El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Durango con el fin de alinearlo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, esto bajo el argumento de que dicho delito continúa afectando a hogares, negocios y comunidades en distintos puntos del país.
La modificación surge de tres iniciativas revisadas por la Comisión de Justicia, que coincidieron en la necesidad de actualizar la norma local ante la evolución de las prácticas delictivas y el incremento de reportes relacionados con intentos de cobro ilegal, amenazas o exigencias económicas.
Con los ajustes, el marco jurídico estatal incorpora elementos ya contemplados a nivel nacional y busca facilitar una mejor coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales. De esta manera, las fiscalías y corporaciones deben contar con herramientas legales más claras para investigar y sancionar este tipo de conductas.
La reforma también reconoce nuevas modalidades de extorsión derivadas del uso de tecnologías de comunicación, así como esquemas que afectan el patrimonio de las familias y la operación de pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), más del 96% de los casos de extorsión no son denunciados debido al temor a represalias o a la baja confianza en las instituciones, lo que mantiene una brecha importante entre la incidencia real y las cifras oficiales.
Los legisladores consideraron que la homologación legal permitirá atender con mayor precisión estas situaciones y actualizar la respuesta del sistema penal frente a un delito que continúa modificándose y expandiéndose en el país.
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