Tijuana, Baja California.- El empresariado de la región envió un mensaje inequívoco: la inseguridad y el delito de extorsión ya no pueden seguir minando la economía local sin respuesta. La mañana del 4 de septiembre, las instalaciones de COPARMEX Tijuana fueron escenario de un lleno total durante la Capacitación en Prevención y Manejo de Crisis, organizado por Leonardo Arvizu presidente de la Comisión de Seguridad de COPARMEX Tijuana. El seminario tuvo como eje central dotar a los participantes de herramientas concretas para enfrentar una de las amenazas más graves contra comerciantes e industriales: el cobro de piso.
Iniciativa desde la sociedad civil
El evento, encabezado por el experto internacional en negociación de secuestros y extorsiones, Dr. Pablo Carstens, incluyó dinámicas, simulaciones y el análisis de casos reales. Los asistentes aprendieron a identificar riesgos, anticiparse a ellos y ejecutar protocolos de autoprotección ante llamadas de amenaza, intentos de extorsión y crisis delictivas.
En palabras de Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana:
“Frente a ciertas fenomenologías delincuenciales, las soluciones no siempre emanan del gobierno, sino de la sociedad civil organizada que asume su responsabilidad para proteger la economía y a quienes la hacen posible”.
Flores Campbell añadió que, en ocasiones, funcionarios de las instituciones de seguridad “no están receptivas o con la apertura necesaria para escuchar y procesar el sentir ciudadano”, por lo que el papel del empresariado es también propositivo y crítico: acompañar con diagnósticos, exigir apertura y mantener un canal de colaboración permanente.
Un flagelo en cifras: la extorsión en Baja California
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los casos de extorsión en Baja California aumentaron 49% en los primeros siete meses de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, se registraron 5,887 víctimas de extorsión solo en el primer semestre, la cifra más alta desde que existen registros.
El INEGI, en su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2023), estimó que 747 mil negocios fueron víctimas de extorsión en México durante el último año; 113 mil de ellos mediante la modalidad de cobro de piso presencial. En Baja California, la Canaco Tijuana ha advertido que este delito ya representa un “impuesto criminal” que desalienta la inversión, eleva costos operativos y golpea particularmente al comercio formal.
Impacto económico: comercios bajo asedio
El costo económico se traduce en cierres, bajas ventas y pérdida de competitividad. Tan solo en Tijuana, los comerciantes reportan que el turismo médico se redujo hasta 60% y el turismo gastronómico cayó cerca del 50%, debido a la percepción de inseguridad y a denuncias de abusos relacionados con extorsión. Bares y restaurantes han registrado un descenso del 35% en su actividad, lo que afecta directamente a miles de empleos formales aunado, según señalamientos, a eventuales extorsiones de distintas autoridades.
Casos recientes han estremecido a la opinión pública. El cierre del restaurante “El Compa Moy” en Ensenada, tras
amenazas directas de un grupo criminal, evidenció la vulnerabilidad de los negocios familiares. En 2024, la presidenta de CANAINPESCA, Minerva Pérez, fue asesinada luego de denunciar extorsiones en el sector pesquero. Y en 2025, el líder pesquero Sunshine Antonio Rodríguez corrió la misma suerte.
Sectores más afectados
El respaldo al programa de capacitación provino del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de diversas cámaras empresariales, en particular aquellas que representan giros históricamente más expuestos al cobro de piso: restaurantes, comercios, hoteles, bares y pequeñas industrias. Estos sectores, esenciales para el dinamismo de la economía bajacaliforniana, enfrentan hoy una disyuntiva crítica: invertir en prevención y organización, o continuar a merced de la criminalidad. Presentes y permanentes en la capacitación estuvieron el propio presidente de Coparmex Roberto Vega, Gina Villalobos presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California, Alfonso Millán presidente de Canacar, Aldo Espinoza presidente de la Comisión de Seguridad de Canacintra y Roberto Quijano presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.
Más allá de la denuncia
La jornada de COPARMEX dejó en claro que la denuncia, aunque indispensable, no basta. Muchos empresarios reconocen que acudir al Ministerio Público no siempre garantiza protección efectiva, por lo que fortalecerse internamente y generar redes de apoyo mutuo se vuelve una estrategia vital. “Actuar con calma, con inteligencia y con protocolos claros puede marcar la diferencia entre el colapso y la resiliencia”, destacó uno de los participantes.
En este sentido, la presidenta de la Fecanaco en Baja California, Gina Villalobos, mencionó que se espera la aprobación de la propuesta de reforma impulsada por la Concanaco, para que el delito de extorsión y sus modalidades, sea perseguido oficiosamente de conformidad a una Ley General y ante este panorama, el reto será impulsar desde los organismos, la denuncia del delito para su adecuada investigación, su persecución y el fortalecimiento de las estrategias para su combate.
Corresponsabilidad y cohesión
El lleno total del evento es una señal inequívoca de que el empresariado no está dispuesto a ceder el terreno al crimen organizado. Con acciones como esta, COPARMEX y las cámaras empresariales envían un mensaje claro: la seguridad no es un asunto exclusivo del gobierno, sino un compromiso colectivo que requiere unidad, preparación y decisión.N
