Ante los actos violentos registrados durante la campaña electoral en Oaxaca, que dejó un saldo de nueve personas asesinadas entre junio y julio, el ombudsman en la entidad, Arturo Peimbert Calvo, solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), aseguró que es indispensable que la institución se acerque a las familias de la y el candidato asesinado, así como de las víctimas colaterales e integrantes de los equipos, no sólo en la entidad, sino en todo el país.
Y es que el pasado 2 de junio, personas desconocidas agredieron con armas de fuego a la aspirante a segunda concejal por Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán Pineda. En los hechos quedó abatida la aspirante por el PRI, así como la foto periodista María del Sol Cruz Jarquín y el chofer Adelfo Guerra.
Mientras que el 25 de junio, al menos 14 hombres armados emboscaron y dieron muerte al candidato a diputado local por Morena en el distrito XXI, Emigdio López Avendaño, así como a otros cuatro de sus colaboradores.
Un día después, el aspirante a presidente municipal de Pochutla, Raymundo Carmona Laredo también fue rafagueado por sujetos desconocidos, el dirigente con licencia del PRD en la entidad y otras cuatro personas resultaron lesionadas y el viernes 29 de junio, Heber Román Sánchez falleció por las heridas de bala.
“En el caso excepcional que está viviendo México, el Estado debe asumir la tarea de eliminar sus burocracias –especialmente las que lastran la acción de la CEAV– para atender de manera urgente a las víctimas que resultaron de este complejo proceso electoral”, consideró.
Y apuntó que es momento de abrir una puerta a la justicia que están esperando tantos casos pendientes en nuestro país como los de Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Arantepacua y otros, incluyendo la matanza ocurrida cuando fuerzas policiales federales y estatales atacaron la ciudad de Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016.
En cuanto a la participación de la Defensoría en el proceso electoral, reconoció a todos los colaboradores de la institución defensora por cumplir el compromiso suscrito con la Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral (INE) para que un organismo público defensor vigilara el desarrollo de las votaciones, a los funcionarios del INE, así como a las y los ciudadanos que fungieron como responsables de casilla.
Adelantó que la siguiente encomienda del organismo consistirá en investigar posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante el proceso electoral, tras lo cual presentará a la ciudadanía un informe puntual de las observaciones y certificaciones hechas al respecto por el organismo defensor.
Así también reconoció la participación de los electores, quienes hicieron valer por la vía pacífica y legal su derecho a ejercer la democracia para renovar a sus autoridades y representantes populares.
