El presidente del Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, advirtió que teme por su vida tras las acusaciones que hizo por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Tamaulipas.
“Se está creando una atmósfera con le intención de ligarme con el crimen organizado para atentar contra mi vida y si ocurre eso, incriminarme y culpar a la delincuencia”, señaló el abogado defensor.
En días recientes medios de comunicación nacionales exhibieron presuntas acusaciones contra Ramos Vázquez por presuntamente recibir dinero de miembros del crimen organizado, según declaraciones de un supuesto miembro de la delincuencia.
Ramos Vázquez rechazó tales señalamientos y precisó que esas declaraciones son de un parte informativo de la SEMAR que después sería negado por los presuntos declarantes ante un juez, pues a decir del abogado de los imputados, dicha declaración fue obtenida bajo tortura.
“Si las declaraciones tuvieran sustento legal la PGR me hubiera citado o detenido por tales señalamientos desde que se conocieron en 2015, pero no ha ocurrido”, enfatizó el activista.
Además, el ex periodista aseguró que esos señalamientos fueron retomados luego de que denunciara en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) las 23 desapariciones durante operativos de las Fuerzas Federales en Nuevo Laredo.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT), reveló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados al menos 106 defensores de derechos humanos en México, mientras 81 siguen desaparecidos.
El informe “La esperanza no se agota” aseguró que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 existen 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde mil 37 personas y 422 colectivos resultaron afectados.
Desde 1999 el activista decidió dejar el periodismo y estudiar Derecho para defender causas en aquélla entidad al norte de México, como las acusaciones contra periodistas por el presunto asesinato de un colega el año pasado o la denuncia por la muerte de una familia el pasado 24 de marzo de 2018, caso en el que la SEMAR tuvo que disculparse.
