Cuando
al aparecer se olvidó de poner su direccional en una intersección, un policía
lo detuvo poco después de las 10:30 p.m. en su pueblo natal de Lugoff, Carolina
del Sur, a unas 30 millas al noreste de Columbia. El oficial esposó a Green y
lo llevó a la prisión del condado, donde esperó toda la noche hasta que su
madre pagó la fianza de alrededor de $2,000 dólares. Una de las condiciones de
su liberación: Green tenía que usar —y pagar— una tobillera de monitoreo
electrónico. Siendo un trabajador de la construcción desempleado con cinco
hijos y que vive de un cheque mensual por discapacidad de $900 dólares, Green
no podía creer lo que oía. “¿Pagarlo?”, dice Green con incredulidad. “Nunca oí
de eso”.
Él
oyó bien. En el condado de Richland, Carolina del Sur, cualquier persona a la
que se le ordene usar un monitor de tobillo como condición de la fianza debe
rentarle la tobillera a una compañía con fines de lucro llamada Offender
Management Services. OMS le cobra al infractor $9.25 dólares por día, o
alrededor de $300 dólares al mes, además de una cuota de configuración de
$179.50 dólares, según documentos del condado obtenidos a través de una solicitud
de Libertad de Información. Si los infractores no cumplen —o no pueden— con sus
pagos semanales, son enviados de vuelta a la cárcel. “La gente se declara
culpable porque es más barato estar en libertad condicional que estar bajo
monitoreo electrónico”, dice Jack Duncan, un defensor público en el condado de
Richland. “Es una prisión moderna para deudores”.
El
condado de Richland está lejos de ser el único lugar en Estados Unidos que
obliga a la gente a pagar su propio monitoreo. En la última década, programas
similares de monitoreo electrónico se han vuelto cada vez más populares.
Georgia, Arkansas, Colorado, Washington y Pensilvania ahora contratan compañías
privadas que exigen a los individuos el pago de sus tobilleras GPS, según
registros de los condados y estados. Aun cuando no hay una base de datos
centralizada sobre cuán a menudo los estados cobran a los acusados por su
monitoreo, de 2000 a 2014 el uso de monitoreo electrónico como una alternativa
a la prisión creció en 32 por ciento, según cifras provistas por la Oficina de
Estadísticas Judiciales. En 2014, NPR llevó a cabo un sondeo el cual halló que
“en todos los estados excepto Hawái y el Distrito de Columbia, hay una cuota
por el monitoreo electrónico”. Un informe de la industria ahora fija la cantidad
de personas en Estados Unidos bajo monitoreo electrónico en 100,000, y los
expertos dicen que la cifra posiblemente crezca.
Algunos
fiscales dicen que los dispositivos de monitoreo electrónico son una manera
pragmática de abordar los presupuestos gubernamentales ajustados y las cárceles
saturadas. “Estamos en el máximo de encarcelamiento como sociedad”, dice Alec
Karakatsanis, un abogado y crítico de los programas de monitoreo que cofundó la
organización sin fines de lucro Justicia Igual Ante la Ley. “Muchas de estas
compañías dedican acciones extraordinarias para cambiar su modelo de negocio y
beneficiarse con esas vigilancia y supervisión crecientes”. Compañías como OMS
de hecho han permitido a las municipalidades evitar los costos de monitorear a
los infractores. Los condados ahorran dinero, la compañía gana dinero, y la
gente como Green —muchos de los cuales son pobres— son obligados a pagar.
Pero
algunos condados no sólo ahorran dinero al contratar los programas de
monitoreo, se benefician de ello. En Mountlake Terrace, un suburbio al norte de
Seattle, la ciudad contrata con una pequeña compañía de monitoreo electrónico,
la cual le cobra a la ciudad $5.75 dólares “por cliente”. Pero la persona
colocada en monitoreo electrónico en realidad le paga a la ciudad $20 dólares
al día, resultando en un ingreso neto para la ciudad de “aproximadamente
$50,000 a $60,000 dólares” por año, según documentos del condado de Mountlake
Terrace.
OMS,
la corredora de la tobillera, es un actor relativamente pequeño en el negocio,
pero es parte de una industria que ha hecho una fortuna con una industria
carcelaria de tecnología cada vez más alta. OMS le renta el equipo de monitoreo
a Satellite Tracking of People, la cual es propiedad de Securus Technologies,
una compañía de tecnología carcelaria valuada en más de $1,000 millones de
dólares. Según una de las hojas de balance de la compañía, Securus registró
$26.3 millones de dólares en ingresos de 2014 con su nuevo negocio de “sistemas
de monitoreo de infractores” después de que compró a Satellite Tracking of
People en 2013. Otras compañías también le sacan partido. El grupo GEO, una
compañía carcelaria privada, compró Behavioral Incorporated, el mayor proveedor
de monitoreo electrónico, en 2011 por $415 millones de dólares. Y Omnilink,
otro gran proveedor de servicios de monitoreo electrónico, fue adquirido
recientemente por $37.5 millones de dólares. “La primera regla es seguir el
dinero”, dice Duncan, el defensor público. “Y las corporaciones exitosas son
aquellas que entran al negocio, porque hay mucho dinero que ganar aquí”.
