El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obligará a sus candidatos a cargos de representación popular a que publiquen sus declaraciones patrimonial, fiscal o de intereses en la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana ya que ellos son los únicos responsables sobre sus datos personales, así lo señaló el presidente estatal del partido, Enrique Juárez Ramírez.
“En el momento en el que los candidatos lo deseen podrán hacerlos públicos a través de cualquier instrumento que ellos lo decidan. Nosotros por la privacidad y por la ley de control de la información, no podemos hacer pública la formatería que, de manera personal, nos entregaron los candidatos y por eso es su decisión hacerlos públicos en la plataforma que ellos decidan”, afirmó.
Del partido tricolor hasta el momento sólo han hecho públicas sus declaraciones #3de3 los candidatos al Senado de la República, Lorena Martínez Rodríguez y Gustavo Granados Corzo, no así los candidatos a diputados federales Norma Esparza Herrera, José Carlos Lozano Rivera Río e Ivón González.
Pese a ello, Enrique Juárez aseveró que para poder avalar sus candidaturas, todos ellos tuvieron que presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses ante las comisiones internas del Revolucionario Institucional.
“Todos nuestros candidatos ya presentaron estas tres declaraciones al interior del partido, la convocatoria y los estatutos del partido requieren una formatería que expide la Comisión de Procesos Internos y en esta formatería está la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses”.
Aunado a esto, el dirigente priísta recordó que el candidato presidencial José Antonio Meade fue más allá del #3de3 al proponer declaraciones #7de7.
“José Antonio Meade no sólo presentó su 3de3 sino también su 7de7 y además retó a los demás candidatos a que lo hicieran, entonces ese 7de7 implica un esfuerzo mayor y no solamente presentarlas y documentar todo lo que viene incluido en ellas”.
Esto incluye además de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, una declaración de opinión técnica de un contador público certificado que analiza la congruencia y revisa los ingresos y gastos.
Una consulta a todos los registros públicos de la propiedad estatales para verificar las propiedades en las entidades.
Solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un informe integrado sobre el comportamiento fiscal.
Y, finalmente, un dictamen de notario público que dé fe de todos los documentos presentados.
Sin embargo, Enrique Juárez reconoció que hasta el momento ningún priísta a nivel local a retomado la propuesta.
