Con 25 votos a favor y 9 en contra, el Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Civil que reconoce el matrimonio igualitario, una decisión que pone fin a años de rezago legislativo en la entidad y la coloca entre los últimos estados del país en avalar esta figura.
Durante la sesión, la diputada Sandra Pedroza, de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, respaldo la reforma y señaló que Guanajuato tiene la oportunidad de saldar una de las muchas deudas que tiene pendientes en materia de derechos humanos, al reconocer que amar a quienes queramos sin importar su sexo tiene que ser un derecho para todas las personas sin discriminación alguna.
La propuesta fue avalada por mayoría, mientras que el voto en contra vino principalmente de integrantes del PAN: Susana Bermúdez Cano, Rolando Alcantar, Jared González Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Erandi Bermúdez Méndez, Yesenia Rojas Cervantes, María Isabel Ortiz Mantilla y Noemí Márquez Márquez; además, la priista Rocío Cervantes Barba también se opuso.
Además, afirmó que acompañar el matrimonio igualitario no es un mero trámite ni un acto simbólico, sino un paso imprescindible para garantizar igualdad ante la ley.
Añadió que su bancada busca “romper inercias, dejar atrás prejuicios y demostrar que este Congreso sí puede ponerse del lado correcto de la historia”.
La legisladora destacó que la aprobación de la reforma es resultado de la lucha sostenida de organizaciones, activistas y colectivas LGBTQ+.
“No nace de los escritorios; nace de años de lucha de organizaciones que nunca soltaron la causa”, dijo.
Antes de emitir su voto, subrayó que los derechos “no se administran ni se regatean; se garantizan”, y llamó al Pleno a no seguir anclando a Guanajuato en “una utópica época medieval sustentada en argumentos prediluvianos”.
“Hoy con nuestro voto a favor elegimos un Guanajuato que reconoce todas las formas de amar. Un Guanajuato de iguales”, concluyó.
Además, el Congreso Local avaló prohibir las terapias de ECOSIG, al calificarlas como prácticas sin sustento científico que vulneran física y emocionalmente a quienes las sufren.
Desde tribuna, Pedroza subrayó que estos métodos no son terapias, sino actos que constituyen tratos crueles e inhumanos, aún presentes y dañinos para jóvenes y familias. Defendió que proteger las libertades implica garantizar que nadie sea castigado o corregido por su orientación sexual o identidad de género.
La legisladora sostuvo que penalizar estas conductas no es un gesto político, sino un acto de coherencia para un estado que se dice defensor de los derechos humanos.
