El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó con 22 votos a favor una iniciativa presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) que modifica los artículos 191 y 200 del Código Penal, eliminando los párrafos que permitían suspender o inhabilitar derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de seis meses a dos años para quienes cometieran delitos contra el equilibrio ecológico, ya fuera por descuido o de forma intencional.
Con esta decisión, quienes provoquen daños al medio ambiente (incluyendo casos como maltrato o asesinato de animales) ya no podrán ser suspendidos de sus funciones ni perder temporalmente su derecho a ejercer un cargo público o una profesión.
De esta manera, ambos artículos quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo 191. “Al responsable de atentados al equilibrio ecológico se le aplicarán de 1 a 10 años de prisión y de 500 a 2000 días multa, además de la reparación total de los daños y perjuicios causados”.
Artículo 200. “Al responsable de atentados al equilibrio ecológico culposos se le aplicarán de 6 meses a 4 años de prisión, de 10 a 100 días multa, y la reparación total de los daños y perjuicios causados”.
En la justificación de la reforma, los promoventes argumentan que las sanciones de suspensión o inhabilitación eran poco claras, ya que dejaban al juez decidir por cuánto tiempo o en qué condiciones aplicar el castigo, lo que podía generar confusión y afectar el derecho de las personas a tener certeza sobre las penas que se les imponen.
Asimismo, mencionan que, de acuerdo con un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de sanciones adicionales deben tener relación directa con el delito y con el daño que se cause; si no, pueden considerarse inconstitucionales.
Por último, el Congreso considera que suspender o inhabilitar a alguien por dañar el medio ambiente era una medida demasiado severa, y que lo más importante es que los responsables reparen el daño y se proteja el entorno afectado.
La eliminación de estas inhabilitaciones puede facilitar que funcionarios o profesionistas involucrados en actividades contaminantes continúen ejerciendo sin mayores consecuencias. Además, las sanciones económicas, aunque siguen vigentes, no siempre representan un castigo real, sobre todo para empresas o dependencias con mayores recursos.