Con
toda esta plata en juego, la industria de tecnología carcelaria ha contratado
cabilderos para proteger sus arcas y establecer relaciones con departamentos
correccionales, especialmente en el ámbito estatal y local. La compañía más
grande de correccionales privadas del país, GEO Group, gastó $2.5 millones de
dólares en 2014 en cabildeo, en parte por sus acciones de monitoreo
electrónico. En una alusión a como las relaciones locales a menudo son las más
valiosas, GEO señaló en documentos de la compañía que aproximadamente $0.3
millones de dólares eran para cabildeo en el ámbito federal y aproximadamente
$2.2 millones de dólares eran para cabildeo en los ámbitos estatal y local”.
Aun
cuando las acciones de cabildeo se han vuelto rutinarias, todavía hay muy pocas
directrices estatales o federales que instruyan a los administradores de
condados o estados sobre las legalidades (o prácticas adecuadas) del negocio.
“Pienso que las compañías no quieren un examen claro del estado legal del
monitoreo electrónico”, dice James Kilgore, un investigador de justicia penal y
activista que trabaja en un libro sobre el monitoreo electrónico privatizado.
Kilgore dice que la ambigüedad legal del monitoreo electrónico le ofrece a las
compañías como OMS más laxitud para cobrar lo que les plazca.
Todavía
no ha habido alguna impugnación legal al programa de monitoreo electrónico del
condado de Richland, pero varios abogados dicen que obligar a los acusados a
pagar por su propio monitoreo es más que sólo poco ético. “El modelo de negocio
en sí es abiertamente ilegal”, dice Karakatsanis. “Si se lo impugnara en la
corte, sería anulado de inmediato”. Cherise Burdeen, directora ejecutiva del
Instituto de Justicia Previa al Juicio, un grupo de investigadores domiciliado
en Maryland, está de acuerdo. “Cobrarles a los infractores sus condiciones de
supervisión”, dice ella, “es inconstitucional e ilegal”.
Robert
Stewart, un portavoz y cabildero de OMS, se negó a comentar sobre la legalidad
de los dispositivos (él dice que esa es una cuestión que las cortes deben
decidir). Pero dice que los acusados como Green no necesariamente tienen que
pagar algo. “Ellos aceptan ser parte de ello”, dice él. “Ellos no tienen que
aceptarlo. Pueden decir: ‘No quiero hacerlo’.”
Por
supuesto, decirle no al dispositivo significa regresar a la cárcel. Y si eso es
bueno o no, los partidarios dicen que los dispositivos mantienen seguro al
público. Pero los críticos, en especial Kilgore, dicen que es un argumento
endeble para el monitoreo electrónico. “Hay una mitología alrededor de la
tecnología, de que en cierta forma las autoridades controlan a los individuos
que están bajo monitoreo electrónico”, dice él. Una razón importante: la
tecnología a menudo es usada en infractores menores. Desde que el programa de
rastreo se introdujo en agosto de 2014 —apenas un par de meses antes del
arresto de Green—, los jueces en el condado de Richland lo han hecho una
condición de la fianza cientos de veces, a menudo por infracciones de tránsito
menores o delitos de bajo nivel, según documentos de la corte y defensores
públicos. “Están incontrolables al respecto”, dice Duncan. “Se ha salido de las
manos”.
Green
está de acuerdo. Él admite que su licencia fue suspendida inicialmente por
manejar alcoholizado, y su historial de arrestos incluye cargos por violencia
doméstica y alteración del orden público. Él ha tratado de trabajar en empleos
talacheros para mantener a su familia, pero el dinero que perdió con la
tobillera sólo lo ha sumido en más deudas. “Me acabé todo mi dinero”, dice
Green. “Sólo es un timo”.
Para
empeorar las cosas, cuando el abogado de Green, William Cox III, presentó una
moción a principios de agosto para modificar la fianza de su cliente y
retirarle el monitor electrónico, la corte les informó que el caso había sido
desestimado el 8 de junio. En otras palabras, por dos meses el monitoreo de
Green fue absolutamente innecesario, pero nunca se le reembolsó.
“Desgraciadamente, él sólo se les escapó por los huecos en el sistema
judicial”, dice Cox. “No veo cómo eso sea justo”.
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
Eric Markowitz es un escritor superior
de International Business Times. Sígalo en Twitter @EricMarkowitz.
