85 mujeres privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social (CERESO) femenil reunieron firmas para solicitar la destitución del actual coordinador de servicios médicos del lugar, Juan Carlos N, por supuestamente haber incurrido en omisiones y negligencias que derivaron en diagnósticos erróneos, agresiones y al menos 4 abortos.
Concretamente, se le señala por un diagnóstico erróneo de VIH, por valorar como contractura un caso de enfermedad renal crónica, por violencia obstétrica en el caso de Samantha Fierro, así como en los de Rocío, María Guadalupe y Jaqueline, quienes estaban embarazadas y, debido a la nula atención, perdieron el embarazo y se les tuvo que practicar un legrado.
A estos casos, se les suma otro diagnóstico erróneo, en este caso de tuberculosis, así como falta de insumos médicos necesarios para brindar una atención digna. Con tales antecedentes, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por falta al deber de cuidado, falta de responsabilidad técnica y omisión de auxilio.
“Esto no solo conlleva una presión psicológica adicionada a las compañeras privadas de su libertad, sino que, aunado a esto, son maltratadas, son dejadas y son acosadas por el coordinador de área al negarles la atención y sugerir que sean aisladas” comentó el activista y representante legal del Observatorio de Violencia Social y de Género, Erick Vázquez.
También pesa una denuncia sobre la coordinadora del CERESO, Samantha N, a quien se le acusa de extorsión tras supuestamente solicitar un soborno de 50 mil pesos para facilitar el traslado de una mujer a San Luis Potosí, donde se encontraba su red de apoyo. Pese a este acuerdo, no se le cumplió el trato, dejándola en Aguascalientes.
“Se entrega el dinero, efectivamente hacen todo para trasladarla, la suben a una camioneta, la trasladan, pero al llegar a San Luis, no hay documentación para su traslado y es regresada a Aguascalientes” narró Mariana Ávila, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género.
Además de las denuncias penales, se ha solicitado la intervención de las comisiones de derechos humanos, y se solicita a las autoridades que analicen las condiciones del Centro de Reinserción, además de que brinden garantías de seguridad para activistas y mujeres que exigen justicia.
SSPE ya conoce el caso, analizan acciones
El Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, confirmó que antes de que se hiciera pública la denuncia, las autoridades ya estaban trabajando en el caso y ya se analiza qué medidas administrativas tomar contra los funcionarios señalados
“De ser necesario, se les separará del cargo para no entorpecer la investigación y con ello ya se pueda dictar alguna resolución. Si hay algo que se les pueda acreditar, lo vamos a hacer; ya hay carpetas y vamos a esperar si la fiscalía determina una posible vinculación, pero en lo administrativo, estaremos viendo su posible separación momentánea” declaró.
