a la perforación en búsqueda de agua.
“Estamos esforzándonos un poquito más en los otros pozos para ver la posibilidad de meterles dinero y perforar más (…) es exploratorio básicamente”, dice el director Miguel Lemus.
Conagua dice que tiene 300 pozos de agua registrados en Baja California. Son permisos de extracción a particulares. El investigador de El Colef, Correa Lara, estima que “hay muchas deficiencias en el padrón de derechos”.
Y autoridades creen que hay muchos más.
“Están sobre concesionados. Hay más concesiones que agua”, agrega el director de la CESPE.
A principios de la década, el estado ya tenía un déficit considerable de agua. Los pozos no aportaban ni la mitad de los millones de metros cúbicos de agua necesaria.
El estado entonces usaba 3,200 millones de metros cúbicos por año. Actualmente, aún con los 1,850 millones de metros cúbicos que llegan del Río Colorado cada año, no alcanza a satisfacer la demanda de la población.
Conagua estima que esta brecha seguirá creciendo.
“Actualmente existe una brecha o déficit de 450 millones de metros cúbicos de agua y para el año 2030, se estima que ésta alcance los 543 millones de metros cúbicos”, pronostica la dependencia federal.
Otra evidencia del desperdicio de agua en el sector público, es el ayuntamiento de Tijuana.
El vicepresidente de temas de agua de la CMIC, resalta que el gobierno de la ciudad usa agua potable para regar las áreas verdes de la ciudad.
“Porque no la pagan. Los ricos usan el agua negra tratada. Como el Campestre, Real del Mar, Baja Mar, los campos de golf, algunos industriales como la Samsung, la Toyota. La gente de dinero sabe lo que vale el agua, y por eso usa agua negra tratada. Y el gobierno no, que es el que debería predicar con el ejemplo”, dice el constructor.
La Comisión de Tijuana trata 86 millones de metros cúbicos de agua al año, pero sólo reutiliza el 6 por ciento porque no hay infraestructura para distribuir el resto.
Durante la administración estatal anterior promovieron el “Proyecto Morado”, una tubería dedicada exclusivamente para suministrar agua de reuso.
“Realmente lo que se está reusando es nada”, critica Manuel Becerra.
En la actual administración bajacaliforniana, pretenden reutilizar el 60 por ciento del agua tratada para el 2019. Una parte del proyecto, dice el director de la Comisión del agua en Tijuana, es inyectar agua al subsuelo en Valle de las Palmas.
Por estas situaciones, tanto la iniciativa privada como la academia, consideran que el agua no es un tema prioritario para el gobierno estatal. Lo cierto es que a la fecha, no existe una Ley Estatal del Agua, a pesar de que vivimos en un desierto.
“No pueden estar improvisando funcionarios. Ahorita el gobierno del estado lleva dos directores de la Comisión Estatal del Agua, la máxima autoridad del agua en el estado. Pero los dos directores que lleva el gobernador, no saben nada de agua”, dice Manuel Becerra.
Carmelo Zavala, presidente del CCDS, va todavía más allá en paraestatales como la de Tijuana.
“Es un organismo con muchos recursos. Se compara con mover el presupuesto de la ciudad. Bueno, hace presidentes municipales y hasta gobernadores. Es una plataforma política”, dice.
En Tecate, la directora de la comisión estatal del agua local, Patricia Ramírez, fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN), para la alcadía de ese municipio. Después de perder con la priísta Nereida Fuentes, regresó al cargo.
LA OFERTA DEL GOBIERNO
Pero la apuesta principal del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid para solucionar la insuficiencia de agua en la Zona Costa de Baja California, son las desaladoras.
“No puedes parar el crecimiento de una ciudad, no puedes parar las inversiones. Tenemos que buscar las alternativas de solución, y el gobernador visualizó la desalación de agua de mar, y la desalación de agua de mar, es el futuro”, dice casi dogmático el director general de la Comisión Estatal del Agua, Germán Lizola.
Hay cuatro proyectos en marcha: San Quintín, Ensenada, Playas de Rosarito e Isla de Cedros.
La desaladora de San Quintín es inversión totalmente privada concesionada a 22 años.
Ensenada tendrá una desaladora con una inversión conjunta de particulares y el gobierno del estado.
Sólo la planta que desalará agua de mar para consumo humano, y que actualmente se construye en Isla de Cedros, es una obra pública. Es la más pequeña de las cuatro.
Y recientemente, las autoridades estatales realizaron una elaborada ceremonia para publicitar la firma del contrato de la desaladora de Playas de Rosarito bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP).
“Lo van a operar, lo van a mantener, y nosotros les vamos a comprar el agua”, explica el titular de la Comisión Estatal del Agua. Cada metro cúbico tendrán un costo de aproximadamente un dólar, responde.
La de Rosarito está anunciada como la planta desaladora más grande de América Latina, responsable de atender a Tijuana, Tecate, y Playas de Rosarito. Es una inversión de 10 mil millones de pesos.
“¿Por qué una APP?, pues porque el gobierno no lo hizo en su momento y ahora tiene que entrar un privado a invertir en algo que tal vez el gobierno debió haber previsto desde hace tiempo”, destaca Manuel Becerra.
Aunque los proyectos están en curso, pasarán varios años antes de que puedan producir agua potable.
Otra parte que cuestionan las fuentes de este reportaje, es el impacto ambiental de estas obras.
Representantes de la iniciativa privada revisaron la necesidad de reunirse con las autoridades para solicitar que corrijan la política hídrica que amenaza el progreso del estado.
“Alternativas como la desalación de agua, como el reuso de aguas tratadas, van a tener que considerarse de una manera más seria, más intensa. Con mayor presupuesto para establecer la viabilidad de estas alternativas”, recomienda el investigador del CICESE Rogelio Vázquez González.
