Además de 10 partidos políticos (tres de
ellos de reciente creación: Morena, el Partido Humanista y Encuentro Social),
los comicios de 2015 tendrán nuevos protagonistas: los candidatos
independientes.
Esta será la primera vez, desde 1946, que
ciudadanos sin partido podrán contender por algún cargo de elección popular a escala
federal, luego de que el Congreso aprobó en 2012 la reforma a la Constitución
que contempla esta figura.
Sin embargo, la ley secundaria que regula
las candidaturas independientes y que aprobaron los legisladores en mayo
pasado, impuso candados que algunos califican de “desproporcionados e
inviables”.
La nueva Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que los ciudadanos que aspiren a
una nominación bajo esa modalidad deberán crear un “minipartido”, una
asociación civil que hará las veces de un partido político y que permitirá al
Instituto Nacional Electoral (INE) dar seguimiento al candidato y fiscalizarlo.
Esta A. C. deberá contar con un
representante legal y un encargado de la administración financiera, además
tendrá que ser dada de alta ante el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), a fin de que los candidatos rindan sus informes de ingresos y egresos,
tal y como ocurre con quienes se postulan por el método tradicional.
Luego de la tramitología viene el verdadero
reto. Si una persona pretende competir por la Presidencia de la República
tendrá que recabar, en un plazo de 120 días, las firmas de al menos el 1 por ciento
de los mexicanos inscritos en el Padrón Electoral, es decir, de unos 780 000
votantes.
Esta cifra es casi cuatro veces mayor que la
solicitada a las Agrupaciones Políticas Nacionales que pretenden convertirse en
partidos políticos, pues a ellas se les piden las firmas del 0.26 por ciento
del electorado, unas 220 000, que podrán recolectar a lo largo de un año.
Quienes aspiren a ser senadores y diputados
federales por la vía independiente deberán tener el respaldo del 2 por ciento
del total de los inscritos en la lista nominal y tendrán 90 y 60 días,
respectivamente, para recolectar las firmas.
Una cuestión más: para reunir esos
respaldos, los candidatos no podrán contratar espacios en radio o televisión, y
tendrán que recabar las firmas en reuniones, asambleas o marchas, con recursos
propios.
Todo lo anterior demuestra que, aunque los
legisladores incluyeron esta figura en la Constitución, en los hechos
impusieron obstáculos para que fracase, pues los partidos pretenden continuar
con el monopolio de las candidaturas.
Casos de fracaso y de éxito
En la historia reciente del país, ciudadanos
sin partido han tratado sin éxito de contender por un cargo público. Los casos
más conocidos son los del ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge
Castañeda, y el de Manuel Clouthier Carrillo, quienes intentaron participar en
las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, respectivamente.
En ambos casos, las autoridades electorales
rechazaron sus registros al argumentar que este tipo de candidaturas no estaban
contempladas en la legislación mexicana. Castañeda Gutman recurrió a la Corte y
a organismos internacionales para exponer su caso.
A pesar de estos dos casos fallidos, las
elecciones del pasado 6 de julio en Coahuila, con las que se renovaron los 25
escaños del Congreso local, arrojan un dato importante: aunque no ganaron, los
candidatos independientes lograron más sufragios que quienes se postularon por
la vía partidista en varios municipios.
De los 16 distritos electorales del estado,
en cuatro hubo candidatos ciudadanos. Por ejemplo, en el Distrito I, el
independiente Reyes Flores Hurtado logró 427 votos mientras que Movimiento Ciudadano
obtuvo 258, y Nueva Alianza, 324. En el Distrito II, el también candidato
ciudadano Marco Antonio Villarreal alcanzó 511 votos, frente a 388 del
Movimiento Ciudadano y 219 del Partido Progresista.
En el Distrito III, Luis Zavala recibió 636
votos, lo que lo ubicó en quinta posición arriba de los otros 10 partidos con
registro, incluido el PVEM. Y en el Distrito IV, Roberto Quezada obtuvo 493
sufragios, por encima del Verde Ecologista (468), Movimiento Ciudadano (219),
Panal (244) y cinco partidos locales más.
¿A qué atribuir este fenómeno? Algunos
estudiosos del sistema político mexicano señalan que la ciudadanía está molesta
con los partidos políticos y con candidatos que incumplen sus promesas de
campaña, que se prestan a “moches”, que lucran con el voto y que se han visto
envueltos en todo tipo de escándalos, incluso de carácter sexual.
Resultados de exit polls realizados por
Parametría muestran que los partidos políticos tienen cada vez menos “voto
duro”. En 2003, el 47 por ciento de los electores reveló que siempre votaba por
el mismo partido, mientras que 20 por ciento decidió su voto cuando se enteró de
quiénes eran los candidatos.
Nueve años después, en las elecciones
presidenciales de 2012, un 37 por ciento dijo tener un voto partidista,
mientras que 29 decidió su sufragio durante la campaña y 23 por ciento eligió
cómo votar cuando se enteró de quiénes contendían.
“Estos porcentajes indican que el sufragio
por tradición se está reduciendo, mientras que otros factores como los
candidatos y las campañas empiezan a tomar fuerza”, concluye el análisis.
Los datos de la encuesta realizada por esa
empresa en abril pasado sugieren que los ciudadanos no confían del todo en los
candidatos independientes.
Cuatro de cada 10 mexicanos piensan que son
menos confiables que los postulados por un partido político, mientras que 28
por ciento considera lo contrario y 23 por ciento dijo que son igual de
confiables.
Por lo pronto, el pasado 26 de diciembre
venció el plazo para que ciudadanos se postularan como candidatos ciudadanos a
una diputación federal por el principio de mayoría relativa, mientras que en el
Distrito Federal se registraron 144 ciudadanos, 51 de ellos aspirantes a jefes
delegacionales y 93 a diputados para la Asamblea Legislativa.
Desde mi particular punto de vista, las
candidaturas independientes refrescan un sistema político hasta hoy
monopolizado por los partidos y pueden servir como ejemplo para una mayor
rendición de cuentas, para enriquecer la agenda pública y constituirse como una
alternativa ideológica a fin de mejorar nuestro desgastado sistema de
representación.
