La semana pasada, Andrew Hanen, un juez federal de Texas, puso una barrera más a las reformas en política de inmigración del presidente de Estados Unidos, Barak Obama, al frenar el desenlace de dos de los programas que pretendían proteger a millones de inmigrantes ilegales de la deportación.
El argumento de Hanen para frenar las acciones ejecutivas fue que encontró que “la administración no siguió el protocolo indicado en el Acta de Procedimientos Administrativos que establece los procedimientos correctos para hacer regulaciones federales”
Este es el comienzo de lo que puede ser una larga batalla legal, ya que aunque la primera fase podría resolverse en días o incluso meses. La demanda no afecta directamente a la administración de Obama pero genera mucha incertidumbre entre los inmigrantes que podrían ser protegidos.
Hay muchas dudas en torno al futuro de esta política, algunas tienen respuestas, otras no. Estas son las cuatro preguntas centrales ante este nuevo tropiezo en la búsqueda de una reforma migratoria:
1.-¿Tratará el Departamento de Justicia de acelerar el proceso legal de la demanda?
Acelerar el caso lo llevaría ante la Suprema Corte en cuestión de días -y no de meses-. La administración de Obama siente mayores oportunidades de ganar en la Suprema Corte que en el juzgado de Texas.
Si el Departamento de Justicia no acelera el proceso los programas para inmigrantes ilegales podrían quedar estancados por meses.
El pasado martes el ministro de Justicia, Eric Holder, dijo que el Departamento de Justicia estábuscando todas las opciones; la directora del Consejo de Políticas Nacionales de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo en una conferencia de ofensa que definirían el futuro de la política de inmigración en los próximos días.
2.-¿Deportarán a los inmigrantes que no están ya en algún programa de protección?
Para los inmigrantes afectados por la decisión de la corte tejana la noche del pasado lunes, la pregunta más importante es si corren el peligro de ser deportados antes de que se resuelva el caso.
En teoría, no debería de ser así. Las acciones ejecutivas del presidente Obama de noviembre incluían una definición muy clara de quienes debían de ser deportados. Todos los inmigrantes con posibilidad a protección no pueden ser deportados.
Ninguna de estas órdenes se ve afectada por la orden del juez. El problema es que la policía fronteriza de Estados Unidos no ha desempeñado muy bien el trabajo de juzgar a quien si deportar y a quien no.
Desde que se anunció la acción ejecutiva se han liberado a más de mil indocumentados ilegales, por lo que de algún modo se están implementado las ordenes del presidente Obama.
3.-¿Saldrá el Departamento de Seguridad Nacional del estancamiento en el que se encuentra?
El caso ha alejado miradas del Congreso, pero no se ha pospuesto su vencimiento: El Departamento de Seguridad Nacional se terminará su presupuesto el 27 de febrero. Para solucionar esto el Congreso no solo tendráque resolver un pleito entre partidos, también entre cámaras.
Los republicanos se rehusan a financiar al departamento a menos de que puedan deshacerse de las acciones ejecutivas de Obama. Mientras tanto, los demócratas se rehusan a deshacerse de los programas. Así que uno de los partidos tiene que ceder antes del 27 o el Departamento de Seguridad Nacional tendrá que poner freno a sus acciones: 85 por ciento de sus empleados trabajarásin paga y el otro 15 perderásu trabajo.
Irónicamente el único programa que se apagaría con el DSN es E-Verify, que se encarga de verificar que los empleados de las empresas estén trabajando legalmente en Estados unidos.
4.-¿Hay alguien mirando atrás?
La administración de Obama junto con algunos republicanos moderados (como Jeb Bush) han reaccionado a la decisión de la corte diciendo que si tan solo el Congreso pasara una reforma de inmigración comprensiva, esto no estaría pasando. Pero en realidad no sirve de nada, ya que quienes en el pasado no aceptaron una reforma de inmigración no lo harán ahora.
Mientras estás dudas se resuelven inmigrantes en situación irregular, organizaciones de defensa de los DDHH y líderes políticos se unieron el miércoles en distintas ciudades de Estados Unidos para rechazar la decisión del juez.
Se anunciaron más de 75 actos para los próximos cuatro días en una veintena de ciudades del país, incluyendo Nueva York, LosÁngeles, Boston, Chicago y Miami.
(Con información de Vox y AFP).