La mayoría de los rusos se considera libre, mientras que 41 por ciento apoya las medidas del gobierno para sofocar a los llamados “agentes extranjeros” y activistas que trabajan para Occidente, reveló una nueva encuesta de Levada Center, agencia de investigaciones independiente.
Llevado a cabo con 1,600 rusos de 48 regiones del país, el sondeo investigó actitudes generales hacia el estado de la democracia y los derechos individuales en Rusia, y descubrió una postura cada vez más indiferente ante las advertencias de autoritarismo.
Los votantes rusos se mostraron más preocupados por el estado de su democracia durante la presidencia de Dmitry Medvedev que hoy, ya que solo 22 por ciento de los encuestados consideró posible que esté emergiendo una dictadura en Rusia, el porcentaje de disensión más bajo desde 2003. Cuarenta y dos por ciento consideró poco probable dicho prospecto, mientras que 26 por ciento descartó por completo la posibilidad.
Entre tanto, un tercio de los rusos (33 por ciento) también opinó que, en los próximos años, el Kremlin aumentaría la represión de figuras de oposición, aunque 41 por ciento dijo que apoyaba los esfuerzos del gobierno para detener a los “agentes extranjeros” y “la quinta columna”. Estos son los términos que ha utilizado el presidente Vladimir Putin para describir organizaciones gubernamentales y activistas que lo han criticado.
Veinticinco por ciento de los rusos manifestó que esas medidas eran un recurso del gobierno para protegerse de críticas, en tanto que 34 por ciento tuvo dificultades para comentar al respecto. En la pregunta, “¿Se considera una persona libre?”, 66 por ciento de los respondedores contestó “sí” o “mayormente, sí”.
El gobierno ruso ha enfrentado un creciente escrutinio por alegatos de autoritarismo desde que Putin regresó al poder, por tercera vez, en 2012, habiendo fungido previamente como primer ministro durante cuatro años. La Constitución prohíbe que un presidente ocupe el cargo en tres periodos consecutivos. Durante su ejercicio como primer ministro, Putin se las arregló para prolongar el periodo presidencial.
Durante el año pasado, Rusia ha utilizado el término “agente extranjero” para clausurar –aunque, a veces, solo temporalmente- organizaciones como la que dirigía el último museo Gulag o Madres de Soldados, grupo de beneficencia que publicó pruebas de la presencia de soldados rusos en Ucrania. El gobierno ha obtenido el derecho de proscribir organizaciones basándose en evidencias de que reciben fondos del extranjero. Los legisladores también han introducido una ley que permitiría clausurar cualquier organización de beneficencia que pueda considerarse “indeseable” para la estabilidad de Rusia.
Tras el misterioso asesinato del prominente crítico de Putin, Boris Nemtsov, perpetrado en marzo, el presidente Barack Obama declaró que, en su opinión, “la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de información, los derechos civiles básicos y las libertades civiles en el interior de Rusia, están ahora en condiciones mucho peores de lo que estuvieron hace cuatro, cinco o diez años”.
Los activistas de oposición, como el grupo de protesta punk-rock Pussy Riot y el bloguero anticorrupción, Alexey Navalny, han encarado cargos criminales en juicios que, según afirman, tuvieron motivaciones políticas. Desde que Putin regresó al Kremlin, la ONG estadounidense, Freedom House, ha conferido a Rusia el estatus de “régimen autoritario consolidado”.
Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek.
